Un policía robó las ruedas de un patrullero, las vendió y descubrieron para qué usó la plata

Un episodio que expone una grieta profunda en la confianza pública sacudió a la provincia de Santa Fe. Un subinspector de la Policía provincial terminó condenado, tras cometer un robo con el objetivo de juntar dinero para resolver un problema personal.

El caso, que combinó abuso de poder, maniobras de ocultamiento y una deuda privada, terminó con una pena de prisión, una multa económica y la expulsión definitiva de la fuerza.

José Nicolás López, integrante de la Unidad Regional XVI con sede en San Justo, se robó las cuatro cubiertas del móvil policial que tenía bajo su custodia y las vendió para pagar una deuda de $400.000. La operación dejó al patrullero fuera de servicio y activó una investigación penal que avanzó con rapidez.

Dos semanas después del hecho, el tribunal dictó una condena de tres años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales y una multa de $90.000, el máximo que prevé la ley para este tipo de delitos.

La resolución se dictó en el marco de un juicio abreviado en los tribunales santafesinos, bajo la conducción del juez Pablo Ruiz Staigeer. La investigación quedó a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, quien presentó las pruebas que permitieron reconstruir cada paso de la maniobra.

Un patrullero usado como garantía de una deuda

Los hechos ocurrieron entre el miércoles 24 y el viernes 26, durante un período en el que López se desempeñaba como subinspector en la Comisaría Primera de San Justo.

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El policía tenía asignada la custodia de un móvil oficial que permanecía estacionado dentro de la dependencia. Ese control, que debía asegurar la integridad del vehículo, se convirtió en la llave para el delito.

Según la fiscalía, López retiró una por una las cuatro cubiertas del patrullero y se las llevó sin dejar rastro inmediato. Con esos neumáticos en su poder, concretó una venta irregular a una persona con la que mantenía una deuda previa. De ese modo, transformó un bien del Estado en una moneda de cambio privada, una práctica que encaja dentro del delito de peculado.

El comprador recibió las cubiertas como parte de pago de los $400.000 que López debía. Durante algunos días, el faltante pasó inadvertido. Sin embargo, cuando se detectó que el patrullero estaba sin ruedas, la comisaría inició un relevamiento interno que derivó en una denuncia formal.

El fiscal Hernández explicó que el imputado actuó con plena conciencia de su rol y de la ilegalidad de la maniobra. Además de sustraer las cubiertas, las ofreció como si fueran de su propiedad, una conducta que también encuadra en el delito de estelionato.

Intentos de encubrimiento y presión al comprador

El caso no se limitó al robo. Cuando el faltante comenzó a circular dentro de la dependencia, López intentó evitar que la investigación lo alcanzara. Según la acusación, buscó entorpecer el proceso y protegerse de una imputación penal.

Uno de los ejes de esa estrategia fue la presión sobre la persona que había comprado las cubiertas. El ex subinspector lo contactó con el objetivo de que ocultara los neumáticos y evitara cualquier mención que lo involucrara. Esa conducta, para la fiscalía, mostró un intento claro de obstaculizar la acción de la Justicia.

El expediente incluyó una serie de pruebas técnicas y testimoniales. Entre ellas, se analizaron los registros del GPS del patrullero, que permitieron verificar movimientos y tiempos, y las imágenes de cámaras de seguridad de la zona. A eso se sumaron declaraciones de testigos que ubicaron a López en momentos clave del retiro y traslado de las cubiertas.

Con ese conjunto de evidencias, el Ministerio Público logró reconstruir la secuencia completa del delito y demostrar la responsabilidad directa del policía.

Una condena que marca un límite institucional

En el juicio abreviado, López reconoció su responsabilidad penal como autor de peculado y estelionato, ambos agravados por el fin de lucro. Ese reconocimiento permitió cerrar el proceso sin debate oral, pero no redujo el peso de la sanción.

El juez Ruiz Staigeer impuso una pena de tres años de prisión, que por las características del caso puede cumplirse de manera condicional, junto con una multa de $90.000. Además, dictó la inhabilitación perpetua para ejercer en la Policía, una medida que busca enviar un mensaje claro hacia dentro de la institución.

La sentencia dejó en evidencia que el uso indebido de bienes públicos no se trata como una falta menor, sino como un ataque directo a la función del Estado. Un patrullero sin cubiertas no solo representa una pérdida económica, sino también una reducción de la capacidad operativa de la fuerza en una zona que depende de esos móviles para la prevención y la respuesta ante delitos.