El Palomar y la crisis de la justicia en Zapala

Desde el 29 de marzo hay un cese de tareas de todos los judiciales de la sede zapalina conocida como El Palomar. El edificio, ubicado en Etcheluz y Zeballos, no reúne las condiciones mínimas para las tareas administrativas y, por lo tanto, el acceso a la justicia se ve negado. Hoy, están buscando alternativas para salvar lo urgente, pero el escenario futuro huele a caos, un caos con cimientos en promesas incumplidas sobre la construcción de un edificio nuevo en un terreno cedido por el Municipio hace más de 10 años.

La hermeticidad

La explosión en la escuela de Aguada San Roque que se cobró la vida de tres personas en junio de 2021 trajo a escena la seguridad de los edificios públicos de la provincia.

Por ese motivo, y tratando de evitar otra tragedia, desde la Dirección de Infraestructura del Poder Judicial se ordenó realizar una prueba de hermeticidad en la red de gas del Palomar, un edificio construido para viviendas familiares en 1979 y que devino en este milenio en oficina pública.

La orden fue emanada el 13 de marzo y lo obvio terminó siendo el resultado esperado: no pasó la prueba.

El gasista avisó a Camuzzi, “pero no se retiraron los medidores de inmediato porque en verdad la prueba de hermeticidad se tendría que haber realizado con un inspector del Enargas, pero como solo hay dos para cubrir toda la región, acuden a casos muy puntuales”, confió una fuente judicial a LMN.

Así, quedó a la vista que las formas varían de las prácticas y no es algo que solo se da en el Poder Judicial.

Cuando el tema tomó estado público, el titular de Camuzzi salió detrás de su escritorio ¬¬—cosa que no ocurre muy a menudo— y se encargó de retirar nueve medidores del edificio del Palomar, afirmando que hasta que no se hagan las obras del caso no serán habilitados. Por lo visto, cuando las papas queman, todos trabajan.

Con el otoño en puerta, comenzaron las quejas de los trabajadores judiciales, que además ya estaban al tanto de otras irregularidades, prepandemia, que presenta el edificio donde funcionan la Ofiju y Fiscalía.

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El lunes 20 de marzo, hubo una reunión de los judiciales en la cual se planteó seriamente el abandono del lugar de trabajo ante la ausencia de respuestas.

Esa asamblea tuvo momentos de mucha ilusión porque se enteraron de que estaba en camino a Zapala la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari.

“Está viniendo Gennari”, repetían los judiciales, que aguardaron su arribo al edificio de un momento a otro.

La vocal efectivamente estuvo en Zapala, en el Club Banco Provincia de Neuquén en una reunión de la Comisión Interpoderes para la Reforma Procesal Civil, pero no se asomó por la sede del Palomar ubicada a 10 cuadras, tal como lo indica Google Maps.

Lo cierto es que la ilusión se convirtió en frustración y ese ninguneo activó la asamblea del 28 de marzo con la presencia de Claudio Salazar, titular de Sejun. “Los empleados se sienten totalmente abandonados por el Tribunal Superior de Justicia”, aseveró el sindicalista.

Finalmente, el 29 se produjo el abandono del edificio tras la presentación de una nota en la que dejaban claro: “El personal se retira y hasta tanto no se defina o se resuelva la situación edilicia (falta de gas), no se reintegrará a cumplir funciones dado que la situación actual respecto de las temperaturas no permite cumplir las mismas en condiciones apropiadas”.

A la fecha, ninguno de los judiciales —casi cien— se asomó por el Palomar mientras se realizan gestiones para alquilar algún edificio.

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La comisión

Con los judiciales plantados firmes frente a este escenario, el TSJ se vio obligado a reaccionar —o algo así— en los papales.

Hay una vieja frase que se le atribuye a Juan Domingo Perón: “Para que algo no funcione, nada mejor que formar una comisión”. Pero los historiadores dan cuenta de que en realidad fue dicha por Napoleón, que se la supo robar a Juana de Arco.

Aclarado esto, ahora sí se puede avanzar y explicar que el 5 de abril hubo un acuerdo extraordinario (6239) en el cual se estableció: “Resulta indispensable conformar una comisión de trabajo específica integrada por el director de Gestión Humana, la administradora general subrogante, la secretaria de Superintendencia, el subdirector de Infraestructura Judicial subrogante y el responsable de Mantenimiento en la citada circunscripción, a los fines de que lleven adelante -en forma coordinada y urgente- todas las acciones necesarias para revertir la situación existente y garantizar el servicio que prestan los organismos que allí funcionan; ello con amplias facultades para la toma de decisiones en el ámbito de sus respectivas competencias, debiendo informar al Tribunal periódicamente los avances efectuados”.

En ese mismo acuerdo dictó: “Como primera medida, se ha autorizado la adquisición de los equipos frío-calor para las tres salas de audiencias y la mesa de entradas del Ministerio Publico Fiscal, los que serán instalados en los días próximos, mientras se avanza con la contratación de la alternativa técnica adecuada que garantice la prestación del servicio de calefacción en tales instalaciones. Asimismo, se encuentran en ejecución diversas labores técnicas derivadas de la situación, entre ellas la elaboración de estudios técnicos sobre resistencia de estructuras y capacidad eléctrica del edificio. En simultáneo, se están realizando gestiones para identificar posibles inmuebles de respaldo a la labor judicial, mientras se extienda la situación”.

