Preocupación por una adolescente con discapacidad intelectual y conductas agresivas: qué dispuso la Justicia

A través de un novedoso fallo, la justicia neuquina, representada por la jueza de Familia de la V Circunscripción, María Claudia Castro, ordenó asegurar la atención y cuidados a una adolescente que vive en el norte neuquino, mediante la implementación de un plan integral.

La menor padece un diagnóstico de discapacidad intelectual severa con conductas agresivas, lo que derivó en reiteradas internaciones bajo el régimen de la Ley de Salud Mental. El dictamen apunta a “sostener su vida en comunidad y el acceso al tratamiento que requiere con el fin de garantizar su derecho a contar con el mejor tratamiento posible”.

La familia de la joven vive actualmente en la localidad de Barrancas, en el norte neuquino, en condiciones de vulnerabilidad, lo que impide procurar el cuidado personal de la menor. El fallo manifiesta la urgencia de restituir su escolarización, el acceso a espacios recreativos y la paulatina recuperación de actividades propias de su edad.

Norte neuquino 2

Trabajo coordinado

La medida cautelar dispuesta por la magistrada tiene una vigencia de 180 días y fue dictada a partir de un requerimiento de la Defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

La resolución ordena que el programa sea diseñado y ejecutado de manera conjunta por diversos organismos estatales como la Subsecretaría de Familia (Delegación Regional), el municipio de Barrancas y el Ministerio de Salud provincial. Asimismo, prevé como apercibimiento la intervención de la Justicia Penal ante un eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fallo subrayó la importancia de aplicar el plan integral urgente “sin que ello implique una expulsión o modificación de su centro de vida”. La jueza señaló que la situación requiere un abordaje integral, dado que las condiciones sociofamiliares impiden que la progenitora pueda asumir en forma exclusiva el cuidado personal de la joven.

Ley 2302

Castro explicó que su decisión se fundamenta en la coincidencia de dos aspectos normativos: el derecho de la adolescente a ser sostenida en su familia de origen y el derecho de su madre a recibir el apoyo estatal necesario para ejercer adecuadamente las tareas de cuidado.

La Ley 2302 establece que los padres tienen la responsabilidad primordial en la crianza y desarrollo de sus hijos, pero que el Estado debe proporcionar los recursos y acompañamiento indispensables. La Ley 2302 establece que los padres tienen la responsabilidad primordial en la crianza y desarrollo de sus hijos, pero que el Estado debe proporcionar los recursos y acompañamiento indispensables.

En el escrito, se describe la situación de vulnerabilidad de la familia y las limitaciones de la localidad donde residen. Por este motivo, se ordena elaborar un plan estratégico de recuperación y reparación de derechos, que contemple intervenciones en materia habitacional, educativa y terapéutica.

Las medidas

Entre las medidas dispuestas se encuentran: la adecuación de la vivienda para garantizar condiciones de seguridad y habitabilidad y la intervención del Consejo Provincial de Educación para proveer personal docente que asegure la continuidad de su trayectoria escolar.

“Nos encontramos ante un caso grave de desprotección de derechos que amerita e interpela a todos los actores intervinientes a reforzar voluntades, trabajo y compromiso" sostuvo Castro.

Además, solicita la incorporación inmediata de acompañantes terapéuticos que actúen como soportes externos para la familia.