La trampa de discutir las jubilaciones de privilegio de la justicia neuquina
Un proyecto busca derogarlas con el riesgo de que, paradójicamente, lo que se termine afectando sea la caja del ISSN. La conformación del presupuesto de este poder del Estado es lo que no se debate.
Esta semana, en la Legislatura de Neuquén comenzó a tratarse un proyecto que busca derogar las jubilaciones de privilegio para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia.
Después de terminar con este beneficio para los casos de cargos electivos (ley 1282), ahora, a través de una iniciativa presentada por la diputada de Unión por la Patria, Lorena Parrilli, los legisladores provinciales se aprestan a sancionar una norma que prevé la derogación de la ley 859, que es la que otorga este privilegio dentro de la justicia.
Pero surgieron cuestionamientos en la Cámara contra el proyecto de Parrilli que apuntan, no sin razón, a que si se da de baja la ley 859, todo el personal de la justicia pasará a jubilarse por el sistema en que lo hace el resto de los agentes estatales de la provincia (ley 611).
De ser así, por ejemplo, una jueza, defensora o fiscal se jubilaría a los 55 años y no a los 60, dejando de aportar a la caja previsional del ISSN en esos cinco años. En el caso de los jueces se daría la misma ecuación pero de 70 a 65 años.
Lo que plantearon algunos diputados en la última reunión de comisión cuando se trató el proyecto, es que, en lugar de derogar la ley 859, se establezca una reforma de esta misma normativa, quitando los privilegios que haya que sacar pero que el personal de la justicia no pase a jubilarse por la otra ley.
La casta
Lo que debería ponerse en debate es si este tipo de proyectos y enunciados van en dirección a eliminar estos privilegios o sólo terminan siendo fuegos de artificio, a través de títulos rimbombantes.
Esto, a partir de que el problema de lo que podría denominarse la “casta judicial" no pasa por su sistema jubilatorio, dado que es superavitario. Es decir, lo que hoy aportan los funcionarios y magistrados alcanza y sobra para pagar esas jubilaciones de privilegio.
La cuestión radica por otro lado y tiene que ver con el elefantiásico presupuesto del Poder Judicial que sostiene su funcionamiento, junto a los altísimos sueldos que cobran los jueces.
El presupuesto 2024 de este poder del Estado asciende a 102.500 mil millones de pesos, de los cuales 1.600 millones resulta de la recaudación propia por la Tasa de Justicia, el 45% lo cubre la coparticipación federal, con fondos de se asignan de manera automática, y el 50% lo tiene que aportar el tesoro provincial.
De esta manera, el Ejecutivo, que es otro poder del Estado, que recauda de los impuestos que pagan todos los neuquinos, sigue financiando año a año la mitad de un presupuesto judicial, donde, aproximadamente, el 90 por ciento se va al pago de los salarios de jueces, funcionarios y empleados.
Este es el verdadero privilegio que se tiene que cortar y la discusión profunda que debería darse hacia adelante, más allá de lo que marque el “indignómetro” por las suculentas jubilaciones de los magistrados.
Te puede interesar...
Lo más leído
Dejá tu comentario