Los abogados neuquinos criticaron las reformas a divorcios y sucesiones de Javier Milei

El amplio paquete de reformas que propone el proyecto de ley ómnibus de Javier Milei avanza directamente sobre las incumbencias de distintos profesionales. A los farmacéuticos, que criticaron las medidas, se sumaron también los abogados de Neuquén, que se oponen a la posibilidad de que se gestionen divorcios o sucesiones sin asistencia letrada. Aunque aclararon que su volumen de trabajo no va a disminuir, señalaron que habrá más conflictos judiciales y que los más débiles quedarán desprotegidos.

"Se propone cambiar el sistema judicial y hacerlo por vía administrativa, cuando no necesariamente es algo más rápido", opinó Marcelo Iñiguez, presidente del Colegio de Abogados de Neuquén, que firmó, junto a reconocidos juristas y profesores de derecho, un documento de pronunciamiento sobre las nuevas reformas. "Son voces muy autorizadas del derecho que buscan hacer llegar su aporte y mostrar que el nuevo Código Civil y Comercial no trajo problemas en materia de seguridad jurídica u omisión derechos", dijo a LMNeuquén.

Iñiguez opinó que el código "viene funcionando muy bien y tiene ocho años de vigencia" y agregó: "No es bueno que un Estado cambie la legislación civil y comercial tan rápido". En ese sentido, señaló que las modificaciones podrían ser incluso contraproducentes, ya que prescindir de un abogado permitiría que las partes con más poder consigan acuerdos abusivos. "La presencia de un abogado o de un juez apunta a defender al débil, el orden público, los derechos", dijo.

En ese contexto, señaló que las sucesiones por vía judicial no tienen que ser procesos lentos necesariamente, sobre todo cuando no hay problemas entre los herederos. Algo similar ocurre con los divorcios, cuando hay acuerdo entre las partes. Por eso, consideró que la vía administrativa para desarrollar estos trámites no tiene en cuenta que en cada acción hay efectos, como el pago de cuotas alimentarias, el cuidado de los hijos o la división de bienes, que podrían generar más conflictos o injusticias sin el papel de un abogado.

Congreso Argentina

Así, aclaró que está en juego la paz social y que "el fin buscado no va a poder ser alcanzado", porque la falta del proceso judicial dejaría desprotegidos los derechos de los ciudadanos que solicitan este tipo de trámites. "Los profesionales están inquietos", dijo y aclaró que enero será un mes de discusiones, en la que los profesionales del derecho buscarán hacer sus aportes para adecuar las modificaciones al cumplimiento de las normas y tratados internacionales.

Para el letrado, el presidente Javier Milei hizo un uso poco adecuado del decreto de necesidad y urgencia, que no responde al espíritu del artículo 99 de la Constitución Nacional. Consideró que este tipo de medidas deben tomarse en caso de guerras, catástrofes o situaciones de extrema necesidad. "Se lo está usando en otro sentido, no veo que sea una urgencia convertir los clubes de fútbol en sociedades anónimas", indicó.

Agregó, además, que parte de las normas avanzan sobre la incumbencia de distintos profesionales, como abogados o farmacéuticos, y quita un grado de especialidad que garantiza el cumplimiento de derechos. "Es una paradoja, porque se trata de una desregulación que podría atacar directamente la paz social", dijo Iñiguez sobre la necesidad de contar con personas idóneas para este tipo de tareas.

Iñiguez aseguró que los abogados neuquinos están sorprendidos con la agresividad de las reformas. "No pensé que iba a llegar a tanto", dijo y agregó que hay cambios que afectan directamente sobre tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. "Nuestro país no se rige solamente por leyes internas, tiene compromisos ante la ONU, la OEA, donde se ha asumido que hay derechos fundamentales internacionales que deben respetarse en el ámbito nacional", afirmó.

"No vivimos solos en el mundo y hay derechos que no quedan resguardados con esta modificación, como los derechos previsionales, de la salud, de estabilidad laboral, de seguridad social", dijo el abogado y agregó que las reformas propuestas por los economistas del equipo de Javier Milei no tienen en cuenta que hay una lógica detrás del abordaje integral del derecho y el proceso jurídico.

