Gloria Ruiz y la posible comisión de delitos que investiga la Justicia

Junto al proceso que se inició en la Legislatura para determinar la “inhabilidad moral” de la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz, existe otro camino abierto que debe determinar la comisión o no de delitos, a partir de las supuestas irregularidades relevadas en el informe de la comisión investigadora de diputados, pero también en los procedimientos que inició la propia Justicia de la provincia.

Una de esas acciones consistió en investigar las transferencias directas desde la Legislatura a la cuenta personal del Banco Provincia de Neuquén de Pablo, hermano de Ruiz y excoordinador de la Casa de las Leyes, por más de 51 millones de pesos.

El 22 de noviembre, por orden de la Fiscalía, se allanaron la Legislatura de Neuquén, la Casa de las Leyes y la vivienda particular de Pablo Ruiz. Y cinco días después, los procedimientos se trasladaron a los registros del automotor 1 y 2 de Plottier, en busca de legajos sobre venta y compra de vehículos de parte de Ruiz y su entorno familiar.

SFP Allanamiento en casa de las leyes ruiz gloria estafa (5).JPG

Sebastián Fariña Petersen

Según una calificada fuente judicial, de comprobarse el desvío de fondos el primero de los delitos en el que habría incurrido Gloria Ruiz es en el de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, que podría agravarse si los montos girados no se corresponden con gastos reales o se pagó de más (se estaría ante la presencia de perjuicio fiscal). En este caso, se agregaría la figura de defraudación a la administración pública.

Además, si se llegara a probar la existencia de un retorno sería cohecho. Y, lo más grave, si se constatara la existencia de un acuerdo previo entre proveedores e intermediarios, correspondería hablar de una asociación ilícita.

Las otras irregularidades

El mismo camino que el descripto respecto de la posible comisión de delitos podría corresponder para otra de las irregularidades señaladas en el informe de la comisión investigadora, que es el de los supuestos sobreprecios y las contrataciones directas, en violación a la ley de administración financiera.

Por otra parte, respecto a la compra y venta de vehículos, en particular en lo referido a la adquisición de la camioneta 0km marca Toyota a un valor de casi 77 millones de pesos, lo que la justicia provincial investiga es una posible maniobra de enriquecimiento ilícito, a partir de que se pagó una parte con plata que Ruiz no tiene forma de acreditar que fue generada por ella misma. Vale recordar que había presentado una declaración jurada donde dijo que el dinero utilizado para la operación era del producido de la venta del rodado de su propiedad marca Toyota Hilux de 2021 y del ahorro de los haberes percibidos en su calidad de vicegobernadora entre los meses enero a agosto de 2024.

Sin embargo, en la documentación requerida a la concesionaria surge que esto no fue así y que, por ejemplo, los pagos registrados para saldar parte del monto de la operación por $20.000.000 fueron realizados por Gustavo. Chittadino, a quien la vicegobernadora lo había designado como prosecretario Legislativo.

gloria ruiz pablo ruiz -valida 1200-

Lo que se espera

Desde el ámbito judicial lo que se aguarda ahora es que la Fiscalía, con la puesta en conocimiento de otras maniobras que habrían ocurrido al interior de la Legislatura, a partir de lo que dio a conocer el informe de la comisión investigadora, amplíe la investigación y las posibles imputaciones.

Los diputados resumieron en cinco ejes las supuestas irregularidades en las que podría haber incurrido Gloria Ruiz. El primero es el uso indebido de fondos públicos, al detectar transferencias y pagos a cuentas personales de funcionarios cercanos, sin justificación documental adecuada, teniendo de un lado a la vicegobernadora girando los fondos y del otro a su hermano recibiéndolos. Por otro lado, se constató la posible utilización de fondos públicos para beneficio propio, con el pago de servicios de imagen para Ruiz a título personal.

El segundo es de las contrataciones directas irregulares y sobreprecios, donde se observó que la práctica habitual de la administración de la Legislatura era contratar bienes y servicios sin “observar los procedimientos legales previsto a tal fin, sin licitación pública ni comparativas de precios, muchas veces utilizando justificaciones ajenas a las normativas legales. En varios casos además, se verificaron precios muy superiores a los valores de mercado”.

El tercero es la falsedad en declaraciones patrimoniales y declaraciones en medios públicos; el cuarto las designaciones irregulares y, el quinto, la obstrucción al control externo, relacionado esto a “negativa sistemática a permitir auditorías del Tribunal de Cuentas, mediante trabas administrativas y falta de acceso a información crítica, evidencia no solo una falta de compromiso con la transparencia y el control institucional sino también la posible necesidad de ocultar las irregularidades”.