Radares en Neuquén: esas "trampas" legales que juegan con el cansancio de la gente

La discusión por los radares en Neuquén ya pasó de ser un tema técnico y legal. Es política, pero sobre todo institucional. Desde junio de 2024, una ley provincial suspendió por 180 días la activación de cinemómetros en rutas provinciales, con el objetivo de frenar un sistema de control que había derivado en un esquema recaudatorio, muchas veces sin señalización adecuada y con escaso control estatal.

Sin embargo, la suspensión no apagó el dispositivo, sino que, en algunos casos, los obligó a implementar ardides y estrategias, para seguir cortando.

En lugares estratégicos como Añelo y San Patricio del Chañar, los radares dejaron de multar por exceso de velocidad, pero comenzaron a registrar otras infracciones: luces bajas apagadas, cinturón de seguridad, luces quemadas. El mismo punto y con la misma cámara. El mismo formato automático. Solo cambia el artículo invocado legalmente para emitir la infracción. Y ahí aparece la primera pregunta, si realmente esto es legal.

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La respuesta honesta es que los municipios conservan facultades para sancionar faltas de seguridad vial. El problema no está solo en la competencia, sino también en el contexto. En las rutas provinciales, ausencia de cartelería preventiva, controles no presenciales y uso del mismo andamiaje tecnológico que quedó suspendido para su función original. En este caos no parece ser una ilegalidad lisa y llana, pero sí una práctica que camina por la cornisa.

Radares: el ingenio para seguir cobrando

La diputada provincial Giselle Stillger aclaró al explicar el alcance de la ley. La Legislatura no tiene injerencia sobre rutas nacionales, donde los radares habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial siguen activos, como ocurre en Picún Leufú o Villa La Angostura. Pero en rutas provinciales, los controles de velocidad están suspendidos y no pueden volver a habilitarse hasta que la norma sea reglamentada.

Lo que la ley no previó -o no logró impedir- es el “reciclaje” del radar. Ese corrimiento que convierte al radar de velocidad suspendido en un ojo multifunción. Es decir, que tenga la capacidad de seguir facturando bajo otro rótulo. Es ahí donde la legalidad formal empieza a chocar con la legitimidad del sistema.

El segundo interrogante es aún más revelador. Si estas multas son discutibles, ¿por qué tantos conductores prefieren pagar antes que impugnar? La respuesta no está en la convicción, sino en el desgaste que implica para los conductores, el miedo y el estrés. Impugnar una fotomulta requiere tiempo, conocimiento normativo, paciencia y, muchas veces, asumir que la respuesta llegará tarde o nunca. Pagar, en cambio, es rápido. Con un click y un dolor en el bolsillo, pareciera que el trámite está cerrado.

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El sistema parece diseñado para eso, no para resistir una demanda judicial serio, sino para apoyarse en la resignación cotidiana del usuario. No es que la gente crea que la multa es justa. Es que discutirla sale más caro, en energía y en tiempo, que aceptarla.

El antecedente de El Chocón

El antecedente de El Chocón lo demuestra con crudeza. Cuando alguien puso el ojo -cuando se revisó la autorización, la jurisdicción y la legalidad- el radar cayó y las multas quedaron sin sustento. La pregunta es quién cumple hoy ese rol de control en Añelo o en San Patricio del Chañar. Porque en apariencia, todo es legal.

La discusión de fondo no es si hay que usar luces bajas o cinturón de seguridad. Eso no está en debate. La cuestión es si el Estado puede sostener prácticas que bordean la ley amparándose en el cansancio ciudadano. Cuando el cobro depende de que nadie reclame, el problema ya no es de seguridad vial, sino institucional. Nadie quiere que la sangre llegue al río.