La jueza Lolita Carbajal volverá a su cargo. La habían acusado de ejercer la abogacía y cumplir funciones en el juzgado. No lo pudieron probar técnicamente.
El juicio político contra la jueza de Faltas de San Patricio del Chañar, Lolita Carabajal Mariscal, terminó sin una destitución. Tras una votación dividida, la sala juzgadora del Concejo Deliberante determinó que Carabajal no era culpable de las acusaciones que la vinculaban con el ejercicio irregular de su cargo por mantener activa su matrícula de abogada.
La decisión le permitirá regresar a su puesto, pero el proceso dejó expuesto un trasfondo político que va más allá de lo legal. ¿Porqué razones quisieron correrla del cargo?
Según pudo saber LMNeuquén se habla de una diferencia que habría tenido la juez con el actual intendente Gonzalo Núñez, ya que la Municipalidad intentó cobrarle una deuda a los Bomberos Voluntario de la ciudad. Pero eso quedó en el ámbito político.
Todo coincide además con la restitución del contrato con la empresa Fluxa SA, encargada de procesar las multas de tránsito a través de cámaras. La compañía fue dada de baja el año pasado, luego de denuncias por presuntas irregularidades técnicas, al no poder cobrar más de 61 mil infracciones a morosos.
El conflicto se originó sobre la base del artículo 102 de la Carta Orgánica Municipal, que prohíbe a los jueces de Faltas ejercer una actividad política partidaria y, además, tener la dedicación exclusiva como magistrado.
Cómo la acusaron y la defensa
Eso se interpreta además que la jueza no puede dedicarse al patrocinio legal o cualquier otra actividad incompatible con el ejercicio de su función pública.
Los concejales pidieron informes al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pero resultó que las causas que llevaba Carabajal, se habían iniciado con expedientes anteriores a su asunción, el 15 de septiembre de 2023, pese a que siguió patrocinándolos por un año.
Llegaba al menos 125 expedientes, sobre todo en los juzgados de Familia en materia de juicios por alimentos, que traspasaron el período de su asunción.
Pero, además, la reglamentación de la nueva ordenanza de la Justicia de Faltas, la 1356, que data de noviembre de 2023. Es decir, posterior a su asunción.
Matías González, secretario de gobierno de San Patricio del Chañar, fue claro en sus declaraciones en su momento, antes del juicio político: “Tiene la matrícula de abogada habilitada y genera, desde mi entender, la incompatibilidad con lo que dice la Carta Orgánica, que es de dedicación exclusiva al ejido municipal como jueza de Faltas”.
Sin embargo, el juicio giraba en torno a si Carabajal había patrocinado causas después de asumir como jueza o si las mismas correspondían a un período previo, lo que finalmente fue determinante para su absolución.
Según el fallo, la sala juzgadora encontró que las causas en las que Carabajal trabajaba como abogada databan de antes de su asunción como jueza, pero a que las causa siguieron su curso cuando ejercía el cargo.
El hecho fue confirmado durante la audiencia de alegatos de este lunes, inclinó la balanza en favor de la jueza.
La votación estuvo dividida: los concejales Segundo Salamanca y Micaela Candia votaron a favor de su destitución, mientras que Patricia Cuellar votó en contra.
Jonathan Lagos, presidente de la sala juzgadora, desempató con su voto, y resolvió que no existían los dos tercios necesarios para una destitución.
Lagos sentenció que Carabajal debía ser “inmediatamente restituida en su cargo y se le deberían devolver los sueldos retenidos”.
La defensa de Carabajal pudo demostrar que no hubo violación de la normativa, ya que las causas legales que ella manejaba habían comenzado antes de su nombramiento.
Jueza de Faltas: el trasfondo político
Más allá de la cuestión legal, el caso de Carabajal también tiene un fuerte componente político. La jueza fue designada durante la gestión anterior, lo que la ha colocado en el centro de tensiones entre los distintos sectores del municipio.
Desde que asumió el intendente Núñez, salió a la luz una fricción con funcionarios que vienen de la administración anterior, y muchos interpretan este juicio como un intento de desplazar figuras clave de esa etapa.
González hizo hincapié en este aspecto: “sinceramente esperaba cualquier cosa, la realidad es que sorprende, y a la vez no, el voto de concejales que hace tres meses decían lo contrario. Hoy votan que puede continuar aun cuando fue abogada por un año, en paralelo con el ejercicio del cargo de juez”.
“La evidencia que se presentó en la denuncia incluye empleados municipales, pero es sorprendente como los concejales hace caso omiso”, dijo.
Según diversas fuentes, la gestión actual ha buscado reconfigurar el poder local, lo que podría explicar la insistencia en llevar a cabo este juicio, a pesar de que las pruebas en contra de la jueza no eran concluyentes.
La restitución de Carabajal es vista por algunos actores como una derrota para la gestión actual, mientras que para otros es un triunfo de la justicia frente a lo que consideran un ataque político.
Se espera que, tras este resultado, el Concejo Deliberante busque revisar ciertos aspectos de la Carta Orgánica para evitar controversias; pero el trasfondo político de este caso seguirá generando debate en la localidad.
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