Estafa con planes sociales: Ricardo Soiza seguirá en prisión preventiva, a punto de cumplir 70 años
El ex titular de Desarrollo Social había solicitado su libertad, pero fue rechazada. La fiscalía aseguró que continúa el riesgo de entorpecimiento.
El ex director general del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén, Ricardo Soiza, continuará en prisión preventiva, en el marco de la causa que investiga la estafa con planes sociales originada en la cartera. La defensa había solicitado la libertad del acusado, ya que la próxima semana cumplirá 70 años.
La defensa del imputado, a cargo de Esteban Sampayo, había solicitado la aplicación del artículo 115, inciso tercero, del Código Procesal Penal. Frente a esto, el fiscal del caso de la unidad fiscal de Delitos Económicos, Juan Narvaez; y el fiscal jefe Pablo Vignaroli, consideraron necesario sostener la prisión preventiva de cara a la realización del juicio. Por esa razón pidieron a la magistrada analizar el caso concreto: la maniobra investigada, el rol crucial de Soiza en la misma y que “el riesgo de entorpecimiento continúa vigente y debe ser cautelado”.
La decisión de que continúe en preventiva fue adoptada por la jueza de garantías Estefanía Sauli, quien coincidió con la fiscalía y rechazó el pedido de la defensa. “Las normas están para ser analizadas e interpretadas. Y digo esto porque entiendo que el artículo 115 no aplica de manera automática en el caso en que se me solicita”, estimó Sauli.
El pasado 25 de julio, Sauli dispuso una prórroga de dos meses para concluir la investigación, a pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien anticipó que en ese plazo se avanzará con el pedido para avanzar en el requerimiento de apertura a juicio.
Vignaroli intervino en la audiencia junto al fiscal del caso Juan Narvaez y la asistente letrada Tanya Cid, ambos de la fiscalía de Delitos Económicos. Respecto de la prórroga, Cid precisó que, con la extensión solicitada, la investigación que comprendió a más de 30 personas habrá demandado 1 año y diez meses desde su inicio. Argumentó que desde la última prórroga, el 28 de noviembre de 2023, se recibió toda la información bancaria (los últimos informes fueron recepcionados el 2 de julio) y el resto de los informes se ubica en su la etapa final: la pericias caligráficas están en un 95%; la apertura de dispositivos electrónicos, en un 95%; y las pericias contables, en un 90%.
Planes sociales: los otros imputados
En el marco de las medidas cautelares impuestas a instancias de la fiscalía para evitar que las personas imputadas entorpezcan la investigación, también continúa en prisión preventiva Marcos Daniel Osuna, quien al momento de los hechos era el responsable de Gestión de Programas del Ministerio de Desarrollo Social. En el grupo de exfuncionarios imputados incluye además al ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, Néstor Pablo Sanz, quien cumple prisión domiciliaria.
Respecto de los acusados Abel Di Luca –exministro- y Tomás Siengentharler - excoordinador de Administración de Desarrollo Social- y en el resto de los imputados, las medidas cautelares que rigen tienen que ver con embargos y restricciones económicas.
El 25 de julio pasado, la investigación se prorrogó por dos meses y, según se anticipó durante la audiencia, el paso siguiente será la presentación del requerimiento de apertura a juicio.
La teoría del caso de la fiscalía alcanza a un grupo de 26 personas, entre ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido.
Todas las personas están acusadas -como jefes o partícipes- por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real.
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