Sobrepoblación e insalubridad en la U11: crónica de un cierre anunciado

Las terribles condiciones de la Unidad de Detención 11 (U11) finalmente llegaron al punto del colapso y la Justicia ordenó su cierre temporal, imposibilitando el ingreso de nuevos condenados. Sin embargo, lo que más indigna de esta cuestión es que las malas condiciones intramuros eran motivo de denuncias y audiencias de habeas corpus desde hace años, durante los cuales nunca se trabajó ni invirtió en soluciones efectivas.

Cabe recordar que las quejas dentro del ámbito judicial con respecto a las problemáticas que presenta el edificio han sido recurrentes en los últimos años, pero la solución nunca llegó y la situación continuó deteriorándose y despertando incluso la indignación de los propios internos, que hoy exceden en 32 personas el cupo límite para el predio y sufren esas condiciones en carne propia.

El último motín que trascendió, cuya génesis fue aparentemente una disputa entre internos, fue aquel que resultó en el incendio de un pabellón y la muerte de dos condenados conocidos en la región: Víctor Herrera y Maximiliano Mérgola. Sus muertes fueron un despertar para las autoridades penitenciarias y la Justicia, que finalmente entendieron que hacía falta mano dura para evitar que otros también sufrieran las fatales consecuencias de la negligencia estatal.

Como resultado, en una audiencia de habeas corpus solicitada por el Ministerio Público de la Defensa, se hizo conocer el estado actual de la U11, y la jueza de Ejecución Raquel Gass ordenó su "cierre" temporal hasta reducir el número de alojados al cupo límite de 233 personas, además de ciertas mejoras para disponer de más espacio en condiciones para los internos.

En diálogo con LU5, la magistrada Gass reconoció que las condiciones de hacinamiento y problemas edilicios de la U11 representan un problema "con un arrastre de varios años" y que la medida que tomó es "provisoria" aunque necesaria, ya que se constataron "falencias muy graves".

En cuanto a los motivos que condujeron a este resultado, enumeró que se encuentran: "la implementación del nuevo Código Procesal en el 2014, que aceleró el proceso penal y produjo condenas en menos tiempo; la reforma de la Ley de Ejecución Penal de 2017, que complica la situación porque fijó estándares más altos para obtener egresos anticipados; y lo otro que fue una complicación significativa -que lo advertimos a los funcionarios responsables- fue la entrega del complejo de Senillosa al Servicio Penitenciario Federal (que implicó la pérdida de 550 plazas del sistema provincial) sin un plan B".

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El informe ignorado

El Comité Nacional Contra la Tortura era el organismo encargado de, entre otras cuestiones relativas a lo indicado por su nombre, realizar un relevamiento anual desde 2019 de las condiciones de los penales de la provincia, dado que no existía un órgano exclusivo a la provincia de Neuquén creado a tal fin. El mismo, pese a que los problemas y quejas llevan "un arrastre de años" como señaló la jueza Gass, hizo saber directamente al gobierno provincial a inicios de 2022 las falencias dentro del sistema penitenciario, aunque claramente no se registraron cambios hasta el cierre dictaminado esta semana.

El último informe publicado por ese órgano en marzo de 2022 se corresponde con las visitas realizadas sobre 14 lugares de detención entre el 8 y el 11 de marzo de 2021. En ese entonces, Neuquén presentaba un total de alrededor de 541 personas privadas de libertad (que hoy se estima es mayor), distribuidas entre comisarías y penales dependientes de la Policía provincial, así como también centros de salud mental que recibían a aquellos procesados considerados inimputables. Cada uno de estos lugares fue recorrido con el fin de relevar e informar cualquier irregularidad.

Dentro de los puntos a destacar del extenso informe, que contó no sólo con señalamientos sino también con recomendaciones para subsanar cada problemática detectada, se mencionaron las condiciones edilicias de varios penales e incluso de los centros de salud mental de la capital y de Centenario.

"En lo que respecta al CIPEC (Centenario), preocupan especialmente las condiciones edilicias del establecimiento y se advierte la necesidad de incrementar la planta profesional, la oferta tratamental y su red sociosanitaria. (...) En lo que refiere al establecimiento “Vida Bella” (Neuquén), este Comité pudo advertir posibles discrepancias entre el tipo de habilitación (residencia para personas adultas mayores) y las tareas que efectivamente se llevan a cabo (institución abocada a la internación/alojamiento de personas menores de 60 años con padecimientos mentales)", se señaló.

