Planes sociales: acusarán a una exministra y suman una nueva modalidad de estafa

Luego de anticipar que el exministro de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia de Neuquén, Abel Di Luca, será imputado en la causa por la millonaria estafa con planes sociales, la fiscalía de Delitos Económicos confirmó que en las próximas semanas también se le formularán cargos a la extitular de la cartera, Adriana Figueroa, quien ocupó el cargo hasta diciembre del 2021, siendo su sucesor subsecretario de esa dependencia estatal en ese entonces. Ahora Figueroa trabaja en la Secretaría General de la Gobernación.

En diálogo con LMNeuquén, el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, contó que Figueroa ya designó abogado defensor y que en una audiencia que tendrá lugar en septiembre será acusada junto a Di Luca y otros funcionarios que forman parte de la estructura estatal. Entre ellos se encuentra Tomás Siegenthaler, coordinador Provincial de Administración; los contadores Luis Gallo, Laura Resnik, Julio Arteaga y Julieta Oviedo, responsable de una de las direcciones generales del ministerio. "Ella era una de las que habilitaba los pagos a través de transferencias bancarias", comentó Narváez.

En cuanto a Figueroa el fiscal del caso dijo que están analizando evidencias para definir la formulación de cargos. No obstante, deslizó que ejercía el mismo rol y responsabilidad que su sucesor Abel Di Luca.

Abel Di Luca ministro Desarrollo Social

Al igual que Adriana Figueroa, Abel Di Luca será imputado en la causa en septiembre.

Una de las novedades que tiene la causa es la consideración de una modalidad no mencionada hasta el momento. "Nosotros vamos a ampliar la acusación a nuevos imputados pero también lo vamos a hacer sobre nuevos hechos que van desde el 2020 hasta el 2022. Antes se formularon cargos solo por tarjetas de crédito y ahora se le va a agregar la misma modalidad pero con cheques", manifestó Narváez.

En ese marco, el fiscal del caso explicó que las estafas con los planes sociales para desocupados arrancó de un modo "más burdo" con cheques por 49.500 pesos que nunca llegaban a los beneficiarios. La irrupción de la pandemia de coronavirus llevó a la bancarización de los aportes a través de tarjeta de débito. En ese marco, las maniobras fraudulentas comenzaron a hacerse de esa manera, aunque por momentos convivieron los dos métodos.

El pedido de audiencia de la fiscalía para la formulación de cargos se realizará a más tardar el miércoles de esta semana. La idea es que no quede afuera de la agenda de septiembre.

Estafas con planes sociales: un repaso del caso

La estafa millonaria con planes sociales para desocupados que sacude al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia de Neuquén, tomó estado público a finales de julio del 2022, luego de que un beneficiario denunciara que le habían vaciado su cuenta en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y que una investigación de la fiscalía de Delitos Económicos destapara la olla con una auditoría abierta en el Tribunal de Cuentas.

El extitular de la cartera, Abel Di Luca, renunció el 27 de octubre (dos meses antes de cumplir un año de gestión) y fue reemplazado por Germán Chapino. Antes de ocupar ese cargo se desempeñaba como subsecretario en el ministerio, comandado hasta diciembre del 2021 por Adriana Figueroa.

Desde julio de este año se encuentran en prisión preventiva -por entorpecimiento de la investigación- Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales de la Provincia de Neuquén, Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna, a cargo de la Dirección de Fiscalización y del Departamento de Gestión de Programas Sociales, respectivamente.

Soiza fue imputado como jefe de la asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación mediante el uso de tarjeta de débito. A Sanz y Osuna, en tanto se le formularon cargos como partícipes de la asociación ilícita y los demás delitos que también se le atribuyen a Soiza. Según informó el fiscal jefe Pablo Vignaroli, en las cuentas bancarias de Osuna se encontraron depósitos (de origen desconocido) de 35 millones y 25 millones de pesos en 2021 y 2022 respectivamente.

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Ricardo Soiza en una de las audiencias de la causa por las estafas con planes sociales.

Sebastian Fariña Petersen

La maniobra que se investiga es la entrega de subsidios por unos 8 mil pesos, donde los beneficiarios recibían las tarjetas con las claves pero las tenían que entregar a otras personas –que no eran los titulares de cuenta- para hacer las extracciones en cajeros automáticos. El BPN tiene registros fílmicos del accionar. Ahora la fiscalía agregó la modalidad de estafa con cheques, herramienta utilizada en la etapa inicial del fraude.

La semana pasada el fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó cómo era el mecanismo del desfalco y la responsabilidad de quienes ejercían cargos de mayor jerarquía en el Ministerio. En ese sentido, precisó que Soiza, por decreto, tenía la facultad de decir quién podía cobrar el plan y quién no y los montos a percibir por cada beneficiario. Tras tomar esa decisión, enviaba a la Dirección General de Administración un expediente oficial con el listado de quienes estaban en condiciones de recibir la ayuda económica estatal. Sin embargo, la Dirección acreditaba los pagos a partir de una planilla Excel que se enviaba por mail en paralelo y de manera informal. La misma enlistaba a menos beneficiarios pero con asignaciones que sumaban el mismo monto total detallado en el expediente oficial. Además destinaba a un subgrupo un haber mayor que al resto.

Si en el expediente oficial se aprobaban planes para unas 4 mil personas por un determinado monto total, en el Excel se distribuía esa cifra entre unos 3 mil personas que recibían en dinero en concreto, dentro de las cuales unas 100 y 200 personas cobraban más que el resto. Si el aporte en general era de alrededor de 10 mil pesos, a ese subgrupo se le depositaba 49.500 pesos.

"Ellos al final cerraban la cuenta poniendo que esas 4 mil personas habían cobrado el subsidio, cuando en verdad no había sido así, habían cobrado solo las 3 mil personas de lo que yo llamo 'el listado blue', que se manejaba por fuera del expediente", sostuvo Vignaroli, al tiempo que añadió que "era muy fácil darse cuenta" que tanto la cantidad como los montos de las acreditaciones bancarias no correspondían con lo detallado oficialmente.

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Al igual que Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna están en prisión preventiva.

Sebastian Fariña Petersen

En julio pasado, Vignaroli describió el rol de mandos medios y otros empleados del Ministerio en el fraude. "La Dirección de Planes Sociales tenía una característica: las personas que trabajaban allí no eran de planta permanente, sino que eran contratadas, por lo cual existió siempre una manipulación relacionada con que si hablaban, si contaban se quedaban sin trabajo", contextualizó para luego remarcar que en la Dirección de Planes Sociales se había montado "sistema clientelar" y que si bien, parte del dinero llegaba a aquellos que lo necesitaba, una porción lo utilizaba "esta asociación (ilícita) para negocios propios en principio, pero también para algunas actividades políticas".

En ese momento, la fiscalía señaló como organizadores de la mencionada organización ilícita "con distintos niveles" a Soiza, Sanz y Osuna. "Ellos estaban en condiciones de disfrazar administrativamente el modo en que se hacían del dinero. Después había otro grupo de personas, a quienes nosotros llamábamos los reclutadores, que se encargaban de encontrar gente a cuyo favor daban de alta un plan, con cuentas de las cuales sacaban dinero mal habido", puntualizó. "Después había un tercer grupo, los extractores, que estaban encargados de las tarjetas de débito de los titulares de las cuentas para ir a los cajeros automáticos para sacar el dinero", agregó en esa ocasión.