Escándalo en el Garrahan: el Gobierno echó a 10 empleados gremialistas que tomaron las oficinas
En total fueron 11 los trabajadores cesanteados. El reclamo que derivó en el inicio de un sumario.
Once trabajadores del Hospital Garrahan quedaron alcanzados por cesantías tras la toma de la Dirección Médica.
El Gobierno Nacional resolvió la cesantía de once empleados del Hospital Garrahan luego de concluir los sumarios administrativos por un conflicto salarial. Diez de las personas sancionadas ejercían funciones como delegados gremiales.
La decisión se formalizó tras varios meses de investigación interna y abrió un nuevo capítulo en el conflicto entre las autoridades y sectores sindicales del principal centro pediátrico del país. El sumario se inició por la ocupación de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025.
El episodio se produjo en el marco de una disputa por descuentos salariales aplicados a trabajadores que participaron en medidas de fuerza. Según la reconstrucción oficial, ese día un grupo de delegados ingresó a un área clave de la conducción médica y paralizó su funcionamiento. Desde el hospital sostienen que la acción superó los límites de una protesta gremial y derivó en una ocupación que afectó tareas administrativas esenciales.
La ocupación y el inicio de los sumarios
De acuerdo con fuentes institucionales, el conflicto comenzó cuando la conducción del hospital notificó que no se pagarían los días no trabajados por paros. Poco después, representantes sindicales ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica y permanecieron allí durante varias horas.
El informe administrativo describe ocupación de espacios estratégicos, interrupción de actividades, permanencia forzada del personal presente y episodios de agresiones verbales. También consigna la negativa de los manifestantes a retirarse pese a los pedidos del área de seguridad.
A partir de ese hecho, el Consejo de Administración dispuso la apertura de 44 sumarios para individualizar responsabilidades. La investigación incluyó declaraciones de testigos, registros internos y material audiovisual. Con esos elementos, las autoridades resolvieron aplicar sanciones diferenciadas: en la mayoría de los casos se dictaron apercibimientos u otras medidas menores, pero en once situaciones se avanzó con la cesantía al considerar probado un rol activo en la organización y conducción de la toma.
Entre las personas alcanzadas figuran dirigentes vinculados a Asociación Trabajadores del Estado y APyT, además de una trabajadora sin tutela sindical.
Tutela gremial y definiciones pendientes
Diez de los once cesanteados cuentan con tutela gremial, una protección prevista por la legislación laboral que impide ejecutar despidos de este tipo sin autorización judicial. Por ese motivo, la desvinculación efectiva de esos delegados queda supeditada a lo que resuelva la Justicia laboral sobre el levantamiento de esa tutela.
La única trabajadora sin cobertura sindical podrá ser separada del cargo de forma inmediata una vez cerrado el trámite administrativo.
En un comunicado, el Hospital Garrahan afirmó que la toma “no se trató de un ingreso circunstancial”, sino de una acción que impactó sobre el funcionamiento institucional y se desarrolló en un contexto que, según la evaluación interna, puso en riesgo la atención de pacientes. Desde la conducción sostienen que las once personas sancionadas diseñaron, dirigieron y ejecutaron la ocupación, en lugar de canalizar sus reclamos por vías legales.
El texto oficial también remarcó que la institución no permitirá que “unos pocos” condicionen el trabajo cotidiano del hospital y subrayó que la prioridad pasa por garantizar la asistencia en un centro que recibe derivaciones pediátricas de todo el país.
Un conflicto gremial que escala al plano judicial
Desde el ámbito sindical, la lectura del episodio resulta muy distinta. Delegados y organizaciones gremiales aseguran que la ocupación respondió a los descuentos salariales y a la falta de respuestas frente a reclamos laborales acumulados. Además, anticiparon que presentarán recursos judiciales para impugnar las cesantías, especialmente en los casos con tutela gremial.
También anunciaron la continuidad de acciones gremiales en defensa de los empleados sancionados, lo que mantiene abierto un frente de tensión dentro del hospital.
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