Estafa con planes sociales en Neuquén: el descargo de uno de los acusados

Esta semana, el exdirector de Planes Sociales de la Provincia, Ricardo Soiza, reclamó su libertad por haber cumplido 70 años. El imputado está acusado de liderar una asociación ilícita para defraudar al Estado con planes sociales. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación dispuso que permanezca tras las rejas por el riesgo procesal de que entorpezca la investigación.

Con este resultado, el acusado decidió hacer un descargo público en un video casero, en el que aparece junto al abogado Alfredo Cury, que deja varias declaraciones fuertes.

En una audiencia, el imputado solicitó el cese de la prisión preventiva por aplicación del artículo 115, inciso tercero, del Código Procesal Penal. Es decir, invocó la edad de 70 años como una de las razones por las cuales se puede considerar improcedente la medida cautelar.

Pero el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narváez consideraron que el hecho de haber cumplido 70 años no lo salva de forma inmediata ni automática de seguir tras las rejas. Y los jueces le dieron la razón a los fiscales.

Ricardo Soiza audiencia planes sociales

Claudio Espinoza

"Tengo 70 años y una enfermedad que lamentablemente debo decir que es terminal. No tengo muchos años hacia adelante. En cualquier momento puedo caer abruptamente y me siento abandonado", manifestó en el video.

Sostuvo que "me abandonó mi partido (MPN), me abandonó mucha gente, que me dijo 'quedate tranquilo, que vos no tenés que ver con esto'. Pero sí tengo que ver, porque la Fiscalía ya me condenó sin estar juzgado. Ya estoy condenado", enfatizó Soiza.

Cuestionó también que después de seguir de cerca, como imputado, el desarrollo de 13 audiencias, "no se ha logrado nada" y apuntó contra otras personas a las que hizo responsables. "Por supuesto, tienen que ver con Figueroa (gobernador), Gaitán (fiscal de Estado), Geréz (fiscal general) y Alejo", indicó.

Dijo que "armaron este cuarteto para desviar la investigación hacia otro lado". Mientras tanto, agregó, "yo estoy acá, detenido, con 70 años. Mal psicológicamente. Trato de mantenerme bien, pero no estoy bien". E insistió con la teoría de que lo que se tiene que investigar para llegar a la verdad, no se está investigando.

Teoría del caso

Según la teoría del caso que investiga la fiscalía, el delito alcanza a un grupo de exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.

No obstante, se distinguen los niveles de responsabilidad, están acusados como jefes al ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca; al ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler; a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y a Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.

Soiza y Osuna son los que están cumpliendo prisión preventiva, mientras que Sanz permanece detenido con prisión domiciliaria. Di Luca y Siengentharler no tienen medidas cautelares vigentes.

Todas las personas están acusadas -como jefes o partícipes- por el delito de asociación ilícita, en concurso real, con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).

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Por qué la edad no es un pase automático a la libertad

En audiencias previas, la jueza de garantías Estefanía Sauli y, luego, un tribunal de revisión, coincidieron con los representantes del Ministerio Público Fiscal en que el artículo plantea la opción, pero que los casos deben analizarse de acuerdo a la situación particular y, principalmente, a la existencia o no de los riesgos procesales.

Ese criterio adoptó el tribunal de impugnación, integrado por los jueces Andrés Repetto y Nazareno Eulogio y por la jueza Patricia Lupica Cristo. También rechazaron un planteo de la defensa referido a una serie de embargos patrimoniales, que se mantendrán vigentes.

Cómo sigue la causa

El pasado 25 de julio, Sauli dispuso una prórroga de dos meses para concluir la investigación, a pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien anticipó que en ese plazo se avanzará con el pedido para avanzar en el requerimiento de apertura a juicio.

Vignaroli intervino en la audiencia junto al fiscal del caso Juan Narváez y la asistente letrada Tanya Cid, ambos de la fiscalía de Delitos Económicos. Respecto de la prórroga, Cid precisó que, con la extensión solicitada, la investigación que comprendió a más de 30 personas habrá demandado 1 año y diez meses desde su inicio.

Argumentó que desde la última prórroga, el 28 de noviembre de 2023, se recibió toda la información bancaria (los últimos informes fueron recepcionados el 2 de julio) y el resto de los informes se ubica en su la etapa final: las pericias caligráficas están en un 95%; la apertura de dispositivos electrónicos, en un 95%; y las pericias contables, en un 90%.

Ricardo Soiza audiencia planes sociales

Claudio Espinoza

El caso de las estafas

Ricardo Soiza fue director de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia y está acusado como jefe de una asociación ilícita que utilizó herramientas propias de la cobertura social para defraudar al Estado. Permanece en prisión preventiva desde julio de 2023 y es una de las personas a quienes, como jefes o partícipes, la fiscalía les imputa el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).

En el marco de las medidas cautelares impuestas a instancias de la fiscalía para evitar que las personas imputadas entorpezcan la investigación, también continúa en prisión preventiva Marcos Daniel Osuna, quien al momento de los hechos era el responsable de Gestión de Programas del Ministerio de Desarrollo Social. En el grupo de exfuncionarios imputados incluye además al exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, Néstor Pablo Sanz, quien cumple prisión domiciliaria.

Respecto de los acusados Abel Di Luca –exministro- y Tomás Siengentharler - ex coordinador de Administración de Desarrollo Social- y en el resto de los imputados, las medidas cautelares que rigen tienen que ver con embargos y restricciones económicas.