Estafas con planes sociales en Neuquén: confirman la preventiva para Soiza, Osuna y Sanz

Un tribunal de revisión coincidió con el pedido del fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, y ratificó la prisión preventiva por 4 meses para tres de los imputados en la causa que investiga las estafas en los planes sociales.

La audiencia se realizó este jueves y había sido solicitada por las defensas de los tres exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la Provincia, Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna. Los letrados querían revertir la prisión preventiva que, tras la solicitud fiscal, fue ordenada por un juez de garantías para neutralizar un riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte de los imputados.

El fiscal del caso pidió confirmar la medida cautelar. Entre sus argumentos, consideró que “las defensas plantearon una mera disconformidad” y estimó que la decisión del juez de garantías estuvo fundada. También pidió a la jueza y a los dos jueces del tribunal que tuvieran en cuenta la naturaleza de los hechos, en los que “esta asociación ilícita se dedicó a meterse en el bolsillo de la ciudadanía”.

Narvaez intervino junto a la asistente letrada Tanya Cid y la agente Agustina Jara. Gustavo Kohon, en representación de la fiscalía de Estado, adhirió a los planteos del Ministerio Público Fiscal. Tras escuchar a las partes, el tribunal confirmó la prisión preventiva por 4 meses para los tres imputados.

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Sebastian Fariña Petersen

Planes sociales: el inicio de la causa

El pasado 29 de noviembre de 2022, el fiscal Jefe Pablo Vignaroli formuló cargos contra 19 personas, a quienes los imputó por integrar, con distintos niveles de participación, una asociación ilícita orientada a quedarse con fondos públicos que tenían como destino original atender situaciones de vulnerabilidad producto de la desocupación.

Al momento de los hechos, Soiza ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Según la investigación, intervino como “jefe” de la organización y tenía dos colaboradores directos en la ejecución de las maniobras delictivas: Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.

La semana pasada se realizaron cinco allanamientos en simultáneo en una chacra, el restaurant Faraón y los domicilios de los tres imputados. En dichos operativos se secuestró dispositivos informáticos y dinero en efectivo.

El fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, explicó que el riesgo de entorpecimiento en la causa está dado por la "desaparición de dispositivos electrónicos y conductas relacionadas a aprietes y acoso a personas que tenían información del caso y que no se sentían en condiciones de brindarla en fiscalía".