Rechazan la privatización de la cárcel y el uso de uniformes para enfrentar la crisis carcelaria

Recientemente se presentó una propuesta para privatizar la infraestructura de la cárcel y aplicar el uso de uniformes con el argumento de garantizar "eficiencia y racionalidad económica" frente a la crisis carcelaria. El Comité contra la Tortura de Neuquén fue una de las primeras voces en levantarse en contra.

Se trata del rechazo a dos proyectos de ley de la diputada libertaria Brenda Buchiniz, (Cumplir) que buscan transformar el sistema penitenciario de la provincia en torno a la participación del sector privado en la infraestructura carcelaria y la implementación de uniformes obligatorios para las personas privadas de la libertad.

Las iniciativas presentadas el 13 de abril fueron acompañadas con la firma de su ex compañero de espacio, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO–NCN). De acuerdo a la reseña de la Legislatura, Buchniz justificó que son políticas necesarias debido a "la situación crítica de la infraestructura y la reforma del régimen penal juvenil".

En qué consisten las inciativas para la cárcel

"El primer proyecto busca la interacción público-privada para enfrentar la crisis carcelaria mediante la intervención de sujetos privados en el diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y operación de los establecimientos penitenciarios", indicaron desde la Legislatura. Según la legisladora, la crisis estructural del sistema —marcada por el hacinamiento y las fugas— exige soluciones que superen los esquemas estatistas actuales.

En tanto, la segunda propuesta establece el uso obligatorio de uniforme reglamentario para todos los internos alojados en unidades de detención, alcaidías y centros transitorios de Neuquén. La vestimenta deberá utilizarse tanto dentro de los penales como durante los traslados externos.

La diputada fundamentó que esta medida es clave para permitir una identificación clara e inmediata de los reclusos, lo que fortalece el orden institucional y mejora los protocolos de seguridad. La medida busca optimizar el control y contribuir a una gestión más eficiente de los recursos de seguridad provincial.

carcel uniformes

Críticas al uso obligatorio de uniformes en la cárcel de Neuquén

En representación del Comité contra la Tortura, la abogada y especialista en DDHH, Estefanía Buamschala explicó, en diálogo con radio CALF, que desde la década de 1960 la indumentaria unificada en las cárceles fue destimada bajo un paradigma de humanización de las personas privadas de su libertad.

Por otro lado, indicó que encontaron fallas en la lógica del proyecto de Buchiniz: "Me parece anticuado el planteo de uniformes en términos de seguiridad, supuestamente permitiría identificarlos pero me parece difícil porque estarían vestidos todos iguales y existen herramientas más eficientes".

"En tiempos de la era digital hoy podríamos identificar a las personas por un sistema de video vigilancia, mejorar la seguridad en la cárcel a través de la automatización de puertas y portones, uso de infrarrojo, y sería útil para la población carcelaria y para las personas de afuera que tienen miedo a que se escapen".

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Ampliarán la capacidad de la U11.

De todas maneras, advirtió que en el proyecto no existen estadísticas de fugas que justifiquen una política en aquel sentido. "Fuga de cárceles, solo ha habido casos aislados y particulares, fugas en comisarías es por falta de lugar y capacitación del personal, porque cuando no hay espacio la vigilancia se complejiza, pero no hay fuga masiva", señaló en referencia a la superpoblación carcelaria.

En este sentido, apuntó a las consecuencias de una crisis carcelaria de largo aliento y se sumó al pedido de la jueza de ejecución Raquel Gass, quien intimó a los responsables del ministerio de Seguridad a habilitar el pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención 11 (U11) luego de que presos alojados en la Comisaría Séptima de Plottier presentaron un hábeas corpus por hacinamiento.

"Urge que se habilite, lo inauguraron hace 4 meses, todos pensamos que se iba a habilitar, pero no", indicó y agregó: "No pensamos que eso soluciona la crisis habitacional, pero por lo menos descomprime las comisarías que es donde tenemos la mayor complejidad porque hay personas condenadas en comisaría que deberían estar en unidades penitenciarias".

Por último, criticó la copia de los sistemas utilizados en otras provincias: "En su momento Santa Fe presentó un proyecto del uniforme para poder identificar a las personas privadas de alto riesgo, pero la idiosincrasia de las personas de Neuquén es otra, por tipo de delitos y la cantidad, no tienen nada que ver con aquellas complejidades".

Críticas a la privatización de la cárcel y propuestas del Comité contra la Tortura

En cuanto a la privatización de las cárceles indicó que desconoce las estadísticas e información utilizada. "Proponen la privatización de algunos servicios, pero alimentación ya está privatizado y no funciona, es uno de los grandes reclamos del Comité y también de la Defensoría, de los jueces, porque el servicio de alimentación es carísimo, malo y no funciona".

En tanto, apuntó a la transformación sustancial del sistema que implicaría la aplicación de Buchiniz: "La privatización de las cárceles implica un negocio entonces no va a ser un proyecto de resocialización, esto se hace sin pensar que las personas privadas de la libertad van a volver a libertad. Hay que darles herramientas para que no vuelven a cometer delitos".

Por último, desde el Comité contra la Tortura se planteó la propuesta de provincializar las cárceles: "Pensemos en una ley de ejecución penal provincial propio y un servicio penitenciario propio, porque son personal de la Policía actualmente".

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Presos alojados en la Comisaría Séptima de Plottier presentaron un hábeas corpus por hacinamiento en el contexto de crisis carcelaria.

Así mismo, analizó la desfederalización de los delitos de narcomenudeo en términos de la emergencia poblacional en cárceles. "La realidad es que muchas provincias lo hicieron con muchos años de anticipación de Neuquén y están tratando de volver porque sus sistemas colapsaron, lo que les pasó es que empezaron a tener presos por narcomenudeo y les explotó el sistema", dijo.

A su vez consideró que es una problemática visible en el actual colapso de las comisaría donde además se suma a la necesidad de programas de salud mental y adicciones para las personas privadas de la libertad por narcomenudeo: "Cuando la politica es el encierro por el encierro en sí mismo y no hay ninguna política que tenga que ver con como transcurre ese encierro para que después la resocializacion exista, es política pública vacía e ineficiente".