Inminente desalojo mapuche en un camping del lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura

La orden judicial de desalojar el camping ubicado al norte de Puerto Elma, en el lago Nahuel Huapi , volvió a poner en conflicto a la comunidad mapuche Paicil Antriao y al Poder Judicial de Neuquén. La notificación llegó el jueves pasado y, desde entonces, el clima en la zona es de total incertidumbre.

Ya este año, por otras causas de reivindicación de tierras que hay en toda la zona, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, había impulsado una mediación para llegar a una salida y que se cumplan los protocolos de resguardo, ya que hay adultos mayores, niños y adolescentes.

La resolución, firmada por el juez Francisco Astoul Bonorino, otorga cinco días para abandonar el predio. Para la comunidad, esto implica mucho más que un trámite judicial: reabre un conflicto que lleva más de una década sin resolución definitiva y que tiene como eje la disputa por la territorialidad ancestral.

Lotes en conflcito mapuche en Villa La Angostura.jpg

En declaraciones radiales, el lonko Damián Olivero calificó la medida como el quiebre de cualquier instancia de negociación. “La justicia y el gobierno no están resolviendo nada. Vamos a resguardar el lugar como hacemos siempre”, sostuvo.

Desalojo mapuche en Vila La Angostura: qué dijo el lonco

Olivero insistió en que la orden judicial desconoce el trabajo del relevamiento territorial, que continúa inconcluso a pesar de los años de reclamos.

Ese relevamiento -amparado originalmente por la Ley 26.160, que suspendía desalojos de comunidades indígenas- era la piedra fundamental en todos los litigios mapuches de la región, y su demora ha multiplicado los conflictos.

El lonko también alertó sobre un posible efecto dominó en una zona de conflicto entre propietarios, inmobiliarias y comunidades, en toda Villa La Angostura. Teme que esta resolución acelere otros desalojos “en vías de concretarse” en distintos puntos de la localidad.

Si bien no confirmaron una convocatoria masiva, desde el Lof indicaron que ya se encuentra en el lugar una presencia activa de integrantes de la comunidad y familias, como forma de resguardo ante una posible intervención policial. Distintas comunidades mapuches de la zona declararon estado de alerta y disponibilidad en caso de que la situación escale.

Olivero remarcó que no buscan el conflicto, pero sí evitar un desalojo forzado, y señaló antecedentes de operativos “muy violentos” en Villa La Angostura.

Camping Quilla Hue

El camping, también conocido en expedientes judiciales como “Quilla Hue”, es reclamado por la comunidad como parte de sus territorios de ocupación ancestral. Sin embargo, la Justicia neuquina ha emitido fallos en los últimos años que contradicen esa postura.

El Tribunal Superior de Justicia ya había ordenado la restitución del inmueble de la familia Bianchedi de Terzolo, en proximidades de Puerto Elma. Este es uno de los casos conflictivos que tiene esta comunidad mapuche.

En 2024, el Tribunal Superior de Justicia ratificó que el predio debía ser restituido al municipio de Villa La Angostura. En 2025, hubo nuevos intentos de desalojo que fueron frenados por apelaciones, mientras organismos de derechos humanos y universidades reclamaban avanzar de manera clara en el relevamiento técnico territorial.

Con la derogación de la Ley 26.160 a nivel nacional, las comunidades perdieron la protección que suspendía los desalojos hasta que se completaran esos estudios. Para el Lof Paicil Antriao, la nueva orden de desalojo es consecuencia directa de ese vacío.

Qué puede pasar ahora

El plazo judicial de cinco días mantiene a la comunidad en vilo. Si no aparece un gesto político o una instancia de mediación, la posibilidad de un operativo policial es real y podría sumar un nuevo capítulo a un conflicto largo y complejo.

La comunidad insiste en que no cierra las puertas al diálogo, pero asegura que no abandonará el territorio, mientras que la justicia mantiene firme la orden. Entremedio, un proceso de relevamiento inconcluso y decisiones políticas que cambiaron el marco de protección legal generan un escenario frágil que podría tener impacto en toda la región.

El Tribunal Superior de Justicia ya había ordenado la restitución del inmueble de la familia Bianchedi de Terzolo, en proximidades de Puerto Elma. Este es uno de los casos conflictivos que tiene esta comunidad mapuche.

Villa La Angostura: los dueños en conflicto

En Villa La Angostura hay 12 conflictos por reivindicación de tierras, reclamadas por la comunidad Paichil Antreao. Hay juicios que terminan en el Tribunal Superior de Justicia y en la corte Suprema de Justicia de la Nación, en queja.

De acuerdo a la información obtenida por LM Neuquén, uno de los propietarios en disputa es Lorenzo Ángel García Miglione, quien reclama 6,39 hectáreas en la zona, al igual que Manu Ginobili, quien tiene un juicio abierto por 12,47 hectáreas. A su vez, Federico Horacio Sommariva figura que sostiene la propiedad de 1 hectárea, mientras que María Alastenia Barría reclama 10,99 hectáreas.

Otro caso con múltiples propietarios es el de Juan Antonio Pérez Calvo, Pablo Ariel Caffe, María Ramona Raviol y Marcelo Corvalán, quienes comparten la titularidad de 4,93 hectáreas en diferentes proporciones. También aparecen en la lista Néstor Martín Bianchini y Jorge Emilio Bernardini, quienes poseen en partes iguales 4,03 hectáreas, y William Henry Fisher, con dos parcelas que suman 14,5 hectáreas.

Uno de los lotes más extensos en disputa pertenece a Juan Miguel Valdivia, Raúl Alejandro Álvarez, Enrique Sebastián Álvarez, Oscar Roberto Valdivia, Nélida Nora Valdivia y Ricardo Ernesto Valdivia, quienes poseen en partes iguales 99,99 hectáreas en la zona del conflicto. A ellos se suman otros propietarios con tierras de menor superficie, como Margareta Theresa Hofer (0,56 hectáreas), Gabriel Fernando Cedrote (0,21 hectáreas) y Rodolfo Aníbal Ocampo (0,41 hectáreas).

Finalmente, los hermanos José Leonardo Antonio Salamida, Josefina Elvira Salamida y Hilda Raquel Salamida, quienes poseen en partes iguales 21,59 hectáreas, también forman parte del grupo de propietarios que han iniciado juicios en la Justicia neuquina para hacer valer sus reclamos de posesión.