El Colegio de Abogados expresó su preocupación por la Reforma Laboral que afecta sus honorarios

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por el inminente tratamiento del proyecto de Reforma Laboral, aprobado en el Senado de la Nación. Alertaron por las graves implicancias que su sanción tendría sobre el ejercicio de la abogacía.

Entre otros puntos, se cuestionó cambios que afectarían el ejercicio profesional y el cobro de créditos laborales. También hará lo propio con los abogados que integran el Congreso. El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, envió una carta a la Cámara de Diputados objetando este proyecto de ley que afecta su patrimonio, dispone el pago de la indemnización en cuotas y limita el pago de las costas.

La carta institucional, fechada el viernes y firmada por Gil Lavedra, representa a 89.500 profesionales matriculados en la Ciudad de Buenos Aires, y fue dirigida tanto al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación como a los titulares de las diecinueve bancadas parlamentarias.

En el documento, los letrados pidieron que los legisladoras presten atención a "las graves implicancias que estas reformas tendrían sobre el ejercicio de la abogacía y el rol que desempeñamos para asegurar la plena vigencia y goce de los derechos y garantías establecidas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales celebrados y ratificados por nuestro país para preservar el Estado de Derecho y la paz social".

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La gran preocupación de los abogados por la Reforma Laboral

En concreto, los abogados se quejaron de los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, al afirmar "que afectan de manera directa al ejercicio profesional de la abogacía".

El artículo 20 prevé que el abogado laboralista tenga que pagar las costas del juicio con su propio patrimonio si el juez considera que el reclamo fue una "pluspetición inexcusable". Es decir, si el trabajador reclama una “sobreestimación inexcusable”, la norma propone hacer responsable también al abogado por las costas.

Por otra parte, también criticaron la posibilidad de pagar la indemnización en cuotas, "lo cual −en virtud del principio de gratuidad establecido por el artículo 20 de la Ley 20.744− se traduce en una directa limitación al derecho de percepción de honorarios por parte de abogados y abogadas, desalentando el ejercicio profesional en la materia".

En último lugar, la carta reconoció que "aún cuando podría ser deseable la introducción del ‘stare decisis’ en nuestro derecho respecto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no resulta razonable hacerlo exclusivamente para los jueces que decidan conflictos laborales".

SFP Marcha por la reforma laboral (34)

Finalmente, la carta firmada por Ricardo Gil Lavedra solicitó a los diputados y diputadas nacionales que "consideren especialmente las graves implicancias que estas reformas tendrían sobre el ejercicio de la abogacía y el rol que desempeñamos para asegurar la plena vigencia y goce de los derechos y garantías establecidas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales celebrados y ratificados por nuestro país para preservar el Estado de Derecho y la paz social".

En la misiva se consideró que los cambios contemplados en la reforma profundizarían los riesgos y restricciones para el ejercicio de la abogacía laboral, con un impacto directo en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.