Diputados sobre Gloria Ruiz: "Sobran argumentos para declarar su inhabilidad moral"
El tema se resolvería la semana próxima en sesión especial de la Cámara, una vez que se conozca el contenido de la defensa de la suspendida vicegobernadora.
La suerte de la suspendida vicegobernadora, Gloria Ruiz, está a un paso de definirse, a partir del duro informe que elaboró la comisión investigadora de la Legislatura sobre supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como presidenta de la Cámara.
A la espera de la estrategia que Ruiz llevará adelante para su defensa (está citada para el viernes y puede hacerlo en forma personal o por escrito), comenzaron a gestarse las especulaciones en torno a lo que decidirán los diputados.
Lo primero que hay que tener en cuenta son los tiempos. Ruiz tiene tres días contados desde este martes, con la posibilidad de extender ese plazo a seis (tres días más), para hacer su descargo.
Lo más probable, entienden desde la Legislatura, es que el tema se aborde la semana que viene, inmediatamente después de que Ruiz concrete su defensa.
Allí, la Comisión de Asuntos Constitucionales (A) elevará todo lo recolectado al “pleno”, o sea, a la Cámara en su conjunto (los 35 diputados), para que se determine en sesión especial la “inhabilidad moral” o no de la suspendida vicegobernadora.
A la espera de la defensa
En este sentido, si bien los diputados quieren esperar los argumentos que Ruiz expondrá para responder a las supuestas irregularidades, muchos ya advierten sobre la contundencia y la cantidad de elementos que hay en su contra. “Sobran argumentos para declarar su inhabilidad moral”, deslizaron varios legisladores provinciales consultados por este diario.
Lo mismo respecto de lo que podría suceder cuando el tema se trate en la sesión especial, donde, para sancionar la “inhabilidad moral de Ruiz” y, en consecuencia, su destitución, se requerirá del voto positivo de los dos tercios de los diputados presentes.
En el informe de la comisión investigadora de la Legislatura se indicó, entre las conclusiones, la existencia de “una alarmante cantidad de hechos que comprometen tanto la integridad del sistema administrativo de la Honorable Legislatura del Neuquén (HLN) como la confianza pública en nuestras instituciones”.
Entre otras irregularidades, se mencionó el uso indebido de fondos públicos de parte de Ruiz, con transferencias y pagos a cuentas personales de funcionarios cercanos, “sin justificación documental adecuada, teniendo de un lado a la vicegobernadora girando los fondos y del otro a su hermano (Pablo) recibiéndolos”. La suma de estas transferencias de la Legislatura fue en total de $51.853.244.
A su vez, se constató la designación de familiares directos de Ruiz en cargos estratégicos, “sin la acreditación de la idoneidad requerida para el desempeño de los mismos, dentro de la estructura de la Legislatura, muchas veces a través de intermediarios o contratos encubiertos, lo que no solo iría en contra de principios éticos básicos, sino que también facilitaría un control centralizado de áreas clave para la gestión de recursos públicos”.
Fondos públicos
También se identificó la posible utilización de fondos públicos para beneficio propio, en lo que tiene que ver con el pago de servicios de imagen para Gloria Ruiz a título personal, en su calidad de vicegobernadora de la provincia.
Además, se observó que “la práctica habitual de esta administración” habría consistido “en contratar bienes y servicios sin observar los procedimientos legales previstos a tal fin, sin licitación pública ni comparativas de precios, muchas veces utilizando justificaciones ajenas a las normativas legales”.
Una de las cuestiones que reveló el informe de la comisión investigadora fue la obstrucción al control externo de parte de la presidencia de la Legislatura, relacionado esto con la “negativa sistemática a permitir auditorías del Tribunal de Cuentas, mediante trabas administrativas y falta de acceso a información crítica”.
Todas las supuestas irregularidades, presentes en el informe de la comisión investigadora, se basaron en la información solicitada al Ministerio Público Fiscal, al BPN, a las áreas contables y de tesorería de Legislatura, al Tribunal de Cuentas, a Fiscalía de Estado y al Registro del Automotor.
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