Eliminaron un requisito clave para la compra de armas en Argentina: qué cambia

El Gobierno Nacional dispuso un cambio en el esquema de trámites vinculados al control para la adquisición de armas, lo que permitirá mayor facilidad para acceder a ellas.

La resolución fue publicada este viernes 17 de abril en el Boletín Oficial y lleva la firma del director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan.

Desde el área explicaron que el requisito eliminado generaba demoras, superposición de controles y diferencias según cada jurisdicción, lo que complicaba la gestión a nivel nacional.

La medida apunta a simplificar procedimientos administrativos y forma parte del paquete de desregulación impulsado a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Qué cambia en los trámites ante el Registro de Armas

El principal cambio de esta medida tomada por el Gobierno, es la eliminación de la exigencia de presentar habilitaciones municipales para avanzar con distintos trámites ante el organismo. Hasta ahora, ese documento era obligatorio para validar condiciones de funcionamiento según normas locales.

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La nueva normativa modifica los requisitos para trámites vinculados a armas y elimina la exigencia de habilitación municipal

A partir de la nueva resolución, los usuarios deberán presentar únicamente la certificación emitida por la autoridad jurisdiccional competente, lo que reduce la cantidad de documentación requerida. El objetivo oficial es agilizar procesos y evitar duplicaciones innecesarias.

Según se detalló, la medida impacta en trámites de inscripción, renovación, reapertura y cambios de domicilio. El nuevo esquema busca unificar criterios en todo el país y acortar los tiempos administrativos.

Alcance: fábricas, depósitos y servicios vinculados

La desregulación alcanza a múltiples actividades bajo control del organismo. Entre ellas, se incluyen las gestiones vinculadas a fábricas, depósitos y almacenamiento de nitrato de amonio en solución, un insumo sensible por su potencial uso en explosivos.

También abarca a agencias de seguridad privada, empresas de transporte de caudales y entidades financieras. En todos estos casos, ya no será necesario presentar constancias municipales para realizar trámites ante el Registro.

Esto implica que procesos como habilitaciones, prórrogas o modificaciones operativas se realizarán con menos requisitos formales. La reducción de trámites apunta a mejorar la eficiencia administrativa, especialmente en sectores con alta regulación.

En el sector privado, la medida podría traducirse en una disminución de costos operativos y tiempos de gestión, ya que muchas empresas debían tramitar certificaciones diferentes según cada municipio. Esa dispersión generaba demoras y criterios dispares en la aplicación de las normas.

Menos requisitos, pero controles vigentes

Desde el organismo aclararon que la eliminación de este requisito no implica una flexibilización total del sistema de control. Las normativas locales siguen vigentes y cada jurisdicción mantiene la responsabilidad de fiscalizar condiciones de funcionamiento.

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Es decir, las empresas y usuarios deben continuar cumpliendo con las exigencias municipales, aunque ya no sea necesario presentar esa documentación en los trámites ante el Registro. El control se mantiene, pero se separan las instancias administrativas.

La resolución también deja sin efecto disposiciones previas, como partes de la normativa 220/08 y modificaciones introducidas en la 35/14, que establecían la obligación ahora eliminada. El nuevo esquema rige desde su publicación oficial.

El RENAR, encargado de regular armas, explosivos y materiales controlados en Argentina, ya había iniciado en los últimos meses un proceso de revisión de requisitos administrativos. Este cambio se suma a esa línea y busca hacer más ágiles los trámites sin modificar los estándares de control técnico y de seguridad.

Con este nuevo esquema, el organismo redefine su sistema de validación documental en línea con la política de desregulación. El foco está puesto en reducir burocracia, aunque el resultado final dependerá de cómo se articule el control entre Nación, provincias y municipios.