La salida de Lavagna y la pelea por el control del INDEC no es por la inflación pasada, sino por la que vendrá

“No se pueden comparar peras con manzanas. Marco quería cambiar el índice y ya tenía una fecha. El Presidente no estaba de acuerdo”, explicó Luis "Toto" Caputo. El ministro de Economía demoró 48 horas en ponerse al frente de la repentina partida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). La primera versión la aportó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó. En el Gobierno reconocen que son los primeros escarceos de la extensa batalla que se avecina sobre la forma de medir la inflación. Su reducción, a una meseta del 2 por ciento mensual, ha sido uno de los mayores capitales políticos de la administración libertaria y, por primera vez, la forma de construir ese número ha entrado en una discusión que no se saldará pronto.

Las primeras especulaciones que surgieron sobre la salida de Lavagna hablaban de una discusión sobre el estreno de la nueva canasta elaborada para medir el índice. El extitular del INDEC pretendía utilizarla para definir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero y Caputo no. El disparador habría sido porque la medición que se publicará dentro de 10 días iba a ser superior a los últimos índices. Sin embargo, un análisis de la consultora Epyca, dirigida por el economista Martín Kalos, advierte que el problema no es la inflación de enero, sino de la que viene.

La medición actual y la nueva

"En este cambio puede entenderse la motivación política de dar marcha atrás con la actualización del IPC", sostiene el paper y se enfoca en el impacto que tendrá la nueva canasta, donde el peso de los servicios públicos es mucho mayor que la anterior, que data de 2004 y sigue usando "una canasta de bienes y servicios de cuando no existía la conexión masiva a internet ni los celulares inteligentes, pero sí se incluía medir el precio del fax, de diskettes y compact discs y del alquiler de películas en videoclubes".

La que venía desarrollando el INDEC desde hace un año esta basada en datos de consumo de 2017 y 2018. "Pondera en mayor medida a los servicios públicos en la canasta. Es lógico: precisamente en esos años se corrigió abruptamente el atraso en las tarifas que las familias y empresas pagaban por su electricidad, agua, gas y transporte público", recuerda el informe para referirse a los tarifazos de la gestión de Cambiemos. Fueron los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri, cuando los aumentos en los servicios públicos marcaron el derrotero electoral de su futuro. Los más duros sostenían que tenían que haber ido a fondo, los autopercibidos "gradualistas", defendieron esa fórmula escalonada de aumentos que aún así esmeriló la capacidad electoral de la coalición conformada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Esa discusión comenzó a ser saldada con la victoria de La Libertad Avanza en 2023 y la absorción del 80% de los votos que había acumulado Macri.

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El escenario que traza Epyca retoma ese hilo y explica por qué se reeditará aquella pulseada que sigue sin resolverse. "Desde que inició el gobierno de (Javier) Milei, los servicios (especialmente los servicios públicos) son los que más han aumentado de precio. Por eso, incluso los datos de 2017-2018 hoy quedan atrasados; pero menos que si seguimos usando los de 2004". El dato no es menor, porque "los rubros vinculados a servicios públicos pesan 8,4 puntos porcentuales más con la Canasta 2017-2018 que con la Canasta 2004. Si efectivamente aún faltan hacer ajustes de las tarifas que pagan los hogares y empresas en sus facturas de luz, agua y gas en los próximos meses, entonces la inflación medida por el nuevo IPC efectivamente iba a dar más alta en el futuro bajo la nueva metodología".

Hay un indicio que permite comprender las razones de la urgencia. Viene del propio dispositivo libertario. "Hace apenas dos semanas el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, mostró en una conferencia que el Gobierno Nacional aún cree que los servicios públicos siguen teniendo los precios más atrasados de la economía argentina: tomando como referencia el primer semestre de 2019, se ubican un 25% por debajo", recordó el análisis. A ese paquete se suman "las Comunicaciones que están 20% atrasadas en sus precios y con la nueva canasta aumentarían su ponderación en el IPC en 2,3 puntos porcentuales".

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La pelea entre los nuevos y los viejos métodos encierra un número que puede resultar preocupante para Milei. "Lo que está en juego en estos cambios son 11 puntos porcentuales adicionales de impacto de los rubros cuyos precios siguen más “atrasados". Para un Gobierno cuya principal bandera ante los ojos de su electorado es la desinflación y estabilización, no debe ser un dato menor", acota el escenario cuyo título es: "El trasfondo político del IPC en el INDEC". El análisis sostiene que la partida de Lavanga y su reemplazo por su segundo, Pedro Lines, configura "una decisión política de 'partidizar' y tergiversar la información estadística, para que los indicadores muestren lo que el gobierno prefiere: una desinflación más sostenida que la desinflación que sí está logrando el Gobierno desde que asumió, pero que se estancó en los últimos ocho meses. Si bien ninguna metodología es perfecta, la decisión de perder rigurosidad no es casual: en épocas de post verdad, se adapta el dato al relato", concluye el paper.

El antecedente: Guillermo Moreno

A la profunda controversia que se avecina sobre la forma de medir la inflación, hay un espejo muy incómodo para el equipo económico de Caputo y también para el discurso de Miel. Se llama Guillermo Moreno. En agosto de 2024 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital Federal condenó al exsecretario de Comercio de la Nación a tres años de prisión condicional y a seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, como autor del delito de “abuso de autoridad en concurso ideal con el de destrucción e inutilización registros públicos”. La condena es por la manipulación de datos del INDEC entre marzo de 2006 y agosto de 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

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Los fiscales consideraron probado que Moreno "abusó de las funciones públicas que le fueran asignadas, al menos desde la Semana Santa de 2006 y hasta enero de 2007, al instar a los entonces funcionarios del INDEC a que le suministrasen datos protegidos por el secreto estadístico y para que implementen ciertos cambios en el modo y en la metodología en que se venía elaborando el índice de Precios al Consumidor (IPC). Moreno primero lo hizo como secretario de Coordinación Técnica y después como secretario de Comercio Interior y le dio instrucciones al entonces director del INDEC, Lelio Alberto Mármora, a la jefa de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida, Clyde Elisa Charre de Trabuchi, y a la titular de la Dirección de Índices de Precios al Consumo, Graciela Bevacqua.