Lo echaron del trabajo por insultar a una compañera y ahora tienen que indemnizarlo

Un trabajador de limpieza con solo seis meses en su puesto logró que la Justicia laboral revocara un despido dispuesto por “justa causa”. La empresa lo había desvinculado al sostener que insultó a una compañera. El empleado negó ese episodio y reclamó el pago de indemnizaciones, salarios pendientes y compensaciones previstas por ley.

El episodio que originó el litigio ocurrió en abril de 2016. La empresa afirmó que el trabajador respondió de manera ofensiva cuando una compañera le consultó por el estado de sus tareas. Esa conducta, según la carta de despido, rompía la convivencia interna y daba motivo suficiente para finalizar la relación. El empleado rechazó de plano el relato y sostuvo que nunca incurrió en una falta grave.

La demanda incluyó indemnización por cese sin causa, salarios adeudados, horas extras y una reparación adicional por certificaciones laborales incompletas. La compañía se mantuvo firme en su relato, apoyada en el testimonio de la colega involucrada en el incidente.

En primera instancia, la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires evaluó la prueba reunida durante el proceso y modificó por completo el criterio inicial. Los jueces concluyeron que la compañía no demostró la supuesta injuria y que el despido resultó injustificado.

El fallo fue realizado en las oficinas judiciales de la ciudad de Cipolletti.

La jueza entendió que la testigo se expresó con claridad y sin contradicciones. Bajo ese razonamiento, concluyó que existió una falta de respeto incompatible con la continuidad del vínculo, lo que justificaba eximir a la empleadora del pago de cualquier indemnización.

La Cámara revisó la prueba y detectó falta de imparcialidad

El trabajador apeló. Sostuvo que el testimonio presentado por la empresa no era suficiente para dar por acreditado el hecho imputado y que la sanción resultaba excesiva. La Sala VI comenzó entonces a analizar cada elemento del expediente.

Los jueces observaron que la declaración de la compañera era la única prueba directa del episodio y que la testigo tenía un interés evidente en el resultado, por estar involucrada de manera personal en el conflicto. Esa circunstancia llevó al tribunal a restar valor a su testimonio y a considerar que la empleadora no logró sostener con evidencia neutral la acusación inicial.

A esto se sumó una declaración presentada por la defensa del trabajador. Un colega describió al demandante como una persona respetuosa, predispuesta y sin problemas de convivencia. Para los camaristas, ese aporte reforzó la idea de que la empresa no demostró la existencia de una injuria grave que justificara una medida tan extrema como el despido directo.

El cálculo de horas y la liquidación final cambiaron el resultado económico

La Cámara también examinó la jornada laboral y el convenio colectivo aplicable. Determinó que el trabajador cumplía una jornada continua de siete horas diarias, con un descanso corto que no podía computarse como pausa prolongada. Ese esquema sumaba 47,25 horas semanales, cifra que excedía el máximo permitido por normativa, fijado en 42 horas.

Esa diferencia implicó que el trabajador generó 21 horas extras al mes, nunca reconocidas por la empresa. La sentencia ordenó su liquidación conforme a la ley, junto con los demás conceptos derivados del cese.

El fallo final incluyó indemnización por antigüedad, pago sustitutivo de preaviso, sueldo anual complementario proporcional, horas extras, penalidades previstas para trámites administrativos obligatorios y reparación por certificaciones laborales inexactas o incompletas. El monto total superó los $76.000 a valores nominales, sujeto a actualización por IPC y con una tasa anual del 3% hasta el pago completo.