Condenan a cuatro delincuentes por el robo en banda a un hotel de San Martín de los Andes

Este miércoles, se logró la condena de cuatro varones que robaron en un hotel en la ciudad de San Martín de los Andes. La sentencia fue a instancias de un pedido de juicio directo que realizó la fiscal del caso Inés Gerez por la prueba, dado que los detuvo con el botín del robo al hotel a cuadras.

Los cuatro acusados fueron declarados responsables penales por el delito de robo agravado en poblado y en banda, en grado de tentativa. La resolución tuvo lugar durante una audiencia en la localidad cordillerana y a menos de dos meses de la formulación de cargos que fue realizada a fines de abril.

Sin embargo, el delito establecido por el tribunal colegiado tuvo diferencias respecto al requerido por la fiscal del caso, quien planteó que el robo llegó a concretarse y que no fue un intento, como establecieron los y las juezas Juan Pablo Balderrama, Ignacio Pombo y Estefanía Sauli.

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Robo a un hotel en San Martín de los Andes "con las manos en la masa"

La formulación de cargos la realizó la fiscal del caso el pasado 30 de abril a los cuatro varones, junto al asistente letrado Federico Surá, y horas después del hecho. Planteó que el robo fue cometido ese día, minutos después de la medianoche. Los acusados fueron a la intersección de Pérez y Obeid, de modo acordado y con roles preestablecidos.

Allí, en esa esquina, funciona el hotel Hueney Ruca, al que tres de ellos ingresaron (Martín Tissera, Diego Heredia; y José Cofré) mientras Nicolás Pardo Herrera permaneció afuera. Tras forzar las puertas de distintas áreas del hotel, se llevaron tres televisores, una caja fuerte, un posnet, un control remoto y una luz de emergencia. Luego, se encontraron todos en el exterior y escaparon.

El personal policial los atrapó en diferentes puntos de la ciudad, alrededor de la 1 de la madrugada, en la esquina de Pérez y Villegas y en la de Drury y Villegas.

Comisaría 23 san martin de los andes

La discusión entre el delito de robo o intento de robo

El delito atribuido por la fiscal del caso fue robo agravado por ser en poblado y en banda, en calidad de coautores a para Tissera, Heredia y Cofré, y en calidad de partícipe primario para Nicolás Pardo Herrera (en este último caso el tribunal lo condenó como partícipe secundario).

La diferencia entre el pedido y la resolución del tribunal estuvo en las consideraciones en cuanto a cuándo un delito de robo se configura como tal, y cuándo no. Para los dos jueces y una jueza, los cuatro hombres, a pesar de que escaparon con las cosas, al ser descubiertos y recuperar el botín, se debe considerar un intento de robo. De esta manera, le bajaron el tono a la acusación.

En cambio, para la fiscalía, el hecho de haber robado los tres televisores, una caja fuerte, un posnet, un control remoto y una luz de emergencia, ya constituyó el delito de robo. En el mismo sentido, Herrera, quien hizo de "campana" fue partícipe primario pero el tribunal consideró un grado menor, llevándolo a secundario.

Luego de la declaración de responsabilidad de los acusados, quedó pendiente aún la imposición de la pena que deberá cumplir, lo cual se definirá en una próxima audiencia que deberá fijar la Oficina Judicial.

Juicio directo

Cabe destacar, que la celeridad para resolver el caso se debe en gran medida, al mecanismo de juicio directo: al momento de formular cargos, la fiscal del caso pidió que el caso sea juzgado mediante esa herramienta. Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que implica que la investigación cierra el mismo día de la acusación, porque el MPF considera que ya está recolectada toda la prueba para acreditar la imputación, y pide que se habilite la etapa de juicio.

En septiembre de 2022 el fiscal general José Gerez presentó un proyecto de Ley para reformar el juicio directo. Lo hizo junto al intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti.

El objetivo de la propuesta fue poder aplicar los juicios directos en una mayor cantidad de casos, principalmente en los hechos flagrantes y ante los delitos menos graves. Esto porque es una herramienta mediante la cual se aceleran los tiempos para determinar la responsabilidad penal o no de una persona acusada de delitos menores.