Los Garro se quieren sumar a la Comisión Especial de Jurado
La familia del subcomisario Víctor Garro, asesinado el 5 de octubre de 2014 en Añelo, presentó este miércoles a primera hora una nota en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dirigida la Comisión Especial de Jurado que analiza si es admisible hacer un jurado de enjuiciamiento a la magistrada de Ejecución Raquel Gass.
Vale recordar que la jueza, tras recibir un dictamen favorable del asistente letrado Carlos Caroselli (ya jubilado) ordenó la expulsión del país de Héctor Hernán Ruiz Herrera, el chileno que junto con su padre Ruiz Valdebenito asesinaron a Garro durante un procedimiento.
El extrañamiento por error y anticipado la tienen como responsable final a la magistrada. Lo cierto es que Caroselli no revisó el legajo donde figuraba el cómputo de pena que establecía que recién en 2029 podría recibir dicho beneficio. Este acto negligente de Caroselli figura en el informe realizado por la Auditoría General y el dictamen del Ministerio Público Fiscal.
A esto se suma, que ni la jueza ni la fiscalía notificó a la familia Garro en ningún momento de la desatina expulsión que se concretó el 25 de junio de 2021. De hecho, se enteraron por una investigación periodística realizada por LMN.
Ruiz Herrera finalmente fue capturado en octubre pasado en Temuco y está en una unidad de detención del vecino país.
El pasado 7 de diciembre, la Justicia chilena realizó la audiencia de extradición en la cual no solo dejó participar a este medio de comunicación sino también a la familia de Garro y a su abogado querellante Gustavo Lucero.
El juez de la Corte chilena, Arturo Prado, resolvió suspender la audiencia porque la justicia neuquina no remitió la información suficiente para terminar de entender el pedido de extradición y las condiciones en las que fue extrañado Ruiz Herrera.
A partir de dicha decisión, que dejó sumergida a la justicia local en un papelón internacional, es que el presidente del TSJ, Evaldo Moya, resolvió avanzar con un pedido del querellante Gustavo Lucero por el cual solicitó: sanción para el fiscal jefe de ejecución, Maximiliano Breide Obeid, y la funcionaria de fiscalía Agustina García. A esto se sumó el envío de todo lo actuado a la Comisión Especial de Jurado para que analicen si es procedente el jury a Raquel Gass.
Ante esta situación, la magistrada designó dos defensores oficiales, Natalia Pelosso y Leandro Seisdedos, que ofrecieron a la Comisión Especial la posibilidad de sentar a la jueza para que les responda todas las preguntas que consideren necesarias y además, para que relate cómo es el mecanismo de ejecución en estos casos.
Enterada la querella de este ofrecimiento, Gustavo Lucero, rápido de reflejos y sin intención de quedar afuera de nada, como le hicieron con el extrañamiento, solicitó este miércoles a primera hora la posibilidad de participar en las respectivas audiencias de producción de prueba que realice la Comisión Especial.
Entre sombras
La Comisión Especial de Jurados está integrada por un miembro del TSJ, Soledad Gennari, otro de la Legislatura, Fernando Gallia, y uno del Colegio de Abogados, Raúl Alberto Frechilla.
Un detalle no menor. Están acostumbrados a trabajar en las sombras, leyendo informes y resolviendo sin dar explicaciones de nada a nadie.
Esta es la primera vez donde no solo la jueza involucrada quiere sentarse a dar explicaciones, sino que la querella quiere estar presente en cada una de las audiencias en las que se genere algún tipo de evidencia.
Lucero dejó en claro en su presentación a la Comisión: “si bien (la ley de la Comisión) no prevé explícitamente la participación del denunciante, tampoco la prohíbe. Además de las previsiones de nuestra Constitución Provincial, el Preámbulo de la Constitución Nacional da cuenta de que hay que ‘Afianzar la Justicia’, y en este caso está comprometido el interés público dada la trascendencia Internacional que ha alcanzado”.
Lejos de enfriarse la denominada “expulsión por error”, va tomando temperatura en los últimos días del año que ofrece semanas cortas.
La Comisión Especial de Jurados seguramente pase para el 2023 la resolución de la situación de la jueza de ejecución Raquel Gass. La misma suerte parece que correrá la extradición de asesino liberado por error.
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