Será este viernes. Están imputados el ex juez federal Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz por haber formado parte del plan sistemático de desapariciones en la región.
Comienza este viernes el octavo juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén.
El ex juez federal de Neuquén durante la última dictadura cívico militar, Pedro Laurentino Duarte, y el ex fiscal del mismo fuero, Víctor Ortiz, serán juzgados a partir de este viernes por delitos de lesa humanidad a raíz de diversas actuaciones entre 1976 y 1983, denunciadas por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos de la región. El juicio que comenzará a las 9 en el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén (Avenida Argentina 1637) es considerado histórico porque por primera vez en la provincia se juzgará la actuación de dos ex magistrados en ese período oscuro de la historia argentina.
Este juicio aborda la responsabilidad de Duarte, quien se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén entre el 8 de julio de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, y de Ortiz, procurador fiscal federal entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985, en los delitos de omisión de promover la persecución penal, prevaricato (solo en el caso de Duarte) y privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravado por el uso de violencia y por ser la víctima perseguido político en perjuicio de 23 víctimas, de las cuales 12 están desaparecidas.
Duarte había sido designado juez en reemplazo de Carlos Arias, cesanteado por los militares. Antes de ser juez había sido auditor del Cuerpo Profesional del Ejército, función que venía desarrollando desde 1961. En ese momento solicitó el retiro, pero no la baja “a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército”, como expresó. Recién en 1982 solicitó la baja.
Será la primera vez en Neuquén desde 2008 cuando comenzaron los juicios por delitos de lesa humanidad, que una mujer presidirá el tribunal. La jueza federal María Paula Marisi estará acompañada por los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia. En tanto, por la fiscalía estarán presentes el Fiscal general Miguel Palazzani y el auxiliar fiscal José Nebbia.
El juicio se iniciará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio que determinó el procesamiento de los ex magistrados.
La instrucción de la causa comenzó en 2012 cuando desde los diferentes juicios en los que se escucharon testimonios, se fueron remitiendo actuaciones al juzgado de instrucción, por declaraciones de familiares de víctimas de la dictadura o sobrevivientes de los centros clandestinos de detención sobre las presentaciones judiciales y/o encuentros con los magistrados en busca de conocer el destino de los desaparecidos que habían sido secuestrados en la región. Muchos familiares de detenidos-desaparecidos no radicaron las denuncias porque no encontraban abogados dispuestos a patrocinarles o colaborar con los habeas corpus.
En Neuquén se realizaron desde el 2008 hasta el 2021 siete juicios contra ex jefes militares y de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar. Esta causa contra los dos magistrados es la primera en la provincia de Neuquén "que tiene que ver con la imputación al comportamiento del Poder Judicial en dictadura", resaltó a LMNeuquén Bruno Vadalá, abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos, querellante en este juicio.
En el escrito de elevación a juicio, el juez Gustavo Villanueva precisó la colaboración expresa que tanto Duarte como Ortiz prestaron en distintos casos que involucraron a desaparecidos y víctimas de la última dictadura: Orlando Cancio, María Teresa Oliva y su esposo, Enrique Esteban, José Méndez, Darío Altomaro, Susana Mujica, Josefa Lépori de Mujica, Alicia Pifarré, Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario Ramos, el del matrimonio de Raúl Metz y Graciela Romero (ambos desaparecidos cuando ella estaba embarazada de cinco meses), Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel, César Giliberto, Mirta Tronelli y Carlos Cháves.
Luego de esta primera audiencia está previsto que las mismas continúen los días 3 y 17 de noviembre y 4 y 15 de diciembre.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), querellantes en este juicio en representación de Inés Rigo y Oscar Ragni, señalaron que "es la primera vez que se juzgará a funcionarios del Poder Judicial federal que actuaron en la región. Este juicio cobra mayor relevancia, en momentos en que se reeditan e intentan imponer justificaciones que reivindican y niegan el genocidio de clase perpetrado en el país. Por eso es fundamental reforzar y acompañar esta pelea. Por las y los 30.000, porque no fueron excesos y fue un genocidio".
Cómo llegaron al juicio
En abril de 2018 el juez federal Gustavo Villanueva, a cargo del Juzgado Federal 2 de Neuquén, dispuso el procesamiento de Pedro Laurentino Duarte, Víctor Marcelo Ortíz por haber efectuado aportes al plan sistemático de represión ilegal de la última dictadura militar, en sus roles como funcionarios judiciales con desempeño en el Juzgado Federal de Neuquén en el período que abarcó desde el año 1976 y hasta el año 1984, cuando cesaron en tales cargos.