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En cuanto a los penales, se señaló como preocupantes "la falta de atención específica para la población de mujeres cis alojadas en unidades penitenciarias" y "las discrecionalidades existentes para aumentar los cupos penitenciarios tan sólo mediante la incorporación de colchones y camas en sectores no habilitados a tal fin. A su vez, las medidas de las celdas no responden a los parámetros mínimos señalados a lo largo del documento (algo que la defensa pública también denunció) y preocupa el estado en que se encuentran, especialmente la Unidad N° 11, que evidencian la necesidad de reformas en el corto plazo".

Entre otras cuestiones, el Comité señaló algunas irregularidades respecto del protocolo de detención de personas en el marco de una primera intervención. Puntualmente, indicaron: "Preocupa a este Comité las fallas en la implementación de salvaguardas en las primeras horas de la detención. A modo de ejemplo, la revisión médica se realiza en presencia de personal policial y existen dificultades para comunicarse con personas de confianza. Asimismo, la violencia institucional que sufren las personas al momento de ser detenidas y el hostigamiento que atraviesan los adolescentes especialmente aquellos provenientes de barrios populares (...) Llama la atención las dificultades que poseen las personas detenidas para acceder a espacios de recreación mientras dura su alojamiento en esos espacios, y si bien no se recomienda utilizar las dependencias durante períodos prolongados, pudo constatarse la escasez de camas, colchones y suministro de agua, especialmente en la Comisaría 25".

También se registró falta de teléfonos celulares para comunicaciones particulares de los internos, "dificultades para el acompañamiento en el proceso de aprendizaje y suministro de cuadernillos" y "demoras en la confección de informes para el avance en la progresividad y/o acceso a salidas anticipadas".

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Por último, se mencionaron quejas de los detenidos "referidas sobre el sistema de viandas y la necesidad de apoyarse en lo aportado por familiares o vínculos afectivos".

En diciembre de 2021, el gobernador Omar Gutiérrez dispuso la creación, mediante la Ley Provincial N° 3213, de un Comité idéntico a nivel provincial y que funcionaría de manera independiente en el ámbito de la Legislatura neuquina, aunque por el momento no se encuentra trabajando, dado que tan sólo días atrás se eligió a sus integrantes.

Entre los objetivos del Comité se encuentran los siguientes: diseñar y proponer campañas públicas de concientización sobre la problemática de las personas en situación de encierro; organizar talleres, encuentros o seminarios de capacitación dirigidos a agentes policiales, penitenciarios y judiciales, y a personal relacionado con la temática de las personas privadas de libertad; elevar un informe público anual a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre las tareas y actividades realizadas durante el año, las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, y la evolución de la realidad carcelaria. En síntesis, las mismas funciones atribuidas al organismo nacional.

La palabra de los protagonistas

Héctor, uno de los tantos condenados que en este momento se aloja en el Pabellón 6 de la U11, remarcó a LMN luego de la noticia del "cierre temporal" uno de los puntos ya señalados por el comité nacional, sobre las demoras procesales que se generan y perjudican no sólo a aquellos internos que están listos para acceder a una salida anticipada sino también al propio hacinamiento de la unidad al no liberarse plazas.

"Si tramitaran todo como corresponde, hay un 80 por ciento que ya están para salir", sostuvo, aunque esta información no fue confirmada oficialmente. En este sentido, agregó: "(En las audiencias) hablan ellos -las partes-, no te escuchan, y el Gabinete (Criminológico) no trabaja como tiene que trabajar. Esto es una privacion ilegítima de la libertad, no respetan el Código Penal".

El condenado también ratificó que viven en "condiciones inhumanas", que se les llueven las celdas, que los baños están rotos y que varios de ellos han sido trasladados a las salas íntimas por estas mismas cuestiones, inhabilitando esas salas para su uso original. "No se puede vivir así", expresó.

Por último, denunció que las requisas a las que son sometidos quienes van a visitarlos son sumamente invasivas.