Cómo funciona la tobillera electrónica que usará Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para que cumpla su condena a seis años de prisión por corrupción. La medida fue notificada oficialmente en la tarde del martes, e incluye el uso obligatorio de una tobillera electrónica.

El dispositivo forma parte del protocolo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utiliza para casos de arresto domiciliario y contempla articulación con el Poder Judicial.

La tobillera estará conectada a un sistema de geolocalización que registra en tiempo real cualquier movimiento fuera del perímetro establecido.

tobillera.jpg

Según precisaron, el sistema consta de dos elementos principales: una unidad colocada en el tobillo y un equipo instalado en la vivienda de la exmandataria. Ambos aparatos se encuentran enlazados y transmiten datos en tiempo real a una Guardia de Monitoreo.

El software detecta manipulaciones indebidas del equipo o cualquier intento de fuga. También permite registrar egresos autorizados por la Justicia, siempre con recorrido vigilado vía GPS.

Además, se pueden fijar zonas de exclusión específicas que, en caso de ser vulneradas, generan alertas automáticas. Esta tecnología surgió para reforzar la supervisión de personas imputadas por violencia de género, pero se adaptó también a otros tipos de arrestos domiciliarios.

tobillera 2.avif

En el caso de Cristina Kirchner, el monitoreo será reforzado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que deberá enviar informes al tribunal cada tres meses.

Tensión política y disputa simbólica en torno al arresto

La decisión judicial busca, entre otras cosas, evitar el traslado físico de la exmandataria a los tribunales de Comodoro Py. Con esto, el TOCF 2 pretende desactivar la convocatoria que preparaban sectores del peronismo, con La Cámpora al frente, para manifestarse frente a los juzgados. Sin embargo, fuentes del justicialismo confirmaron que las movilizaciones seguirán en pie, aunque podrían concentrarse en el domicilio de la exmandataria y en distintos puntos estratégicos de la Ciudad.

Para el oficialismo nacional y la administración porteña, la medida busca minimizar el impacto político del caso. Aun así, persiste la preocupación por la posibilidad de concentraciones masivas. Desde el entorno de Cristina Kirchner se habla de una “proscripción” y de una utilización política de la condena. Para algunos dirigentes, la prisión domiciliaria podría transformarse en una nueva plataforma de visibilidad y liderazgo, como ocurrió históricamente en otros contextos con figuras del peronismo.

El tribunal, consciente de esta dimensión, le pidió expresamente a Cristina Kirchner que se abstenga de realizar acciones que alteren la tranquilidad del vecindario. El mensaje apunta a sus apariciones en el balcón del departamento de la calle San José, donde militantes ya se congregan desde hace varios días. Aunque no se prohibieron de manera explícita esas salidas, se advierte una intención de acotar su exposición pública desde el hogar.

Condiciones de detención: visitas restringidas y custodia limitada

El arresto domiciliario implica varias condiciones adicionales. La Justicia otorgó a la exmandataria 48 horas para presentar un listado detallado de las personas que podrán visitarla: integrantes de su grupo familiar, personal médico, abogados defensores y personal de custodia política. Esta nómina permitirá a las autoridades judiciales controlar el ingreso y egreso de visitantes y evitar que se transforme en un espacio de reuniones políticas frecuentes.

Cristina (1).png

El dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, aunque desestimado por el tribunal, había advertido que el cumplimiento de la pena debía regirse por un esquema estricto. Si bien no existía obligación de acatar esa opinión, el tribunal incorporó varias de sus sugerencias, como la colocación de la tobillera, que la defensa de Cristina Kirchner había intentado evitar. También incluyó controles regulares y la posibilidad de revocar el beneficio en caso de incumplimiento.

Por otra parte, los abogados de la expresidenta argumentaron razones de seguridad personal para justificar la necesidad de la domiciliaria, en especial tras el intento de atentado contra su vida en 2022. La Justicia consideró esa situación, aunque no modificó los estándares de control.

En este contexto, la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner no solo plantea una discusión jurídica, sino también un conflicto político sobre los límites del poder y la influencia de la exmandataria. La tensión entre el sistema judicial y el aparato político peronista continúa abierta, y el domicilio de la expresidenta se convierte, una vez más, en epicentro de una disputa que excede lo estrictamente legal.