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La Mañana U11

Cerró la U11: ¿Qué pasará con los nuevos condenados?

Ante las malas condiciones que presenta el penal, la jueza Raquel Gass ordenó que no puedan ingresar nuevos detenidos por seis meses.

Las terribles condiciones de la Unidad de Detención 11 (U11) finalmente llegaron al punto del colapso y la Justicia ordenó su cierre temporal, imposibilitando el ingreso de nuevos condenados. Ahora, mientras el Gobierno provincial pone en marcha una serie de mejoras urgentes, la incógnita es: ¿qué pasará con los nuevos condenados que necesiten ser alojados?

Cabe recordar que las quejas dentro del ámbito judicial con respecto a las problemáticas que presenta el edificio han sido recurrentes en los últimos años, pero la solución nunca llegó y la situación continuó deteriorándose y despertando incluso la indignación de los propios internos, que exceden en 32 personas el cupo límite para el predio y sufren esas condiciones en carne propia.

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El último motín que trascendió, cuya génesis fue aparentemente una disputa entre internos, fue aquel que resultó en el incendio de un pabellón y la muerte de dos condenados conocidos en la región: Víctor Herrera y Maximiliano Mérgola. Sus muertes fueron un despertar para las autoridades penitenciarias y la Justicia, que finalmente entendieron que hacía falta mano dura para evitar que otros también sufrieran las fatales consecuencias de la negligencia estatal.

Como resultado, en una audiencia de habeas corpus solicitada por el Ministerio Público de la Defensa, se hizo conocer el estado actual de la U11, y la jueza de Ejecución Raquel Gass ordenó su "cierre" temporal hasta reducir el número de alojados al cupo límite de 233 personas, además de ciertas mejoras para disponer de más espacio en condiciones para los internos.

Por su parte, la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez, informó de la inminente firma de un convenio para trasladar hasta 84 detenidos al penal federal de Senillosa, aunque no habló de fechas.

marianina dominguez seguridad neuquen

Aunque las órdenes de Gass sin duda obligan a poner en marcha una solución, lo cierto es que no se habló de alternativas inmediatas; es decir, mientras se trabaja en las mejoras y se aguarda la habilitación de traslados al penal federal, ¿qué sucederá con aquellos condenados que deban ser trasladados a un penal en las próximas semanas? Los demás penales de la provincia o comisarías, ¿se encuentran en condiciones de compensar lo que implica el cierre del penal más grande de la provincia?

Sobre esto consultó LMNeuquén a la defensora Luciana Petraglia, principal impulsora de la cuestión.

"Lo que referenció el comisario Caro es que todas las unidades de la provincia están al límite de su capacidad, aunque yo no puedo dar fe de las condiciones", sostuvo y agregó que ya había antecedentes de los cierres temporales de otros penales del interior por los mismos motivos, los cuales finalmente reabrieron. Hoy, sólo la U11 sería aquella que mantiene "suspendidos" sus ingresos.

En cuanto a la U12 (también ubicada en la capital, en el barrio San Lorenzo), Petraglia también afirmó que está "al límite", aunque es más chica y presenta un régimen de celdas compartidas, de modo que las falencias de su infraestructura no preocupan tanto como la U11.

En cuanto a las comisarías, donde se suelen alojar detenidos aún siendo sometidos a un proceso cuando se les dicta prisión preventiva y también a aquellos que aguardan que su sentencia quede firme, indicó que no sabe con seguridad en qué estado se encuentran. Sí afirmó que, de necesitar alojar detenidos en ellas (condenados o no), "las condiciones de seguridad deben darse".

Luciana Petraglia, defensora de ejecución penal de la 1ª Circunscripción.

Lo cierto es que, por lo pronto, la defensora no puede aseverar adónde irán los nuevos condenados que en un contexto normal deberían ser trasladados a un penal, ya que eso dependerá del análisis que haga el sistema penitenciario provincial. Si deben permanecer alojados en comisarías o en otros penales de la provincia, "lo dispondrá la Dirección de Unidades de Detención (de la Policía)".

En cuanto a las órdenes de la jueza Gass (que incluyen no sólo el cierre de la U11 sino también ciertas mejoras a implementar y proyectos a presentar), los primeros vencimientos que deberán controlar desde el Ministerio Público de la Defensa (MPD) serán la instalación de elementos para extinguir incendios tanto en la U11 como en la U12 y el acondicionamiento de las seis casas de pre-egreso de la U11, cuestiones que se deberán acreditar en una nueva audiencia dentro de 30 días.

Aunque la decisión de la jueza de Ejecución apunta a que dentro de seis meses se pueda haber reducido el número de internos al límite establecido de 233 personas, la defensora oficial indicó que en realidad, a su criterio el cupo permitido debería ser incluso menor, "de no más de 200, porque las celdas no cumplen con los estándares mínimos previstos según el Comité Nacional Contra la Tortura".

A pesar de esto, Petraglia reconoció que Gass basó su decisión en que "era inviable" reducirlo tanto, al menos por el momento, y el cupo será revisado en unos meses.

Por su parte, en diálogo con LU5, la magistrada Gass reconoció que las condiciones de hacinamiento y problemas edilicios de la U11 representan un problema "con un arrastre de varios años" y que la medida que tomó es "provisoria" aunque necesaria, ya que se constataron "falencias muy graves".

En cuanto a los motivos que condujeron a este resultado, enumeró que se encuentran: "la implementación del nuevo Código Procesal en el 2014, que aceleró el proceso penal y produjo condenas en menos tiempo; la reforma de la Ley de Ejecución Penal de 2017, que complica la situación porque fijó estándares más altos para obtener egresos anticipados; y lo otro que fue una complicación significativa -que lo advertimos a los funcionarios responsables- fue la entrega del complejo de Senillosa al Servicio Penitenciario Federal (que implicó la pérdida de 550 plazas del sistema provincial) sin un plan B".

"Yo soy muy cauta con las decisiones que tomo, sobre todo aquellas que generan un impacto económico para el Ejecutivo, pero realmente esta situación no puede continuar de esta manera", cerró.

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