Desalojo a la comunidad mapuche Quintriqueo en la Ruta 40 de Villa la Angostura: la causa tiene 15 años

Después de al menos seis intentos fallidos desde 2011, la Justicia de Villa La Angostura finalmente concretó este miércoles el desalojo de la comunidad mapuche Quintriqueo (Lof Kinxikew) del lote pastoril N°42, en Colonia Nahuel Huapi en la Ruta 40. Es un terreno de más de 600 hectáreas en la zona de El Pedregoso que las familias Quintriqueo reclaman como territorio ancestral.

El operativo comenzó a las 9 de la mañana sobre la Ruta 40, cuando un oficial de justicia se constituyó en el lugar junto a personal policial a cargo del comisario inspector Miguel Ángel Poblete.

Tras una orden telefónica del juez Francisco Astoul Bonorino, la Policía cortó la cadena de acceso e ingresó al predio. Según pudo saber LM Neuquén del procedimiento, las personas presentes se retiraron "de forma voluntaria y pacífica", sin ofrecer resistencia.

La familia Quintriqueo, comunidad mapuche que tenía en disputa un lote con los Broers.

La orden de desalojo, firmada por Astoul Bonorino el pasado 12 de agosto y recibida en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Villa La Angostura ese mismo día, alcanzó a tres viviendas dentro del predio. Hubo intentos, también mediaciones por parte del Gobierno de Neuquén para que se garanticen las formas, a través del Ministerio de Gobierno, a cargo de Jorge Tobares. Pero esas negociaciones no llegaron a buen puerto para evitar el desalojo, sino para hacerlo dentro de las formas legales.

Desalojo mapuche en Villa la Angostura: tres casas en El Pedregoso

En el primer procedimiento que recibió la propia lonco, Amancay Quintriqueo, pidió retirar sus pertenencias y las de su tía, que también residía allí, y se retiró sin oponer resistencia de acuerdo a la información.

En la segunda vivienda, el ocupante no se encontraba presente, aparentemente, habría viajado a Bariloche por un problema de salud de su esposa.

En tanto que en la tercera vivienda fueron recibidos por un hombre de apellido Quintriqueo (que no exhibió documento) y por una mujer que sí lo hizo. Ante un cuadro de salud vinculado a diabetes y presión, se hizo presente personal médico que trasladó a la vecina en ambulancia para verificar su estado.

Los policías de Villa La Angostura.

Según el acta de desalojo, se permitió a los ocupantes llevarse dinero, documentación, medicamentos y a sus mascotas. Los demás animales quedaron bajo resguardo de los oficiales actuantes. Los desalojados optaron por trasladarse a la casa de un familiar en el barrio Las Flores de Villa La Angostura.

También se permitió el ingreso al predio de un abogado de la Comunidad, matriculado en el Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche, pese a no contar con matrícula local, "a los fines de la tranquilidad" de la lonco. El operativo finalizó a las 11.15.

Una disputa de más de una década

El desalojo se ordenó en el marco del expediente "Broers María Cristina c/ Quintriqueo Pascual Felidoro y otros s/ Inc. Ejecución de Sentencia", que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en Villa La Angostura, a cargo del juez Astoul Bonorino y el secretario Fabricio Sayans.

La denunciante, María Cristina Broers, figura como titular original del predio; su familia, de origen belga, se asentó en la zona en los años 70, cuando —según los relatos de la comunidad— se instaló un alambrado que impidió el acceso de las familias mapuche a un territorio que usaban desde generaciones como invernada para sus animales.

El caso había tenido un capítulo especialmente tenso el 30 de marzo pasado, cuando un intento previo de desalojo no se concretó. En esa oportunidad, la lonco Amancay Quintriqueo había señalado por Radio CALF que el operativo carecía de los protocolos y del refuerzo policial necesarios, y había apuntado a maniobras irregulares vinculadas a la venta del terreno a una sociedad anónima, identificada como El Totoral, cuyos dueños reales nunca trascendieron públicamente.

La nulidad del procedimiento: la defensa

El abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, había presentado en ese momento un planteo de nulidad de todo lo actuado, al considerar que el expediente estaba reservado indebidamente, que los nuevos propietarios del lote no estaban legitimados para impulsar el desalojo pese a compartir representación letrada con Broers (el abogado Guillermo Hensel), y que el juez había demorado de forma irregular una medida cautelar para suspender el desahucio.

Sánchez había adelantado además reservas para denunciar tanto a Hensel por presunta omisión de información relevante en la causa como al propio juez por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Ese planteo de nulidad no logró finalmente frenar el desalojo, que la Justicia concretó cinco meses después con la intervención de los letrados autorizados en el mandamiento: Nicolás Lupetrone, Néstor Drackler, Juan Ignacio Gigena y Guillermo Hensel, además de la propia Broers.