Miércoles caótico en Neuquén: habrán varios cortes de calles y manifestaciones

El tránsito en el centro de Neuquén capital podría complicarse este miércoles por la superposición de varias manifestaciones y protestas en reclamo de asistencia al gobierno de la provincia. Al reclamo que comenzó ayer por parte de los trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social se suman los trabajadores del EPAS y las organizaciones sociales, que piden por el regreso del bono para obtener una garrafa.

A partir de las 10 de este miércoles, las organizaciones sociales de la ciudad tienen previsto concentrarse en el Monumento a San Martín para iniciar un "garrafazo". Con esta metodología de protesta, buscan visibilizar la dura situación que atraviesan en los barrios más vulnerables de Neuquén, donde los vecinos dejaron de recibir los bonos de garrafas que entregaba el gobierno provincial.

En diálogo con LU5, la dirigente barrial Gladys Aballay indicó que desde diciembre no reciben los bonos, fundamentales para acceder a garrafas en los sectores populares de la ciudad. "Como el bono no está, hay personas que quizás podían comprar una sola garrafa al mes, hoy tienen que comprar todas, y el precio subió en diciembre, está al rededor de 12 mil en la planta y en el barrio es un precio que nadie controla", explicó.

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El bono es utilizado para poder canjear una garrafa vacía por una llena con el camión repartidor. Pero, al no haber bonos, tampoco pasa el camión garrafero por los barrios. Gladys señaló que en los comercios de barrio, los precios no están controlados.

"He llegado a encontrar garrafas de hasta 18 mil pesos, son los precios que nunca se pudo controlar. Entonces la familias que por ahí no tienen como ir a buscar a las plantas, pagan esos precios. Se está haciendo imposible acceder a un servicio tan necesario para las familias que no tienen acceso a la red de gas", indicó la dirigente.

Su reclamo, en pleno centro de la ciudad, se sumará al que ya ayer complicó el tránsito en Casa de Gobierno, en la esquina de calles Roca y La Rioja. Se trata de los trabajadores que asisten a familias en situación de vulnerabilidad y que dependían del ex Ministerio de Desarrollo Social, pero que quedaron desamparados ante el cambio de gestión en la Provincia.

Los trabajadores de distintos dispositivos que dan asistencia a niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y adultos mayores, y que "estamos en lucha porque estamos solicitando en un principio, el pago de los haberes correspondientes a diciembre del personal eventual, quienes cobraron solo 9 días del mes de diciembre y no han cobrado el resto aunque estén cumpliendo horarios".

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Uno de los pedidos es que se definan las partidas necesarias para poder garantizar la asistencia alimentaria a la población usuaria. "La situación es crítica y a razón del cambio de gobierno y las dificultades en cuanto a lo administrativo, hubo muchos aportes económicos que se vieron interrumpidos", remarcó Páez.

"Tenemos un pedido de desalojo al dispositivo de prevención a la violencia familiar, cuando somos la provincia con más femicidios. A su vez, los dispositivos de discapacidad que no tienen los aportes correspondientes", insistió.

Dentro de los reclamos, señalaron que no pueden atender a los usuarios por no contar con partidas para la asistencia alimentaria ni con un presupuesto aprobado para poder funcionar en los dispositivos de familia, niños judicializados y violencia.

Frente a las oficinas del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS), los trabajadores ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar que se sienten "abandonados por el gobierno en un proceso de desguace del organismo". Aclararon que ya se nombraron nuevas autoridades pero que eso no termina de ordenar el funcionamiento del espacio para que funcione, ya que hoy "los trabajadores garantizan un servicio esencial de milagro, en las últimas condiciones", según palabras de Pablo Azúa, delegado de los empleados.

"Nos hicieron el reclamo de que el agua venía en mal estado, y ese es el síntoma del abandono, en ese momento no teníamos ni una autoridad que salga a dar la cara", dijo y agregó que la falta de recursos marca una decisión política de no respaldar la prestación de este servicio. Agregó que el EPAS tiene 700 empleados, apenas unos pocos más desde hace más de 15 años, cuando los servicios crecieron.