Prorrogan la ley de emergencia para fruticultores

La medida que impide el remate de propiedades por impuestos atrasados seguirá un año más.

Los productores que tienen deudas con la AFIP podrán respirar aliviados. Al menos por un año más. La declaración de emergencia que impide el remate de sus propiedades por impuestos atrasados será prorrogada por el gobierno nacional.

Ante un pedido del gobierno rionegrino y un proyecto de ley de la senadora neuquina Lucila Crexell, el ministro de Producción, Dante Sica, confirmó que el oficialismo nacional apoyará el proyecto en el Congreso. El funcionario se reunió con el gobernador Alberto Weretilneck y el senador Miguel Pichetto y les confirmó que habrá respaldo a la iniciativa, por lo que está garantizada la mayoría en ambas cámaras.

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Pichetto explicó que la prórroga será por 365 días y se tratará “sobre tablas” en la próxima sesión prevista para el miércoles 17. “El proyecto de ley también permitirá ampliar los beneficios fiscales a los sectores afectados, ya que habilita a la AFIP a formular convenios de facilidades de pago para cancelar vencimientos hasta el 31 de mayo de 2020, o incluso posteriores en caso de que se necesite volver a prorrogar la emergencia”, dijo Pichetto.

Alivio

Weretilneck destacó que el acuerdo “traerá un gran alivio para los productores frutícolas de nuestra provincia”.

Por su parte, la senadora Magdalena Odarda, planteó la necesidad de “avanzar con la prórroga, pero también rediscutir sus medidas para que alcance al 100% de la cadena, porque hoy solo llega al 5%. Esto también tenemos que debatirlo”.

Medida clave

La prórroga postergará los vencimientos impositivos y de las cargas sociales e impedirá el inicio de juicios de remate de chacras a los morosos.

Pichetto consideró que, por la crítica situación que atraviesan los chacareros del Alto Valle, se trata de una medida fundamental para que puedan continuar en actividad.

La Federación de Productores reclamaba la medida desde el año pasado e insistirá en el planteo de fondo: una ley que prohíba los remates de chacras en producción por deudas impositivas, cargas sociales o créditos tomados para renovar maquinarias.

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