Escándalo: políticos y petroleros se beneficiaron con la venta ilegal de tierras en Neuquén

A mediados de la última semana, la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) recordó que puso en marcha una serie de medidas de control, destinadas a evitar la venta ilegal de tierras en ese bello destino de lagos y elevaciones naturales, ubicado en proximidades de las localidades neuquinas de Villa Pehuenia y Aluminé. Ahora, apenas unos pocos días más tarde, se supo (aunque de manera extraoficial) que entre los que -hace ya algunos años- se beneficiaron de esa ilegalidad hay ex funcionarios de gestiones provinciales anteriores y empresarios ligados directa o indirectamente a la actividad petrolera.

Aquellas transacciones clandestinas las concretaron sin mayores contratiempos. Pero, en diciembre de 2023, llegó el nuevo gobierno con sus políticas de tolerancia cero a los hechos de corrupción y comenzó el fin de los negociados espurios. Si bien los nombres se mantienen en reserva, se tiene por acreditado que varios de los “dueños” ilegales de los lotes en cuestión son ex funcionarios (algunos de ellos de alto rango) que administraron recursos provinciales.

En Pulmarí hay documentación para probar que una de las vendedoras ilegales tuvo su momento de protagonismo político hace poco más de una década. También que uno de los compradores fue ministro, con gran presencia mediática durante la misma época.

El miércoles último, la Corporación recordó que es la titular y propietaria de las tierras comprendidas en su jurisdicción y que ninguna persona tiene derecho a ofrecerlas en venta, cederlas o transferirlas, dado que se trata de actos prohibidos por la Ley Nacional N 23.612.

Tierras Corporación Pulmarí.jpg

La CIP es, podría decirse, de conformación tripartita y tiene un directorio con representación del Estado Nacional, el Estado Provincial y comunidades mapuches, por eso es que se la denomina Interestadual. Ahora y ante una serie de noticias falsas difundidas de manera deliberada por las redes sociales, el presidente de la CIP, Daniel Salazar, salió a desmentir los rumores y aseveró que se encuentran activos los mecanismos para garantizar la preservación del modelo de propiedad comunitaria y la protección del territorio. Advirtió que quien venda aquello que no es propio incurre en el delito de estafa.

“La Corporación ejercerá los actos que correspondan en defensa de sus bienes, incluyendo presentaciones administrativas y denuncias penales y civiles frente a irregularidades, y en caso necesario convocará a autoridades y organismos de fiscalización competentes”, dijeron hace apenas unos pocos días desde la CIP, en declaraciones que fueron reproducidas por la Provincia.

Pocas familias tienen permiso

Según pudo conocerse al respecto, Pulmarí tiene apenas 23 pobladores (y sus respectivas familias) autorizados por la ley nacional (desde fines de la década del 80). Tienen permisos de veranada. Y pueden desarrollar actividades (de hecho, en la región hay emprendimientos turísticos y productivos), pero no pueden vender las tierras porque le pertenecen a la corporación. Aun así, cinco familias lo hicieron, entre ellas la de aquella política a la que se hizo alusión.

corporación pulmarí

En total se vendieron ilegalmente lotes a unos 150 sujetos, algunos de los cuales incluso hicieron desarrollos inmobiliarios. A partir de las ventas clandestinas de terrenos (en las que participaron al menos dos escribanías que ahora están bajo sospecha) los amigos del poder de gobiernos anteriores y dirigentes empresariales ligados a la actividad de los hidrocarburos, construyeron residencias de fin de semana, sin ninguna planificación ni respeto por el ambiente.

Ahora, en los tiempos de Rolando Figueroa, la corporación actuó como lo marca ley, y los empleados que fueron a destruir una platea donde se iba a levantar otra construcción clandestina sufrieron amenazas. Se entiende que los atacantes son los mismos que ahora ven peligrar sus negociados ilegales y lanzaron una campaña difamatoria a través de las redes sociales.

Antecedentes inquietantes

El asunto de las ilegalidades o presuntas maniobras fraudulentas no es nuevo. De hecho, en octubre de 2010 el entonces diputado provincial Rodolfo Canini denunció que las cesiones irregulares beneficiaron, incluso, al hijo de un ex titular de Pulmarí. Y eso no es todo, ya que Canini también citó entre los presuntos favorecidos al esposo de una entonces funcionaria de Tierras.

El asunto fue supuestamente espinoso, a punto tal que Canini denunció que fue “apretado” para que no continuara con las denuncias en torno a las irregularidades en tierras de Pehuenia y Pulmarí, bajo la amenaza de que si no lo hacía le reactivarían una causa judicial radicada en Chos Malal, por una obra realizada en El Huecú, cuando era intendente. El diputado dijo que el apriete lo padeció en los pasillos de la Legislatura.

Legislatura de neuquen.jpg

La nueva etapa

Asuntos como aquellos son investigados y castigados desde que rige la tolerancia cero a los hechos de corrupción, las indisciplinas y los ñoquis, caiga quien caiga y le toque a quien le toque. Los ejemplos abundan y el más reciente es el del ex director de Planes del ex gobernador Omar Gutiérrez, Ricardo Soiza, quien el viernes último fue exonerado, lo que supuestamente lo dejará sin jubilación.

Idéntico castigo les aplicaron a Marcos Ariel Osuna y a Pablo Néstor Sanz, otros dos ex funcionarios de Gutiérrez, que también fueron condenados en la causa por la que se investigó el mega fraude a la provincia de Neuquén a partir del desvío de planes sociales.

Ahora bien, si se confirma lo de Pulmarí también se confirmará una estafa cuyos perpetradores deberán afrontar las consecuencias.