En cuanto el impacto en Neuquén, Iñiguez detalló que la provincia viene atrasada en los códigos procesales, y aún está en marcha una reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Agregó que las provincias tienen facultades para organizar la distribución del trabajo y competencias del Poder Judicial aunque señaló que "el decreto sí se mete en ciertas cuestiones para complementar esto que se llama una importante desregulación del Estado".

El letrado consideró que la opción por la desregulación de todos los ámbitos se puede leer como una reacción pendular a los efectos negativos que tuvo la intervención del Estado o acciones que se consideran como un exceso de regulación, que responden a abusos o políticas equivocadas implementadas por los distintos gobiernos. Sin embargo, consideró que "el Estado es el pueblo organizado" y que no se puede prescindir de un sistema que vela por el cumplimiento de derechos de los ciudadanos, que viven en sociedad.

"No estar organizados a través del Estado es como volver 100 años atrás", señaló Iñiguez, quien consideró que el paquete tan amplio de reformas a través de mecanismos como el DNU responde a que el gobierno no cuenta con la espalda política para hacer cambios de modo más gradualista. Por su parte, consideró que el objetivo de estas reformas podría ser el contrario al que persiguen, porque podría incrementar la litigiosidad.

La carta abierta de los abogados

Un fragmento de la carta firmada por prestigiosos abogados indica: "El proyecto de ley en cuestión pretende modificar, entre otros, aspectos significativos relativos a salud mental, a los contratos, a la responsabilidad civil, e introducir el divorcio administrativo sin asesoramiento y patrocinio letrado, todos temas regulados en un sistema normativo que fue resultado de un arduo trabajo colectivo, federal y plural absolutamente democrático; en efecto, además de centenares de debates académicos, involucró 15 audiencias públicas convocadas por el congreso de la Nación, realizadas en diferentes lugares del país (https://ccycn.congreso.gob.ar/ ) con el objetivo de debatir e intercambiar ideas sobre una primera versión del entonces Anteproyecto, fruto de la participación de más de 100 especialistas del derecho y de otras profesiones afines de todo el país , que logró una normativa moderna, acorde con las necesidades sociales y conflictivas sociojurídicas del siglo XXI".

Y suma: "Sin dudas, el proyecto de ley “ómnibus” contradice la sistemática del Código Civil y Comercial de la Nación, incentivando un nuevo foco de conflicto interpretativo con la consecuente inseguridad jurídica que acarrea su reinterpretación por parte de los operadores jurídicos y no jurídicos, y el innegable perjuicio para las personas destinatarias de las normas. La pregunta es si los problemas más acuciantes de quienes habitamos la República Argentina se deben a la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación. A tenor de lo acontecido en estos primeros años de vigencia, tanto desde el desarrollo jurisprudencial y doctrinal, la respuesta negativa se impone".

También agrega: "A 40 años de democracia, promover debates legislativos serios y profundos es no solo una obligación ética, sino una manda constitucional-convencional en beneficio “de la libertad para todos los habitantes de la Nación”.

El docente de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), de la Universidad Católica de Salta y también presidente del Colegio de Abogados de Neuquén, Marcelo Iñiguez, firmó la carta abierta y aclaró que van a trabajar para hacérsela llegar a todos los legisladores que debatirán la ley ómnibus en el Congreso. "Esto no es en contra de un partido sino un aporte y una lectura de lo que la sociedad necesita, entre los firmantes hay personas de distintos partidos y no tenemos otro propósito más que hacer un aporte como profesores de derecho", detalló.

Qué cambios propone el gobierno de Javier Milei

En cuanto a los divorcios, se propone modificar el proceso por un simple trámite administrativo en el que se exprese la voluntad de los cónyuges. Así, se busca agilizar le proceso y se elimina el requerimiento de la participación de un abogado y un juez. De esta manera, sería suficiente que ambos acudan a un registro civil y expresen la voluntad de disolver el matrimonio, trámite que hasta hoy requiere de abogados y hasta un juez.

Lo mismo aplicaría a las sucesiones no contenciosas, en las que los deudos "pueden optar por tramitar los procesos sucesorios por causa de muerte ante los órganos judiciales o ante escribano público en los casos en que no exista controversia alguna entre ellos y sean todos capaces”. Así, una sucesión podría resolverse prescindiendo de un abogado y un juez, que actualmente son una parte necesaria del proceso.