La investigación comenzó en el año 2012 con los primeros requerimientos impulsados por la Fiscalía Federal de Neuquén a fin de que se profundizara la investigación del accionar de los entonces funcionarios judiciales, quienes fueron indagados por el Juez Federal a partir del 2015, luego de reiterados pedidos presentados por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Neuquén, a cargo de Miguel Palazzani.
Los hechos objeto del pronunciamiento se vinculan directamente con secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, imposición de tormentos físicos y psicológicos, el alojamiento de los detenidos en condiciones inhumanas y, en algunos casos, con la desaparición forzada de personas y su presunta eliminación física, seguida de la ausencia de información para sus familiares acerca de la localización de sus cuerpos, todo ello en el marco del terrorismo de Estado.
Los aportes reprochados consisten en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios judiciales, quienes a sabiendas del contexto en el que ocurrían los hechos, asignaban a las presentaciones de habeas corpus y denuncias de los familiares de las víctimas de secuestros y detenciones ilegales un trámite meramente formal a los expedientes, omitiendo promover las investigaciones y archivando expedientes sobre la base de información falsa.
Por otra parte, Villanueva dispuso que los delitos por los cuales fueron procesados Duarte y Ortíz resultan conexos de los delitos calificados como de lesa humanidad, todos los cuales concursan en forma real.
Entre las evidencias consideradas por el magistrado para dictar los procesamientos, surge que los funcionarios de la justicia federal habrían sido promovidos como magistrados por el General José Luis Sexton, quien se desempeñó durante casi la totalidad del período dictatorial como Comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, que fue precisamente la sede del comando del Subzona 52 con intervención en la totalidad de la provincia y parte de Río Negro. También valoró la existencia de prueba documental y testimonial que indicarían que estos funcionarios visitaban el Comando de Brigada.
Audiencias preliminares
En junio de este año se realizó una audiencia preliminar en el marco de este juicio. En esa oportunidad declararon la histórica dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén, Noemí Labrune, y el abogado Guillermo Correa.
Esta audiencia preliminar fue solicitada por la fiscalía y las querellas de la APDH y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) en razón de la edad avanzada de los testigos.
Labrune declaró durante más de tres horas ante el tribunal y recordó las gestiones realizadas por la APDH y del obispo Jaime de Nevares tanto en el Comando de la Sexta Brigada del Ejército como en el fuero judicial por la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas.
Esta declaración fue la última que realizó la referente histórica de la APDH quien falleció el 11 de septiembre pasado en la ciudad de Neuquén.
También declaró en esa audiencia preliminar el abogado Guillermo Correa, quien en ese entonces asesoró a familiares de detenidos-desaparecidos. Recordó que cuando sucedió el golpe de Estado, el gobernador de facto de ese entonces lo convocó a una reunión para ofrecerle una vacante en el Tribunal Superior de Justicia y someterse, según dijo, a los lineamientos del Proceso de Reorganización Nacional que llevaba adelante la dictadura militar. Correa rechazó el ofrecimiento al afirmar que “un juez solo se somete a la ley”.
También estaban previstas las declaraciones previas de Inés Rigo de Ragni y Oscar Ragni por las presentaciones que ambos hicieron ante la Justicia a partir del secuestro y la desaparición forzada de su hijo Oscar Ragni ocurrida el 23 de diciembre de 1976. El matrimonio Ragni no pudo declarar debido a cuestiones de índole personal.
"El poder judicial fue partícipe del plan de la dictadura"
Bruno Vadalá, abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, destacó que "es uno de los pocos juicios en el país en el que se juzga la participación de civiles, en este caso funcionarios judiciales en delitos de lesa humanidad". Resaltó que la acusación al ex juez federal Pedro Duarte y al ex fiscal del mismo fuero Victor Ortiz "surgieron a partir de las declaraciones de testigos, sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura ofrecieron durante el segundo juicio realizado en 2012". Y agregó que "no existen denuncias contra los dos imputados por los hechos de privación de la libertad o torturas sino que con el testimonio de quienes declararon en los juicios se fue tomando dimensión del papel y la responsabilidad que podían llegar a tener quienes fueron juez federal y fiscal durante la última dictadura. Esto para mí le da un contexto diferente a este juicio en relación a otros hasta el momento".
Por otra parte, el abogado de la APDH precisó que este juicio se inicia "en un contexto muy particular ante tanto discurso negacionista y el intento de introducir cuestiones ya debatidas por la sociedad por parte de uno de los partidos que compiten por la presidencia del país".
Vadalá señaló que “es evidente que el plan sistemático de desaparición forzada de personas, que fue comprobado en los distintos juicios, fue posible porque hubo una complicidad civil y dentro de esa complicidad civil hubo un poder judicial que fue partícipe de ese plan”.
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