Luis Bertolini libre: la jueza rechazó la prisión domiciliaria y lanzó un palo por los "excesos" de los fiscales

La jueza de garantías Carina Álvarez rechazó este jueves la prisión domiciliaria solicitada por el Ministerio Público Fiscal contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, y su secretaria Gladys Ramírez, imputados por negociaciones incompatibles con la función pública. Sostuvo que el intendente tiene legitimidad por el voto popular, y alejarlo de la Municipalidad de Plottier, sería desproporcionado.

Luego de tomarse dos días para analizar las medidas cautelares, "a conciencia", la magistrada fundamentó su decisión en razones procesales e institucionales de mucho peso. El caso deberá zanjarse por los canales institucionales. Es decir, por la misma política y no por la Justicia. Bertolini seguramente será sometido a un juocio político y suspensión de funciones.

El Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales Pablo Vignaroli y Rocío Rivero, había solicitado la prisión domiciliaria para Bertolini, la prohibición de acercamiento a las dependencias municipales y el cese de todo contacto con los testigos de la causa.

Para Ramírez, había pedido similares restricciones. El argumento central era que la presencia de ambos funcionarios en el municipio podía entorpecer la investigación, en particular el acceso y la localización de documentación pública, y que cuatro empleados habían manifestado sentirse atemorizados.

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La jueza Carina Álvarez dijo que la prisión domiciliaria a una intendente electo y en funciones por una formulación de cargos es desproporcionado y atenta contra la institucionalidad.

Maria Isabel Sanchez

Sin embargo, Álvarez consideró que ese riesgo —definido en los términos del artículo 114 del Código Procesal— podía neutralizarse con medidas mucho menos gravosas. También rechazó el embargo que ella misma había impuesto previamente a dos empresarios vinculados a la causa.

Causa de Luis Bertolini: qué pasó con el embargo de $4600 millones

Álvarez rechazó también ambas medidas cautelares de carácter patrimonial —embargo e inhibición de bienes— porque la Fiscalía no logró acreditar el piso mínimo necesario para sostenerlas. Es para lo imputados empresarios Pedro Vilches y Maurio López.

El razonamiento de Álvarez fue que, para justificar un embargo, debe probarse una probabilidad concreta de que la eventual condena incluya una multa.

En este caso, la multa mínima aplicable al delito de negociaciones incompatibles con la función pública sería de $4.600 millones, o bien el doble del beneficio obtenido —pero ese beneficio tampoco fue acreditado por la Fiscalía con la precisión requerida.

Tampoco se comprobó fácticamente el temor de los empleados, ni con los testimonios, ni de ser echados de la administración pública, ni de amenazas. Sin embargo hizo lugar a una cautelar.

Como única medida cautelar, la jueza dispuso la prohibición de contacto de Bertolini y Ramírez con cuatro empleados municipales y demás testigos identificados hasta la fecha por la Fiscalía. El plazo es de seis meses.

Además, Ramírez (que vive en Cipolletti) deberá abstenerse de concurrir al municipio algo que, según se indicó en la audiencia, ya venía cumpliendo desde el 21 de abril pasado. Ambos quedan a disposición judicial para cualquier requerimiento documental.

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El abogado defensor de Luis Bertolini, Javier Pino Muñoz le dijo que los fiscales que se pusieron a disposición para continuar con la investigación. "No es necesario salir en los medios con allanamientos", ijo.

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El impacto institucional, según la jueza

Este fue uno de los puntos más importantes del fallo. Álvarez sostuvo que dictar la prisión domiciliaria contra un intendente en ejercicio no solo sería una medida desproporcionada frente al riesgo procesal concreto, sino que generaría una gravedad institucional de enorme magnitud.

La magistrada razonó que Bertolini cuenta con la legitimidad otorgada por el voto popular, y que esa legitimidad trasciende el interés individual del proceso penal para afectar directamente el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

En sus palabras, privar de libertad a un mandatario bajo la formulación de cargos por negociaciones incompatibles con la función pública —un delito que, aclaró, no desmerece en su gravedad, pero que tampoco justifica medidas extremas— equivaldría a desarticular la voluntad del electorado.

“Usted cuenta con la legitimidad otorgada por el voto popular de su ciudad. Ese voto trasciende el interés individual del proceso para afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”, señaló Álvarez, dirigiéndose directamente al intendente.

Y agregó: “No es en prisión domiciliaria donde pueda usted cumplir su función. Esta magistrada no los va a privar de esa legitimidad”.

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La jueza también cuestionó a la Fiscalía por no haber explorado medidas alternativas antes de solicitar la más gravosa.

Señaló que, si bien las defensas de Bertolini y Ramírez habían propuesto medidas de coerción alternativas (montar una oficina en el barrio Caminos del Sol a 10 kilómetros de la Municipalidad de Plottier) —lo que implica el reconocimiento de la existencia de un riesgo procesal—, el Ministerio Público fue directamente por la opción más severa sin justificar con la intensidad necesaria por qué las menos lesivas resultaban insuficientes.

Un palo para el Ministerio Público Fiscal

“Si hay medidas de coerción menos lesivas que la Fiscalía debía explorar para neutralizar ese riesgo y no fueron presentadas, me es imposible imponerlas”, remarcó.

“Usted cuenta con la legitimidad otorgada por el voto popular de su ciudad. Ese voto trasciende el interés individual del proceso para afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas” - Carina Álvarez, jueza de Garantías. “Usted cuenta con la legitimidad otorgada por el voto popular de su ciudad. Ese voto trasciende el interés individual del proceso para afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas” - Carina Álvarez, jueza de Garantías.

El defensor José Javier Pino Muñoz lanzó una crítica directa a la estrategia del Ministerio Público al concluir la audiencia. “Cuando necesiten algo, estamos a disposición. Pero no salgan por los medios y hagan allanamientos”, dijo con tono lacónico.

Por su parte, el abogado Maximiliano Gómez, otro de los defensores de Bertolini, fue más enfático al salir de la Sala 12 de Sesiones del Poder Judicial: “Hoy perdieron los golpistas”, declaró.

El expediente sigue abierto

La resolución no implica el cierre de la causa. Bertolini y Ramírez continúan imputados y deberán ponerse a disposición judicial ante cualquier requerimiento documental.

La investigación por negociaciones incompatibles con la función pública avanza, y la Fiscalía conserva la posibilidad de replantear medidas cautelares si el escenario procesal varía. Por ahora, el intendente de Plottier conserva su cargo, su libertad y la conducción del municipio.