Sin juicio político en la Constitución: ¿Puede la Legislatura echar a Gloria Ruiz?
El abogado constitucionalista, Hugo Prieto, explicó qué resquicio tienen los diputados para encarar un proceso de destitución. Los detalles del caso.
El escándalo de corrupción que tiene a la vicegobernadora Gloria Ruiz en el centro de la escena desde el viernes está en plena escalada. Diputados de distintos bloques buscan una salida institucional con la cual desalojar del cargo a la presidenta del cuerpo, con una situación que complejiza esa vía: la Constitución de Neuquén prevé juicio político para el gobernador pero no así para quien ocupa el segundo lugar en la fórmula en el Ejecutivo.
¿Esto implica que la Legislatura no puede hacer nada para excluir a la presidenta por más que incurra en irregularidades en el ejercicio del cargo? No. El abogado constitucionalista, Hugo Prieto, explicó en una entrevista con LU5 qué resquicio tienen los diputados para encarar un proceso de destitución de Gloria Ruiz, por más que tengan vedada la vía del juicio político.
"El caso de juicio político al vicegobernador no está incluido entre los objetos pasibles de juicio político que no solo son los que determina la Constitución sino que también los puede determinar la ley. Esto no existe, es una disfuncionalidad de la Constitución, pero lo cierto es que no es un sujeto susceptible de ser sometido a juicio político el vicegobernador", advirtió el abogado, que tiene en su currículum haber participado en la Constituyente que reformó la Carta Magna.
Sin juicio político
Luego avanzó en la explicación de la vía que podría tomar la Legislatura en el caso que protagoniza la vicegobernadora. "En mi opinión, claramente, el inciso 25 del artículo 189 (de la Constitución de Neuquén) prevé que el Poder Legislativo puede admitir o desechar la renuncia tanto del gobernador como del vicegobernador y declarar por dos tercios del voto de la totalidad de sus miembros los casos de impedimento por inhabilidad física o moral", describió y precisó: "Habilidad es la aptitud para ejercer el cargo".
Prieto explicó que "entonces, si dos tercios de la cámara, es decir 24 diputados, considerara que el gobernador o el vice gobernador incurrieron en esta causal, así lo pueden declarar y esto implica el cese en el cargo".
El constitucionalista aclaró que "en este tipo de proceso no se trata de un juzgamiento judicial, sino que es una atribución discrecional del Poder Legislativo determinar si se incurre en una determinada causal".
Sobre el procedimiento que podría encarar la Legislatura en caso de tener el número de diputados necesarios para hacerlo dispuestos a avanzar contra la vicegobernadora, dijo que "la propia Constitución prevé que la Cámara de Diputados puede constituir comisiones de investigación y bien podría en este caso designar una comisión que investigue los hechos. No conozco bien el reglamento interno, pero podría constituirse en comisión la propia cámara y hacer la investigación, citando a la vicegobernadora para que ejerza su defensa y luego resolver".
Prieto concluyó que "está efectivamente prevista la eventual de valoración de la conducta tanto del gobernador como del vicegobernador, el gobernador además podría estar sujeto al juicio político pero por esta disfuncionalidad no es el caso del vicegobernador".
La versión de Ruiz
Una de las causas más pesadas que involucran a la vicegobernadora tiene que ver con cuentas bancarias a nombre de su hermano, Pablo Ruiz, que recibieron transferencias de fondos oficiales. Este lunes en la mañana, el hermano de la vice se presentó en tribunales con su abogado, Federico Diorio.
El letrado defensor aclaró que "la vicegobernadora no está siendo investigada. El señor no trabaja en la órbita de su hermana, trabaja en un organismo que si bien pertenece a la Legislatura, es un organismo independiente". Pablo Ruiz fue nombrado al frente de la Casa de las Leyes por la vicegobernadora.
Diorio afirmó que "la propia política le está haciendo pagar el costo político a la vicegobernadora por una situación de su hermano". Consideró que la designación que hizo la presidenta de la Legislatura de más de 10 familiares en institución que comanda no es un hecho ilícito y que sólo puede ser juzgado moralmente, pero que el coordinador de Casa de las Leyes tiene derecho a defenderse porque la presunta defraudación, hasta ahora, sólo es una hipótesis en el marco de una investigación.
"Lamentablemente le están haciendo pagar el costo político a su hermana que no está ni sospechada. Me parece de una gravedad institucional lo que escucho que le pidan juicio político o inhabilidad moral. Fue elegida por el pueblo y por una situación que tiene su hermano, que le quieran hacer juicio político me parece que habla de instituciones muy débiles", detalló.
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