La Justicia analiza designar veedores para revisar balances y contratos en la AFA

El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, analiza avanzar con la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para revisar balances, contratos y otros aspectos administrativos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La medida, que aún se encuentra en evaluación, podría convertirse en una de las primeras decisiones relevantes del funcionario desde que asumió el cargo.

En caso de ser finalmente designados, los veedores tendrán la misión de revisar documentación contable, contratos y operaciones financieras de la entidad que gobierna el fútbol profesional del país. Se trata de negocios por más de 110 millones de dólares que están siendo investigados por la Justicia argentina y en Estados Unidos por irregularidades y manejos opacos en la administración de los fondos.

La medida no es menor. De concretarse, los funcionarios designados tendrán amplias facultades para examinar balances, libros societarios y registros administrativos vinculados con la gestión económica de la institución. También deberán elaborar un informe para el Ministerio de Justicia y la Inspección General de Justicia (IGJ), que es el organismo que impulsó la investigación.

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Sin embargo, en el entorno del ministro admiten que la decisión todavía no está completamente cerrada. El proceso de análisis está avanzado, aunque Mahiques revisará previamente el expediente para verificar que no existan irregularidades en los trámites administrativos. En ese marco, en el Gobierno reconocen que existe un margen de duda —estimado en alrededor de un 10%— sobre la posibilidad de que el nombramiento finalmente no se concrete si aparecen observaciones relevantes en el expediente.

Presunta corrupción en la AFA: el origen de la investigación

El conflicto comenzó a tomar forma a fines de febrero, cuando la Inspección General de Justicia solicitó formalmente la designación de veedores para auditar distintos aspectos del funcionamiento institucional y económico de la AFA. La solicitud incluyó la revisión de los estados contables recientes y diversas relaciones comerciales con empresas privadas ligadas al negocio del fútbol.

El pedido del organismo también puso el foco en contratos y operaciones financieras vinculadas a la comercialización de derechos del fútbol, uno de los principales activos económicos del sistema deportivo argentino. Entre otros puntos, se solicitó analizar acuerdos con empresas privadas y reconstruir el flujo de fondos derivados de esos convenios.

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En la IGJ sostienen que la veeduría no constituye una intervención ni implica el desplazamiento de las autoridades de la entidad. La figura jurídica prevista es la de un control externo limitado, cuyo objetivo es examinar documentación y elaborar un informe técnico sobre la situación institucional.

En términos formales, la designación de los veedores debe ser resuelta por el Ministerio de Justicia, ya que la legislación vigente establece que la intervención en asociaciones civiles bajo esta modalidad requiere una decisión de la autoridad política del área.

Ese paso administrativo es, justamente, el que ahora debe definir Mahiques, que lo “heredó” de la gestión de Mariano Cúneo Libarona y Daniel Roque Vítolo, el ex titular de la IGJ, que fue reemplazado por Alejandro H. Ramírez.

Una definición clave en el inicio de la gestión

El expediente llegó al despacho del nuevo ministro en un momento particular. La cartera de Justicia atraviesa una etapa de reorganización interna tras la salida de varios funcionarios y cambios en organismos clave del área.

Entre esas modificaciones se encuentra la propia Inspección General de Justicia, que quedó en el centro de la escena política por el conflicto con la AFA y por la ofensiva administrativa que inició en las últimas semanas para auditar el funcionamiento económico de la entidad.

En ese contexto, la decisión sobre los veedores aparece como una definición clave en el inicio de la gestión de Mahiques al frente del ministerio. La resolución tendrá impacto no solo en el mundo del fútbol sino también en la dinámica política entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la conducción de la AFA.

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El expediente, además, se amplió en los últimos días. Antes de dejar su cargo, el entonces titular de la IGJ firmó una nueva resolución para extender el pedido de veedores a la estructura de la Superliga, una asociación civil que administró contratos y recursos del fútbol profesional durante los últimos años.

Según el organismo, esa entidad manejó ingresos por alrededor de USD 348 millones entre 2020 y 2024, provenientes principalmente de contratos vinculados con derechos audiovisuales del fútbol argentino.

La investigación apunta a determinar cómo se administraron esos recursos y cuál fue la relación institucional y financiera entre la Superliga y la AFA.