Estafa con planes sociales en Neuquén: Ricardo Soiza seguirá detenido pese a haber cumplido 70 años

Por pedido de la fiscalía, un tribunal de impugnación resolvió que el exfuncionario provincial Ricardo Soiza continúe en prisión preventiva, más allá de haber alcanzado los 70 años recientemente. De esta manera, continuará en prisión mientras avanza la causa por la estafa con planes sociales.

Tras analizar este caso en particular, los jueces rechazaron la posibilidad de liberar al exdirector de Planes Sociales de la Provincia, mientras continúa la investigación por una estafa millonaria que incluyó a varios funcionarios provinciales.

Tal como lo plantearon el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narváez en la audiencia, los dos jueces y la jueza del tribunal consideraron que el artículo que en el Código Procesal Penal establece las condiciones en las que puede no proceder la prisión preventiva, no se aplica de manera automática. “Corresponde a los jueces analizar en cada caso el cese de una prisión preventiva o de un encarcelamiento por el hecho de cumplir los 70 años”, indicaron.

La audiencia se realizó luego de que la defensa de Soiza, imputado en la causa que investiga la intervención de una asociación ilícita que realizó estafas con el otorgamiento y la gestión de planes sociales del Estado provincial, solicitara su liberación inmediata por aplicación del artículo 115, inciso tercero, del Código Procesal Penal.

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Los imputados por la causa de los planes sociales y el ex funcionario Ricardo Soiza.

Sebastián Fariña Petersen

En audiencias previas, la jueza de garantías Estefanía Sauli y, luego, un tribunal de revisión, coincidieron con los representantes del Ministerio Público Fiscal en que el artículo plantea la opción, pero que los casos deben analizarse de acuerdo a la situación particular y, principalmente, a la existencia o no de los riesgos procesales.

Ese criterio adoptó el tribunal de impugnación, integrado por los jueces Andrés Repetto y Nazareno Eulogio y por la jueza Patricia Lupica Cristo. También rechazaron un planteo de la defensa referido a una serie de embargos patrimoniales, que se mantendrán vigentes.

Cómo sigue la causa

El pasado 25 de julio, Sauli dispuso una prórroga de dos meses para concluir la investigación, a pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien anticipó que en ese plazo se avanzará con el pedido para avanzar en el requerimiento de apertura a juicio.

Vignaroli intervino en la audiencia junto al fiscal del caso Juan Narvaez y la asistente letrada Tanya Cid, ambos de la fiscalía de Delitos Económicos. Respecto de la prórroga, Cid precisó que, con la extensión solicitada, la investigación que comprendió a más de 30 personas habrá demandado 1 año y diez meses desde su inicio. Argumentó que desde la última prórroga, el 28 de noviembre de 2023, se recibió toda la información bancaria (los últimos informes fueron recepcionados el 2 de julio) y el resto de los informes se ubica en su la etapa final: la pericias caligráficas están en un 95%; la apertura de dispositivos electrónicos, en un 95%; y las pericias contables, en un 90%.

El caso de las estafas

Ricardo Soiza fue director de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia y está acusado como jefe de una asociación ilícita que utilizó herramientas propias de la cobertura social para defraudar al Estado. Permanece en prisión preventiva desde julio de 2023 y es una de las personas a quienes, como jefes o partícipes, la fiscalía les imputa el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).

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Sebastian Fariña Petersen

En el marco de las medidas cautelares impuestas a instancias de la fiscalía para evitar que las personas imputadas entorpezcan la investigación, también continúa en prisión preventiva Marcos Daniel Osuna, quien al momento de los hechos era el responsable de Gestión de Programas del Ministerio de Desarrollo Social. En el grupo de exfuncionarios imputados incluye además al exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, Néstor Pablo Sanz, quien cumple prisión domiciliaria.

Respecto de los acusados Abel Di Luca –exministro- y Tomás Siengentharler - excoordinador de Administración de Desarrollo Social- y en el resto de los imputados, las medidas cautelares que rigen tienen que ver con embargos y restricciones económicas.