La compañía low cost hace vivir verdaderas pesadillas a sus pasajeros con reiterados incumplimientos sorpresivos. El Estado: "siga, siga…"
La aerolínea de bajo costo Flybondi viene de romper todos los récords, pero para desgracia de sus pasajeros. Entre el 24 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026 la compañía registró demoras y cancelaciones en un total de 924 vuelos. El promedio durante ese período fue de 57 operaciones afectadas por día. Otro dato llamativo que aporta la consultora especializada Failbondi: la empresa “desperdició aproximadamente 9 meses y 1 día de vida entre todos sus pasajeros”, dice en uno de sus reportes.
A favor de la aerolínea podría decirse que algunas complicaciones que perjudicaron a los usuarios no estuvieron motivadas por cuestiones propias, sino por medidas de fuerza sindicales o condiciones meteorológicas adversas, aunque estas últimas son las menos significativas en el conteo general.
Otro reporte, en este caso de la consultora Adventis, da cuenta que Flybondi alcanzó apenas una puntualidad de 54,29 por ciento, lo que supondría que el 46 por ciento de sus servicios sufrieron alteraciones en perjuicio de sus pasajeros.
El más reciente episodio que ratifica los mencionados indicadores ocurrió esta semana ocasión en la que canceló 24 de los 47 vuelos que estaban programados para el martes en el Aeroparque Jorge Newbery.
A consecuencia del fuerte malestar que inundó las redes sociales, el gobierno, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), labró actas de infracción a la empresa, aunque seguramente la respuesta administrativa llevará su tiempo y la decisión final que debería desembocar en eventuales sanciones no siempre es informada oficialmente por las actuales autoridades.
En el caso de Neuquén, la empresa recibió el año pasado una multa $178.023.900, tras constatar graves incumplimientos al “deber de información hacia los pasajeros”. Y seguramente se viene otra por la misma causa, ocurrida esta semana, que llevó a las autoridades de Protección al Consumidor a actuar de oficio en el aeropuerto local ante una reprogramación sorpresiva de uno de sus servicios.
A mediados del año pasado, Flybondi cambió de propietarios. Su inversor principal pasó a ser COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, un empresario al que se le atribuyen vínculos muy estrechos con el gobierno de Javier Milei lo que sugiere algunas sospechas de que la compañía tiene cierta tolerancia para tomarse algunas licencias como las descriptas.
En los últimos tiempos, los organismos de control del Estado vienen desinflándose. Por caso, la Defensoría del Pueblo de la Nación está vacante hace casi 17 años.
La función central del Defensor del pueblo de la Nación está definida constitucionalmente y consiste en la defensa y protección de los derechos humanos y los demás derechos, garantías e intereses tutelados por la Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Tal vez el alcance de esa competencia explique por qué el Congreso todavía da vueltas para designar un defensor que, si bien no solucionará los disgustos de los usuarios de los servicios aeronáuticos, al menos se encargará de dar una señal de que alguien se ocupa de las tropelías reiteradas a la gente, cuya vista gorda hacen los organismos (in)competentes.
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