Al margen de la letra, la realidad es que “la comisión” apareció recién esta semana por Zapala y no hay mayores novedades sobre soluciones edilicias o el alquiler de otro inmueble.

Sin judiciales que realicen su tarea y como no se puede negar el acceso a la justicia, ya está bastante paralizado, solo están trabajando en el Palomar los responsables de la Oficina Judicial, los fiscales y jueces librando las audiencias urgentes y reprogramando todo el resto.

Esta crítica situación conlleva a que los funcionarios judiciales estén en alerta para que no se produzca algún vencimiento de plazo u otra situación que pueda derivar en un escándalo público.

Lo que se baraja al cierre de este informe era la posible vuelta al trabajo pero en forma remota y no todos los judiciales.

Irregularidades sostenidas

Como dijimos, los judiciales saben desde antes de la pandemia que el edificio tiene irregularidades varias. De hecho, este medio accedió a Informes de Higiene y Seguridad que se realizaron en 2018, 2019 y el último que solicitó el gremio Sejun que fue realizado el 30 de marzo pasado. Es decir, al otro día de abandonar el Palomar.

Ya en 2019 estaba claro que existían problemas en la infraestructura del edificio, entre ellos la carencia de un sistema de detección y alarma de incendios

Otro de los problemas clave eran las vías de evacuación, por lo que se dejaba claro que no se cumplían las normas de higiene y seguridad, y se pedía liberar los pasillos de circulación interna y la obstrucción de escaleras, único medio de tránsito del edificio ante la ausencia de un ascensor y escaleras auxiliares externas.

A esto se sumaban detalles respecto de las conexiones eléctricas, la ventilación del sistema de calefacción, el estado de los pisos de algunas oficinas, faltantes de piezas en los baños, desniveles en las escaleras y carencia de cinta reflectiva.

Incluso, el informe de 2019 concluye advirtiendo sobre irregularidades que habían sido denunciadas en informes anteriores y de las cuales a la fecha no se había acusado recibo.

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La grieta

Es muy interesante cuando uno dialoga con empleados que llevan años y otros no tanto, porque todos hablan de una grieta y no es política.

La grieta en uno de los sectores del edificio se hizo visible en 2019.

“Desde dentro del edificio la ves y también desde afuera”, confió un empleado a LMN.

Rastreando dicha grieta, la Dirección de Infraestructura está al tanto de ella desde ese mismo año cuando desde Mantenimiento de Zapala solicitaron hacer un estudio de la estructura del Palomar.

El pedido se hizo en noviembre de 2019 y el informe tenía un costo de unos 3000 dólares, pero el titular de Infraestructura del Poder Judicial de ese entonces lo frenó, dándose por notificado, y justificó su decisión en una oración tan corta como inaceptable: “El TSJ no sabe qué va a hacer con el edificio”. El hombre, que ya se habría jubilado, no se percató de que dentro de ese edificio había seres humanos. ¡Qué detalle!

El último informe

Con la sede judicial zapalina paralizada, Claudio Salazar, titular de Sejun, contrató a un ingeniero experto en Higiene y Seguridad que realizó un informe técnico sobre las actuales condiciones del Palomar.

A lo largo de 33 páginas, hay una suerte de memoria descriptiva que reveló que el edificio de Etcheluz y Zeballos no está en condiciones de ser utilizado, por ahora, por los trabajadores.

De hecho, uno de los aspectos que destacó en las primeras páginas del informe es el riesgo de incendio. En cuanto a la evacuación del edificio, que es vertical, por la escalera, no existe ningún cortafuego, que son las puertas que se abren de adentro hacia fuera. “La escalera no posee caja que impida o aísle la comunicación en un incendio”, detalló el especialista.

La puerta de acceso principal al edificio es la única vía de escape que existe y, de acuerdo con la normativa vigente, solo sirve para la planta baja y el primer piso.

“Para los pisos 2 y 3 no cumple como salida de emergencia”, advirtió el técnico, que aconsejó la instalación de una escalera auxiliar exterior. Esto ya se había mencionado en anteriores informes, pero nada se hizo.

Además, el ingeniero destacó en rojo la carencia de “avisadores automáticos y/o detectores de incendio”.

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En este último informe se vuelve a reiterar la necesidad de liberar la circulación interna obstruida por bancas con asientos de espera y escritorios.

En cuanto a las condiciones del sistema eléctrico, no hay muchas objeciones desde lo técnico, pero destacó: “El edificio no posee protección diferencial (disyuntor) contra contactos indirectos y directos en caso de accidente para las personas del edificio en su instalación eléctrica”.

A esto se suma que hay instalaciones a la vista y en forma más que grosera y peligrosa, ya que no tienen protección contra contactos directos.

Además, el experto recomendó realizar una puesta a tierra de los tableros y las instalaciones eléctricas mediante la instalación de una jabalina, para lo cual sería necesario construir una cámara de inspección y medición señalizada. Básico para cualquier edificio en la actualidad.

