Tras el decreto, más de 2.900 funcionarios neuquinos declararon sus patrimonios

El gobernador Rolando Figueroa firmó, hace poco más de un mes, un decreto que establece que todos los funcionarios públicos de Neuquén alcanzados por la Ley 5 (de la planta política) deben presentar sus declaraciones juradas patrimoniales. El número aumentó notablemente a comparación de los últimos 30 años.

Según se estableció en la normativa, los funcionarios tenían un plazo de 30 días hábiles luego de su notificación. El gobierno provincial indicó que ante la vigencia del decreto, hasta el 1° de marzo se registraron 2.900 declaraciones juradas, lo que representa el 73% del total de las personas alcanzadas, que rondaría un total de 3.800, según el listado recibido en la escribanía, por parte de las áreas de Recursos Humanos.

El decreto fue firmado por el gobernador a fines de enero con el objetivo de promover la transparencia institucional y reafirmar la tolerancia cero con respecto a hechos de corrupción.

Asimismo, el fin de semana pasado, durante el inicio del 54º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, Figueroa fue categórico al referirse a las declaraciones juradas patrimoniales y advirtió que “Quienes al 25 de marzo no lo hagan, quedarán afuera de este gobierno”.

Una política de Estado en Neuquén

La Escribana General de Gobierno, Laura Miranda, se refirió a la relevancia de esta Ley y su cumplimiento: “Condice con lo que es una política de Estado y la obligatoriedad de los funcionarios de declarar sus patrimonios”, dijo.

A lo que también recordó que “la Ley 5 es provincial y establece que los funcionarios, magistrados, legisladores y los empleados que son funcionarios o que ocupan cargos en el ejecutivo deben presentar su declaración jurada patrimonial” y agregó “si bien es una ley del año 1958, tiene un criterio bastante visionario porque es información similar a lo que pueden presentar ante otras autoridades con competencias como ARCA o la Unidad de Información Financiera y determina que debes presentar un detalle de tu patrimonio, el origen, que determines quiénes son tus ascendientes, descendientes, ciertos familiares”.

Al referirse al alcance de la Ley 5, Miranda sostuvo que abarca al gobernador, vicegobernador, ministros del Poder Ejecutivo, magistrados judiciales, legisladores y empleados funcionarios.

Y agregó que, en los últimos 32 años “desde el 1991 a 2023, solo se habían registrado 937 declaraciones”, mientras que, por el contrario, en este último año de gestión se han presentado más de 2.900 declaraciones, y aún hay plazo hasta el 24 de marzo para hacer el trámite, por lo que este número podría crecer.

Laura Miranda.webp

Miranda destacó los puntos sobresalientes del decreto, respecto a su relación con la Ley 5: “El decreto que ha firmado el Gobernador ha establecido que no podrán asumir en funciones aquellos funcionarios designados que no presenten en forma previa la declaración jurada patrimonial, y ante el incumplimiento de dicha declaración otra de las consecuencias será la retención de sus haberes”, señaló.

Esta ley involucra no solo al Poder Ejecutivo, sino al Poder Legislativo y Judicial. “El 21 de febrero ha adherido el Consejo de la Magistratura, por lo que ellos disponen hasta el 8 de abril para entregar sus declaraciones”, aclaró al indicar que para todos “son 30 días hábiles a partir de la notificación que hace Recursos Humanos”.

La escribana general también explicó que las declaraciones juradas patrimoniales son secretas y pueden ser abiertas únicamente por disposición judicial, por el propio interesado o inclusive por una comisión especial de la Legislatura que establece el artículo 7 de la Ley 5, para investigación de hechos de corrupción o de enriquecimiento ilícito de funcionarios.

Y detalló que existe un protocolo para su apertura y que “todas las declaraciones juradas se archivan en forma definitiva en la Escribanía General de Gobierno”.