A un año del cierre, la crisis carcelaria no mejora y la U11 seguirá clausurada

A un año del cierre preventivo de los penales de la provincia, se realizó una nueva audiencia, aunque sin muchas novedades. El Ministerio Público de la Defensa sostiene que la sobrepoblación sigue en alza y que las medidas del ejecutivo no alcanzan a paliar la crisis carcelaria. Por esto, la U11 permanecerá cerrada.

Cabe recordar que en diciembre de 2022, las juezas Raquel Gass y Alicia Rodríguez ordenaron el cierre de todos los penales provinciales, luego de que el Ministerio Público de la Defensa denunciara las condiciones de insalubridad y hacinamiento que se presentaba en todas las unidades, que lamentablemente se encuentran aún al borde del colapso y superadas en cupo. En ese contexto, también ordenaron al ejecutivo provincial la regularización de ciertas medidas de seguridad y el inicio de refacciones urgentes, que poco a poco avanzan, aunque no alcanzan a paliar el problema.

Sumado a todo esto, los parámetros de habitabilidad mínimos establecidos por el Comité Nacional Contra la Tortura (lugares de esparcimiento, luz natural y agua potable, 6 metros cuadrados por persona) tampoco se cumplen y para cambiar la situación haría falta una importante reestructuración e inversión de parte del gobierno provincial.

En ese marco, este miércoles tuvo lugar una nueva audiencia para revisar los "avances" de la situación y de las obras prometidas por el ejecutivo.

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Sebastian Fariña Petersen

En un comunicado, la defensora de Ejecución Luciana Petraglia, que encabeza la causa, informó que la sobrepoblación sigue vigente y que las alternativas ofrecidas no alcanzan.

Por un lado, el gobierno provincial había indicado que una porción de las personas privadas de la libertad que exceden el cupo de la U11 podrían ser alojadas en el Complejo Penitenciario Federal de Senillosa, aunque esto finalmente no ocurrió porque se requerían reformas previas.

También se planteó el traslado de algunos de ellos a un penal de San Luis, aunque esto va en contra de los derechos de los condenados, que tienen a sus familias en el Alto Valle. Por esto, Petraglia reconoció que las opciones "no son una definición posible para paliar la sobrepoblación".

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Por otro lado, indicó que se encuentra en construcción un nuevo pabellón de máxima seguridad en la U11, aunque este "recién va a estar terminado para fines de 2024 o 2025 y alojaría a 24 personas, por lo que a entender de esta Defensa, no va a poder paliar la sobrepoblación del 11% que tenemos en la provincia".

"No existe planificación acorde"

En otra línea, cabe recordar que con el cierre de los penales, las comisarías de la provincia también comenzaron a sufrir las consecuencias al tener albergados no solo a procesados sino también a condenados que no cuentan con una plaza en los penales, sumado a que las condiciones en ellas no dan abasto para alojar a tantas personas, ni en espacio ni en recursos.

Sobre esta situación "no ideal" pero penosamente inevitable, la defensora indicó que es imposible localizarlos en penales al menos por el momento, ya que en la U11 "se siguen verificando agravamientos de las condiciones de detención, principalmente por la falta de prevención de incendios".

"La sobrepoblación en la provincia creció de noviembre de 2022 a esta parte y no existe al día de hoy una planificación que permita suponer que vamos a poder hacer frente a esa sobrepoblación a corto o mediano plazo", expresó.

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En cuanto a nuevos planteos realizados este miércoles, indicó que se requirió que se finalicen las obras de prevención de incendio y el taller de formación profesional para febrero del 2024, así como también la entrega de los informes criminológicos pendientes para marzo de 2024, para poder otorgar la libertad o reubicar en casas de pre-egreso a aquellos detenidos que estén en condiciones de recibirla y así reducir la cifra actual de alojados.

De esta manera, la "clausura" de la U11 seguirá vigente.

Petraglia sostuvo que "la situación es acuciante; nos sorprende que despues de un año no tengamos definiciones políticas acordes a la presente sobrepoblación y esperamos que las autoridades que asuman próximamente puedan hacer frente y presentar una planificación para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad".