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La Mañana Ayuda social

¿Será el fin de la intermediación en la ayuda social en Neuquén y Argentina?

La proliferación de escándalos de corrupción en el manejo de programas sociales, en tiempos de crisis económica, ha evidenciado la necesidad de mejorar la utilización de los fondos públicos.

Los cambios en la conducción de las instituciones públicas, producidos en Argentina y Neuquén en el año 2024, han provocado una serie importante de cambios en las reglas del juego, que hoy muestran importantes consecuencias.

El primer gran cambio que se ha producido es que la “lluvia” de pesos que inundaba la economía, ha cesado, favoreciendo el orden fiscal. El control de los gastos públicos, se había vuelto tarea casi imposible. Los ceros en las de erogaciones del tesoro estatal, crecieron exponencialmente, ante el avance del tiempo y la correspondiente degradación producida por la inflación.

Para evitar el déficit y con él la emisión monetaria, Javier Milei puso el foco en el achicamiento del Estado, con la lupa puesta sobre la emisión y el control de los gastos públicos. En tiempo récord se logró la eliminación de los 15 puntos del déficit respecto del PBI nacional. Tarea fácil y hasta satisfactoria para un libertario si las hay.

Neuquén: control en el Estado de bienestar

Con una ideología distinta, que sí cree en el Estado de bienestar, y en el contexto de una provincia con mejores balances económicos ayudados por Vaca Muerta, el gobernador Rolando Figueroa puso en marcha un proceso de control y modernización del Estado, puesto a que, en los últimos años, el aparato político del Movimiento Popular Neuquino -así lo había denunciado en campaña proselitista- era alimentado por un sistema de prebendas, disfrazado de ayuda social.

A diferencia de Milei, la intención de Figueroa es la de reparar al Estado y mantener los canales de ayuda social, y no desmantelarlo.

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Aunque con ideologías distintas, el segundo gran cambio que se ha producido en este 2024, es que en ambos distritos, provincial y nacional, cesó un pacto de complicidad del que todos sabían pero del que nadie hablaba: el Estado cobraba a la población el peor de los impuestos, el inflacionario, compensando ese pecado original, con el otorgamiento de la intermediación de la ayuda social a distintas organizaciones sociales y políticas, que a cambio de ese beneficio, eran las encargadas de mantener las calles sin cortar, garantizando así la paz social y la continuidad política.

De esta forma, muchos de los que decían luchar contra la pobreza, tanto políticos como organizaciones sociales, se aprovechaban de ella para obtener un beneficio.

Por ello, Figueroa y Milei coincidieron en que la principal forma de optimizar la mano benefactora del Estado es mediante la eliminación de los intermediarios. De esta manera, se empezó a cuestionar lo incuestionable: la ayuda social, que antes, nadie se atrevía a auditar, puesto que contaba con la complicidad de la política.

Todos coinciden que en un país cuya población bajo la línea de la pobreza superior al 50%, la ayuda social es imprescindible. Sea para garantizar la propiedad privada, o para evitar el sufrimiento del prójimo, la justicia y la paz social, son ideales que deben ser cuidados, no importa en que tiempo y con qué gobierno.

El punto del debate, es a quien se le otorga la ayuda, y quien lo hace.

Los casos más resonantes de corrupción

Esta semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, describió una muy onerosa trama de corrupción – de USD 3.400 millones- en torno al otorgamiento de pensiones por invalidez, que pasaron de 79.000 pensiones en el año 2003, a un millón 200 mil en la actualidad, alcanzando números muy superiores a los de un país luego de una catástrofe o una gran guerra.

Todo tipo de irregularidades fueron detectadas en los procesos de otorgamiento: desde una radiografía de hombro que se usó para justificar 150 pensiones, a la increíble utilización de la radiografía de un perro para justificar una patología.

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Manuel Adorni explicó el fraude de las pensiones por invalidez.

Manuel Adorni explicó el fraude de las pensiones por invalidez.

El caso más resonante en Neuquén desde hace varios meses y que sigue ocupando los titulares de los medios de comunicación, es la estafa de los planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social. Este año comenzó a desentrañarse una compleja trama de intermediación, mediante la cual se desviaba dinero que era destinado a personas con necesidades urgentes, a punteros políticos del MPN.

Se estima que estas maniobras alcanzaron los 750 millones de pesos y por estos hechos, ya hay tres detenidos y 27 imputados.

Adicionalmente, esta semana resonaron con fuerza, los 1.183 millones que el Ministerio de Desarrollo Social, otorgó a distintas organizaciones sociales, sin ningún tipo de control ni rendición. Si hubo o no corrupción, se encuentra bajo un proceso auditoría. Sea lo que sea que resulte de la investigación, es muy muy llamativo, que se otorgue tanto dinero con semejante liviandad, en lo que constituye una práctica de tercerización de los roles del Estado, que es inadmisible en los tiempos que corren.

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El escenario al que todos temen

Si el plan de recuperación económica de Javier Milei no se concreta, o se demora demasiado, la economía no se reactiva y la pobreza y desocupación avanzan, la democracia como mecanismo de canalización de los deseos e intereses personales se verá deslegitimada. Ante este escenario, una posibilidad de garantía del orden y la paz social es la utilización del monopolio de la fuerza que ostenta el Estado y ese es un camino con final trágico garantizado.

Otro camino más deseable que el anterior es el cuidado de los más necesitados en momentos de crisis económica, al mismo tiempo que se ejerce un uso racional y responsable de los recursos. La profesionalización de las áreas de gestión estatal y la concentración de las energías de la política en robustecer y eficientizar el estado de bienestar, deberá ser una consigna que se deberá mantener a la orden del día de quienes hoy administran los recursos del Estado.

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