Piden que Cancillería intervenga en el caso de la abogada argentina detenida en Brasil

A un mes de la imputación de la abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil, pidieron la intervención de Cancillería en el caso, al considerar desproporcionadas las medidas dispuestas por la Justicia del país vecino.

La solicitud fue presentada por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que pidió al organismo su intervención en el caso de Páez, quien permanece con prisión preventiva y control con tobillera electrónica en Río de Janeiro, acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un restaurante.

En una escrito firmada por su titular, Ricardo Gil Lavedra, se le pidió al canciller Pablo Quirno que tome intervención oficial en el expediente y realice las gestiones necesarias para asegurar el pleno respeto de los derechos y garantías de la abogada como ciudadana argentina.

Qué dice el escrito

En la solicitud, el presidente del Colegio de abogados, advirtió que “pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas” y sostuvo que “es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país”.

Gil Lavedra, que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar, recordó además que “la República Argentina ha sostenido históricamente, en el ámbito internacional, un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos”.

En ese marco, afirmó que “corresponde arbitrar los mecanismos diplomáticos y consulares pertinentes a fin de verificar que (…) cuente con asistencia adecuada y que el proceso que la involucra respete plenamente las garantías judiciales reconocidas por los estándares internacionales”.

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El planteo fue respaldado por una carta enviada por Luis Alberto Miguel, titular del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, en la que expresó su preocupación por la situación de la abogada matriculada en esa jurisdicción y pidió el acompañamiento del Colegio Público porteño.

“Conforme lo expresado oficialmente por nuestra institución, consideramos que la situación de la abogada Agostina Páez en su privación de la libertad, en las circunstancias que viene atravesando, ha excedido un margen de razonabilidad tal que, a esta altura, su desproporción procedimental supera cualquier ánimo de preservación de derechos que pudiera argumentar la Justicia de Brasil, vulnerando derechos fundamentales y comprometiendo la vigencia de las garantías procesales que rigen en todo Estado de Derecho”, sostuvo.

Además, Miguel expresó que “la falta de un adecuado control judicial sobre las imputaciones formuladas y la imposibilidad de mantener contacto regular con su familia agravan la situación personal y profesional de la colega, afectando no solo a su persona sino también a la dignidad de la profesión”.

Finalmente, ambos dirigentes dirigieron una nota a la Orden de Abogados de Brasil de Rio de Janeiro para solicitar su colaboración a fin de garantizar que “el proceso penal seguido contra la ciudadana argentina Páez se desarrolle con pleno respeto de las garantías del debido proceso, el derecho de defensa en juicio, la igualdad ante la ley y el acceso efectivo a la justicia”.

El incidente en el bar y la imputación sobre la abogada

Según consta en la causa, el conflicto se originó durante una salida nocturna con amigas. Tras una discusión por el pago de la cuenta, la abogada profirió expresiones ofensivas contra empleados del local y realizó gestos que simulaban a un mono, dirigidos a los mozos.

La imputada reconoció luego que su reacción resultó inapropiada, aunque intentó justificarla como respuesta a supuestas burlas del personal del bar. De acuerdo con la denuncia, incluso después de retirarse del establecimiento continuó con expresiones discriminatorias en la vía pública.

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Los trabajadores afectados le advirtieron en ese momento que ese comportamiento constituye delito en Brasil. Pese a ello, siempre según el expediente, Páez volvió a dirigirse a una empleada del comercio con insultos de tinte racial.

La investigación avanzó con rapidez. Declaraciones de víctimas y testigos, junto con registros de cámaras de seguridad, respaldaron la versión de los empleados. La Policía Civil do Estado do Rio de Janeiro dio por cerrada la etapa investigativa el 23 de enero al considerar que existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

Los fiscales remarcaron que los hechos “exceden cualquier discusión circunstancial” y que las conductas denunciadas impactaron de manera directa y peyorativa sobre las víctimas.