El técnico a cargo de informe explicó que los calefactores de tiro balanceado que posee el edificio, de 4 mil a 6 mil calorías, no están instalados de acuerdo con lo normado. En su mayoría están apoyados sobre el suelo, cuando tendrían que tener una separación mínima del piso. El tiraje al exterior, por el cual evacúan los productos de la combustión, están realizados con extensiones de cañerías en ángulos no normados. “La ubicación ideal es bajo una ventana”, aclaró.

En rojo y en mayúsculas, brindó una seria recomendación: “Dar cumplimiento a las normativas vigentes para instalaciones de gas natural de todo el edificio por personal matriculado. Este punto es de gran riesgo (de incendio, intoxicación) hacia el edificio y hacia el personal que lo utiliza”.

Después, en un párrafo advirtió que la cantidad de baños para el personal, por piso, es insuficiente de acuerdo con la normativa vigente. “Además, no tienen la posibilidad de ser utilizados por una persona discapacitada (de acuerdo con la ley 24314)”, señaló.

En cuanto a los baños públicos, la inspección destacó: “El público puede utilizar los baños de planta baja en la zona exterior, los cuales no están adaptados para personas discapacitadas”. Algo que ya se había mencionado en los informes de 2018 y 2019.

Es aquí donde el “acceso a la justicia” se convierte en una frase tan utilizada por los funcionarios de turno que ya ha perdido todo sentido porque ni ellos mismos la ponen en práctica.

Para rematar toda esta situación, obvia en un edificio construido con otra finalidad y que nunca se terminó de adaptar a las necesidades de una oficina pública, el técnico aseguró que “el edificio no cuenta con ventilación en sus espacios de trabajo, las mismas no existen o son insuficientes”. Aspecto no menor que incide directamente sobre las personas.

A su vez, recomendó analizar el agua potable y realizar la limpieza y desinfección de tanques y sistema de distribución.

Por último, como el edificio no tiene planos —el absurdo mismo—, recomiendan realizarlos. Es inimaginable que a un ciudadano de a pie le autoricen una obra o una remodelación sin planos, pero para el Estado todo es posible.

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¿Un futuro delirante?

Basta dejar claro que a esta situación se ha llegado por olvido, negligencia y falta de gestión de parte del TSJ para que se levante un edificio judicial nuevo para una de las jurisdicciones más activas de la provincia.

Basta recordar que hace más de 10 años el municipio de Zapala cedió un terreno de 8831 metros cuadrados ubicado entre las calles Buenos Aires, Avenida 12 de Julio y Avenida del Maestro.

En 2016 se habría realizado el trámite administrativo de toma del predio de parte de la Justicia, que tuvo el terreno abandonado hasta hace unos días cuando el vocal Germán Busamia subrogó a la presidencia del TSJ y ordenó el desmalezamiento y cierre perimetral del predio.

Lo llamativo es que la presidenta del TSJ, Soledad Gennari, en su plan de gobierno 2018, es decir, en su anterior mandato a cargo del Tribunal, destacó en el eje “infraestructura judicial” la mejora edilicia de organismos de toda la provincia, algo que a la vista está que en Zapala no ocurrió y el Palomar es el botón de muestra.

No obstante, en esa misma propuesta, Gennari habló de “la conclusión del programa arquitectónico del edificio judicial de Zapala y la elaboración del proyecto ejecutivo correspondiente”.

Lo que encontramos hurgando junto con una red de fuentes compuesta por empleados y miembros de Sejun fue el anteproyecto de la Ciudad Judicial de Zapala con su memoria descriptiva que data de noviembre de 2020 y que fue realizada por el arquitecto Mario Antonio Spaciuk.

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Es interesante la información que baja a tierra la situación del Poder Judicial en Zapala, que cuenta con siete edificios prestados por Policía y Poder Ejecutivo y, a su vez, alquila otros ocho edificios más.

La mayoría de los edificios están en el microcentro de la localidad, generando un tránsito constante de un punto a otro, sin mencionar “la falta de espacio tanto para el personal como para el público y abogados que repercute directamente en el desempeño de la administración de justicia”, se detalla en el anteproyecto.

La propuesta arquitectónica contempla una plaza central de acceso rodeada por cuatro edificios: uno para el fuero civil, otro para el penal, un tercero para el Ministerio Público de la Defensa y el último para la Fiscalía.

Las imágenes que publica este medio del proyecto son muy similares a lo que es la Ciudad Judicial de Neuquén capital.

Lo cierto es que no hay nada encaminado para avanzar con la construcción de semejante estructura que tendría unos 21 mil metros cuadrados cubiertos.

Algunos judiciales aseguran que “ahora que Gennari ha vuelto a ser presidenta del TSJ, podría aprovechar para reimpulsar su propuesta y gestionar al menos el inicio de las obras”.

“En el fondo, esto es voluntad política y que el TSJ se siente a dialogar con el Ejecutivo”, concluyó Claudio Salazar, bastante ofuscado por la situación en la que se encuentran los judiciales zapalinos producto del olvido del Tribunal.