Acusaron a un hombre por amenazas de muerte a un joven: ya tuvo una condena por homicidio

Un hombre de Buta Ranquil, que recientemente agotó una condena por homicidio, volvió a quedar atrapado en el sistema judicial luego de efectuar amenazas de muerte a un joven en la vía pública. Por este nuevo hecho, fue acusado y se le impuso una prisión domiciliaria y una perimetral hacia la víctima, ya que tendrá la oportunidad de dejar su vivienda en determinadas ocasiones.

El fiscal del caso Víctor Salgado y la asistente letrada Romina Travieso formularon cargos al agresor, identificado como "S.I.R", en una audiencia esta semana.

De acuerdo a la investigación provisoria del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho fue cometido el pasado 28 de abril entre las 21:30 y las 22, en la calle Olascoaga de la localidad del norte neuquino.

Esa noche, el imputado fue hacia la casa de la víctima, un joven mayor de edad que es parte de su entorno familiar, y en el exterior de la vivienda, comenzó a discutir con la madre de él: “Sacalo a tu hijo o entro a matarlo”, le advirtió.

Luego, el joven salió y comenzó a correr por la calle al advertir que el agresor tenía un cuchillo en la mano, de aproximadamente 20 centímetros de largo. El acusado lo siguió, mientras le gritaba que lo iba a matar, situación que advirtieron vecinos y vecinas del barrio, quienes avisaron a las autoridades.

Al lugar llegó un móvil policial y los efectivos intervinieron y detuvieron al imputado.

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Por esto, los representantes de la fiscalía le atribuyeron al acusado el delito de amenazas calificadas por el uso de arma, en carácter de autor.

Además, como medida cautelar, desde el MPF se requirió la prisión preventiva para el hombre por el plazo de un mes, con el argumento de que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y para la integridad de la víctima.

“La prisión preventiva es la única forma de mitigar los riesgos procesales que tenemos”, fue el planteo de ambos representantes del MPF, que además mencionaron que el imputado cuenta con antecedentes penales por el delito de homicidio simple, y que en julio del año pasado cumplió la condena de 8 años que le impusieron.

La decisión del juez de garantías que dirigió la audiencia, Eduardo Egea, fue avalar el pedido del defensor del acusado, y fijó prisión domiciliaria por un plazo de un mes, con autorizaciones para salidas laborales de lunes a viernes entre las 8 y 14.

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Además, le estableció prohibiciones: de tener cualquier tipo de contacto con la víctima y su madre; de acercarse a menos de un radio de 200 metros a ambos; y de ejercer cualquier acto de violencia o perturbación. Tampoco podrá tener contacto con las y los testigos que ofreció el MPF.

“Si no cumple, pone en juego su libertad”, le advirtió el magistrado al acusado.

El asesino del inquilinato en Confluencia fue condenado

José Luis Lefirnil, quien cometió el crimen de Hugo Daniel González del Valle en un inquilinato del barrio Confluencia en 2024, aceptó su responsabilidad por el atroz hecho. El asesino, que mató de 11 puñaladas y también hirió a la víctima luego de su deceso, accedió a una condena posiblemente menor a lo que se podría haber conseguido en juicio tras admitir el homicidio.

El fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez presentaron el acuerdo de partes en una audiencia realizada el miércoles.

Fue en dos audiencias continuas realizadas en la Ciudad Judicial: en la primera, se acordó la responsabilidad penal del imputado mediante un procedimiento abreviado; en la segunda, un tribunal colegiado avaló el monto de pena requerido por las partes y fijó la condena.

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En la audiencia, los fiscales revelaron que la mujer del barrio Confluencia se salvó de ser apuñalada gracias a una vecina.

Claudio Espinoza

La víctima, de 35 años, era Hugo Daniel González del Valle, con domicilio en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Hacía apenas cinco meses había desembarcado en Neuquén y se instaló en el inquilinato de calle Chocón al 2400.

El tribunal colegiado encargado de fijar la condena, que estuvo integrado por la jueza Estefanía Saulí y los jueces Luis Giorgetti y Juan Guaita, avaló el acuerdo presentado por la fiscalía e impuso 8 años y 6 meses de prisión efectiva al asesino.