La justicia neuquina rechazó apartar al juez Astoul Bonorino. La comunidad sostiene que no hay garantías de imparcialidad. ¿Por qué no se cumple el desalojo?
La Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes rechazó el pedido de recusación contra el juez Francisco Astoul Bonorino, quien ordenó el desalojo de la comunidad mapuche Quintriqueo en Villa La Angostura. La orden de desalojo de tierras sigue vigente, pero hubo una intervención del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y no se materializó el accionar, por ahora, de la fuerza policial.
De acuerdo con esta resolución, el magistrado continuará interviniendo en una nueva causa por tierras en disputa en la zona de Bandurrias al pie del cerro Belvedere, pese a que la defensa denunció falta de imparcialidad.
La comunidad argumentó que el juez no podía seguir actuando porque ya había ejecutado una orden de desalojo en un expediente anterior. Ese hecho, dijeron, vulneraba el derecho a un tribunal imparcial. Sin embargo, los camaristas Manuel Castañón López y Pablo Furlotti desestimaron los planteos y respaldaron al magistrado.
Los jueces firmaron la resolución el pasado 13 de junio, y ratificaron que Astoul Bonorino podrá seguirá al frente en la causa “Comunidad Mapuche Lof Kintrikeu c/ Broers María Cristina s/ acción reivindicatoria”, expediente que sigue el trámite en el Juzgado Civil de Primera Instancia de Villa La Angostura.
Comunidad mapuche en Villa La Angostura: las causas con una pobladora
La comunidad Quintriqueo había solicitado apartar al juez por entender que no era imparcial. Su argumento era que el magistrado había intervenido previamente en otra causa vinculada, donde ordenó el desalojo de la familia Quintriqueo, tras cumplir una sentencia dictada años antes, en favor de María Cristina Broers, quien también es parte actora en esta nueva demanda.
En ese expediente anterior, caratulado “Broers María Cristina c/ Quintriqueo Pascual Felidoro (unos de los primeros pobladores de ese lote) y otros s/ Incidente de ejecución de sentencia”, se ejecutó una sentencia firme del año 2012 dictada por el juez Andrés Luchino. Pero Astoul Bonorino solo intervino años después, como juez titular del Juzgado local, para hacer cumplir la orden.
Los abogados de la comunidad señalaron que esa participación del juez -ordenando el desalojo en 2022- lo ponía en una posición comprometida para actuar con independencia en esta nueva causa, donde se discute el fondo del derecho. En este sentido, es si Broers tiene o no derecho a reivindicar ese terreno, o si se trata de tierras que ocupaban los mapuches.
Además, hicieron referencia a tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho de toda persona a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial.
También mencionaron que habían elevado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos ocurridos durante el desalojo. Y que esto sumaba elementos para dudar de la neutralidad del juez.
Sin embargo, los jueces de la Cámara no compartieron esa visión. En el fallo, señalaron que no había elementos suficientes para apartar a Astoul Bonorino y que su rol en el expediente anterior fue estrictamente procesal y legal, cumpliendo con una sentencia dictada por otro magistrado en 2012.
“No se observa que el juez haya adelantado opinión sobre la pretensión entablada en esta nueva causa”, afirmaron los camaristas. “Participó únicamente de la ejecución de una sentencia firme, sin haber emitido opinión sobre el fondo de este nuevo proceso”, dijeron.
"Emitir fallos no significa adelantar opinión"
También explicaron que el hecho de que un juez haya dictado resoluciones en otra causa no implica prejuzgamiento y citaron una doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según esa línea, emitir fallos no significa adelantar opinión, sino ejercer la función jurisdiccional.
Además, los jueces consideraron que una petición ante la CIDH no equivale a una denuncia formal contra un magistrado, por lo que tampoco constituye una causal válida para recusarlo según el Código Procesal Civil de Neuquén.
“No se han brindado elementos concretos sobre qué tipo de denuncia se habría hecho, ni ante qué organismo ni qué hechos se le atribuyen al juez”, argumentaron. “Una queja ante la CIDH no se traduce en un reproche personal contra el magistrado que comprometa su imparcialidad”, dijeron.
Con esta resolución, el juez queda confirmado en su cargo y podrá continuar con el juicio por la acción reivindicatoria iniciada por Broers, quien reclama nuevamente la posesión del lote. Es decir, seguir adelante con el desalojo.
Pero desde la comunidad mapuche Quintriqueo insisten en que el proceso judicial avanza sin respetar las leyes que protegen los derechos de los pueblos originarios, como la Ley Nacional 26.160 -que suspende desalojos hasta que se releven territorios indígenas- (y derogada en la gestión de Javier Milei) y el Convenio 169 de la OIT, que exige la consulta previa, libre e informada.
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