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La Mañana U11

La Justicia "cerró" la U11 y ordenó al Gobierno poner manos a la obra

A raíz de una sobrepoblación de 32 internos, la unidad ya no podrá recibir nuevos detenidos. Se ordenó el acondicionamiento de ciertas áreas del penal y se prevé incluso la posibilidad de derivar algunos al penal federal de Senillosa.

La Unidad de Detención 11 (U11) no sólo es la más grande de la provincia, sino también la que más problemas edilicios ha reportado, dos cuestiones que sin duda van de la mano al implicar la necesidad de un mayor espacio, mayores recursos y más inversión en mantenimiento. Las quejas por hacinamiento y carencia de ciertos servicios han sido recurrentes en los últimos años, y en más de una ocasión, despertaron revueltas de los internos.

El último motín que trascendió, cuya génesis fue aparentemente una disputa entre internos, fue aquel que resultó en el incendio de un pabellón y la muerte de dos condenados conocidos en la región: Víctor Herrera y Maximiliano Mérgola. Sus muertes fueron un despertar para las autoridades penitenciarias y la Justicia, que finalmente entendieron que hacía falta mano dura para evitar que otros también sufrieran las consecuencias de la negligencia estatal.

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Como resultado, en una audiencia de habeas corpus solicitada por el Ministerio Público de la Defensa, se hizo conocer el estado actual de la U11, y la jueza de Ejecución Raquel Gass ordenó su "cierre" temporal.

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Qué se planteó en la audiencia

La defensora pública Luciana Petraglia fue quien encabezó la audiencia, al presentar varios testigos que dieron cuenta de la situación de sobrepoblación y condiciones precarias de alojamiento que presenta el penal provincial, a los fines de que se dispongan mejoras y se suspenda el ingreso de nuevos detenidos.

En la audiencia que se realizó el martes por la mañana declararon la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez; el director de Unidades de Detención, comisario Ricardo Caro; y el funcionario del Servicio de Gestión Penal del MPD, Fabián Porter, quien realizó un pormenorizado informe de las condiciones de alojamiento en los pabellones 7 y 9 de dicha unidad.

Es así que se conoció que al día 11 de octubre pasado, se observaban "falencias de infraestructura de agua, gas, albañilería y de medidas de seguridad y sistemas de prevención de incendios".

"Se observaron colchones en el piso, instalaciones eléctricas precarias, con cables por fuera de la pared y 'aislaciones' hechas con cinta scotch; esto sumado a la presencia de humedad en paredes y pisos, y la inexistencia de mangueras en los nichos hidrantes y de matafuegos para extinguir incendios", puntualizó Porter.

Por su parte, el comisario Caro informó que actualmente la U11 posee 265 internos alojados, siendo que el cupo máximo es de 233 personas. El responsable de las unidades provinciales reconoció que por este motivo, hay personas siendo alojadas en las "salas íntimas" (espacios destinados a los encuentros de los internos con sus parejas), y que no pueden compartir espacios educativos y de esparcimiento con otros compañeros.

Además, señaló sobre esta línea que la sobrepoblación se le podría atribuir -al menos en parte- a que "la modificación del Código Procesal aumentó la cantidad de condenas y de prisiones preventivas". Esto ha hecho además que se produzca un desequilibrio entre la cantidad de ingresos y egresos del penal, no llegando a producir plazas vacantes para nuevos detenidos al ritmo necesario para evitar la sobrepoblación.

En la U11, los presos no solo están hacinados, sino que no pueden acceder al beneficio de la educación superior tal como lo establece la ley.

Las "alternativas"

Respecto de las medidas que se barajan para subsanar la problemática que presenta el penal, la secretaria Marianina Domínguez indicó que en octubre se comenzaron obras de reacondicionamiento del pabellón 4 (aunque el 7 y el 9 presentan las peores condiciones) y agregó que a mitad de año se abrieron licitaciones para la construcción de un pabellón de máxima seguridad en dicho penal, aunque su plazo de ejecución estimado es de dos a tres años, por lo que no constituye una solución en lo inmediato.

Por otro lado, sí indicó que se mantuvieron diálogos con Nación por la posibilidad de alojar detenidos del sistema provincial en la cárcel federal de Senillosa, lo que permitiría derivar unas 84 personas a ese penal. Para dicha medida, se hizo un convenio que afirmó "está a la firma".

No obstante el atractivo de esta alternativa, los tres pabellones en la unidad federal que se dispondrían a tal fin no están en condiciones de habitabilidad en este momento, por lo que también se necesitaría más tiempo para ejecutar sus reformas antes de pensar en un traslado.

Cárcel de Senillosa

La decisión

Por todo esto es que la defensora Petraglia, teniendo en cuenta además las pautas establecidas para los contextos de encierro por el Comité Nacional Contra la Tortura, afirmó que no se dan las condiciones de habitabilidad mínimas.

En este sentido, se explayó sobre lo ya mencionado por el comisario Caro al señalar que en los últimos años "hubo un crecimiento exponencial del número de personas alojadas en unidades de detención en nuestra provincia, y la tendencia indica que ese número va en aumento". "Desde 2014, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal, aumentó un 86% la población carcelaria".

Enfatizó que "la decisión de ceder la cárcel de Senillosa al servicio penitenciario federal no estuvo acompañada de una planificación acorde", y por eso se llega ahora a pedir "este remedio procesal urgente, como es un habeas corpus correctivo y colectivo, solicitando el cierre de la U11 por seis meses".

La fiscal de Ejecución, Natalia Lacoste, prestó acuerdo a lo planteado desde el MPD.

Por ello y tras analizar la información, la jueza Raquel Gass hizo lugar al planteo de la defensa Pública y ordenó el cierre del penal para nuevos internos.

"Espero que a partir de junio de 2023 estemos en una nivel de ocupación de 233 internos, que es el número máximo que nos informan las autoridades penitenciarias", sentenció.

Además otorgó un plazo de 30 días para cumplir con un nuevo informe de la situación del penal y ordenó la instalación de elementos para extinguir incendios tanto en la U11 como en la U12.

Por último, instó al gobierno provincial a avanzar en la concreción del convenio para trasladar detenidos a Senillosa, considerando que "estaríamos solucionando el problema en un 80 por ciento aproximadamente".

En cuanto a las mejoras que necesita urgentemente la unidad, Gass ordenó la realización de un plan de mejoramiento y refacción de los pabellones de la unidad (a presentar como máximo en 60 días), y un proyecto para la construcción de un taller destinado a educación.

Por último dispuso que, en un plazo de 30 días, se acondicionen las seis casas de pre-egreso -que también cuentan con problemas de infraestructura y servicios-, en las cuales se podría alojar a unas cuatro personas en cada una, mientras se refaccionan los pabellones.

Aunque las órdenes de Gass sin duda obligan a poner en marcha una solución, lo cierto es que no se habló de alternativas inmediatas; es decir, ¿qué sucederá con aquellos condenados que deban ser trasladados a un penal en las próximas semanas? Los demás penales de la provincia o comisarías, ¿se encuentran en condiciones de compensar lo que implica el cierre del penal más grande de la provincia?

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