"El Poder Judicial garantizó la impunidad de los crímenes de la dictadura"

“La Argentina es el país que más ha avanzado en el mundo en relación a la rendición de cuentas de los cómplices judiciales durante la dictadura militar”, afirmó Juan Pablo Bohoslavsky, doctor en Derecho, experto independiente en derechos humanos y editor de ¿Usted también, doctor?, un libro que aborda desde distintas miradas la complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura. Bohoslavsky fue convocado por la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) como “testigo experto” en el octavo juicio que se desarrolla en Neuquén en el que son juzgados por sus actuaciones, el ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Víctor Marcelo Ortíz, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico-militar.

Luego de su declaración en el que expuso algunas consideraciones sobre el comportamiento de los funcionarios judiciales –jueces e integrantes del ministerio público- y los abogados durante ese período, Bohoslavsky expresó en declaraciones a la prensa que los niveles de complicidad del Poder Judicial en la última dictadura “fue alto”. Señaló que la Corte Suprema, que fue removida ni bien iniciado el golpe militar, y los nuevos jueces “inmediatamente confirmaron la validez de la subversión jurídica que la Constitución Nacional no regía más en el país”.

Bohoslavsky explicó que los funcionarios judiciales durante la dictadura cívico militar tuvieron un doble rol. “Por un lado, garantizar la impunidad de los crímenes a través de una pantomima de hacer como si se investigaba despachando oficial, preguntando al Comando si esas personas estaban detenidas, si recibían la negativa ahí terminaban la investigación y muchas veces cargando con costas a las familias que buscaban a sus familiares desaparecidos. Por otro lado, un préstamo de legitimidad, en el sentido de hacer de cuenta como que hubiera un estado de derecho en Argentina, como si hubiera un Poder Judicial independiente en el país”. Precisó que la Corte Suprema de Justicia fue removida a los pocos días del golpe militar “que rápidamente cumplió su rol que era básicamente garantizar la impunidad de los crímenes y hacer como si en la Argentina hubiera división de poderes”.

La lupa sobre los jueces

El libro, publicado en el año 2015 por Siglo XXI Editores, Bohoslavsky reunió una serie de ensayos y artículos elaborado por reconocidos especialistas en el campo de las ciencias sociales que proporcionaron datos inéditos, argumentos sólidos y un intenso debate sobre la complicidad que echan luz sobre los mecanismos que la hacían posible: la denegación sistemática de hábeas corpus, la confirmación de la validez de las normas represivas, la instrucción de causas penales fraudulentas para extorsionar a empresarios, el apercibimiento a los jueces de instancias inferiores que realizaban las instrucciones penales o la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres, entre otros.

Bohoslavsky resaltó el caso de la histórica sentencia en Mendoza en el que fueron condenados a prisión perpetua cuatro ex magistrados federales (Otilio Ireneo Roque Romano, Luis Francisco Miret Clapés, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo) por ser cómplices del sistema represor durante los años oscuros del país. El especialista señaló que a partir de ese momento hubo otras causas en distintas provincias y destacó que en Neuquén se esta llevando adelante este juicio contra Duarte y Ortiz.

juan pablo bohoslavsky2.jpg

"Quizás se ha tardado varias décadas para juzgar la complicidad civil, en este caso judicial, porque el movimiento de derechos humanos se concentró primero en los llamados 'delitos de sangre', es decir quiénes fueron los perpetradores y una vez que las responsabilidades empezaron a efectivizarse se empezó a incorporar a la agenda de Memoria Verdad y Justicia a estos actores civiles que no solamente comprende a los ex funcionarios judiciales sino también a los actores económicos, eclesiásticos, periodistas", explicó.

Durante su presentación ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1, Bohoslavsky afirmó que durante la dictadura militar existía una Corte Suprema que debía proteger a las víctimas "y no remacharlas como ocurrió en la práctica". Consultado sobre esta expresión, el especialista explicó que se refiere "a que es el último clavo en el ataúd de la impunidad". "Llegan las víctimas, los familiares a denunciar frente a un juez y a un fiscal que sus hijos están desaparecidos, se presentan habeas corpus por miles de desaparecidos y los jueces que están para proteger a las víctimas, para plantarse frente al abuso de poder no cumplen con sus deberes básicos de indagación y además los cargan con costas. Es el último clavo que faltaba en la cadena de impunidad. Si no pueden recurrir a los jueces que se autoperciben como jueces, ¿a quiénes van a recurrir las víctimas?", describió.