Se confirmó el archivo de una resonante causa de contaminación ambiental por falta de pruebas

La Justicia confirmó el archivo de la causa por presunto delito de contaminación ambiental, vinculada a una obra pública que se paralizó en la pandemia, y quedó un foco infeccioso en el medio de un barrio de Centenario, debajo de red eléctrica de Alta Tensión.

Se trata de la obra de un colector cloacal y pluvialuvional de la Avenida Lago Traful en Centenario, obra millonaria que se detuvo en septiembre de 2023, después de que el kirchnerismo perdió las elecciones PASO frente al triunfo de Javier Milei.

El exministro de Obras Publicas de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández,, Gabriel Katopodis, había paralizado las obras en todo el país. Hubo una deuda con la Municipalidad de Centenario, desarmaron los obradores, y las empresas no continuaron con los trabajos.

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La decisión judicial dejó al descubierto una fuerte contradicción del propio Municipio, que denunció los hechos pero no aportó pruebas fundamentales para que avance la causa. Por caso, realizó un plan de remediación de ese sector, muy criticado por los vecinos sobre todo en verano, donde los olores cloacales emanados por las lagunas a cielo abierto, generaron malestar.

Causa por contaminación ambiental: qué dijo la justicia

Según pudo saber LM Neuquén, la resolución fue firmada el pasado 4 de marzo de 2026 por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien rechazó el recurso de revisión presentado por el apoderado municipal, el abogado Emiliano Saavedra, y ratificó en todos sus términos la decisión previa. que era la de archivar el expediente.

El caso, bajo el expediente “Municipalidad de Centenario s/ denuncia contaminación – obra avenida Lago Traful”, había sido archivado originalmente el 24 de julio de 2025 por el fiscal Maximiliano Breide Obeid.

En esa instancia, se consideró que no se logró acreditar la existencia de contaminación ambiental en los términos exigidos por la Ley 24.051.

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Esa obra quedó con vertidos cloacales internos, y está sin terminar. Sin embargo, la justicia evaluó un dato. La resolución dice que no todo vertido implica automáticamente un delito ambiental.

Es un tema complejo que remite a las causas penales federales que tuvo la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, por los vertidos directos al río desde 2011 a 2015, según había constatado en su momento el EPAS. Por este caso estuvieron imputados los dos últimos jefes comunales de Centenario, Javier Bertoldi y Esteban Cimolai, respectivamente.

Según la resolución, en este caso de la Avenida Lago Traful no se demostró daño concreto al suelo, agua o ambiente que habilite la persecución penal.

Pero el aspecto más crítico del pronunciamiento apunta directamente al rol del Municipio de Centenario. El propio fallo señala que la comuna adoptó una “posición ambigua”: por un lado exigió que se profundice la investigación, pero por otro no aportó informes técnicos, análisis ni evidencia sustancial que permitiera sostener la acusación.

Incluso, el recurso de revisión solicitaba nuevas medidas de prueba, como pericias ambientales, aunque varias ya habían sido realizadas. Llamativamente, también se proponía oficiar al propio Municipio, que es justamente la autoridad de control ambiental y quien debería contar con la información técnica necesaria.

En ese sentido, el fiscal jefe subrayó que la Municipalidad está en una posición de “superioridad técnica y jurídica” para producir las pruebas que reclama, ya que es responsable del control de las obras públicas dentro de su jurisdicción y de garantizar la salubridad de los servicios.

Obra avenida Traful Centenario

Otro elemento que pesó en la decisión fue que el propio Municipio informó durante el proceso que la situación denunciada había sido remediada. Esto, según la Fiscalía, vuelve innecesaria una nueva pericia ambiental, ya que no permitiría reconstruir con precisión el estado original del lugar.

Dos empresas

Además, no consta que la comuna haya impulsado acciones civiles o administrativas contra las empresas responsables de la obra —la UTE conformada por Servipet SA y Perfil SRL— pese a haber señalado deficiencias de magnitud en su ejecución.

Con estos argumentos, Vignaroli concluyó que no se justifica la continuidad de la causa penal, apelando al principio de “última ratio”, que establece que el derecho penal debe ser la última herramienta del Estado.

Así, el expediente quedó definitivamente archivado, cerrando una investigación que había puesto bajo sospecha una obra pública fundamental en Centenario, pero que nunca logró reunir pruebas suficientes para avanzar hacia una imputación penal.