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Tras el crimen de Gatti, su hermana le truchó la firma

La Justicia la acusó por el hecho y luego le dictó una probation.

El Poder Judicial acusó a la hermana de Fernando Gatti, el zapatero asesinado a quemarropa en un intento de robo, por considerar que había hecho uso de una certificación de firmas falsa en un documento en el que le cedía el 50 por ciento de un bien inmueble. La investigación se inició a partir de la incongruencia de fechas, ya que figuraba certificada casi un año después de que Gatti fuera asesinado.

Sin embargo, cabe resaltar que la mujer recibió una probation en la que, sin hacer reconocimiento de responsabilidad, se comprometió a abonar una reparación económica y a realizar 96 horas de trabajo comunitario, ambas a una asociación protectora de animales.

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El 10 de septiembre, el fiscal Marcelo Jara notificó a la hermana de Gatti de la causa que se investigaba en su contra y la acusó formalmente por los delitos de estafa procesal y uso de instrumento público falso. Por ese hecho, también fue acusada por el delito de falsificación ideológica de un instrumento público la escribana que intervino en el caso.

En la audiencia, el fiscal señaló que la causa se originó a partir de que el 19 de diciembre de 2018, "con la finalidad de llevar al error a la magistrada actuante que tenía en su cargo el Juzgado Civil Nº 6, se presentó un expediente sobre un cumplimiento de contrato".

En tal sentido, explicó: "En dicho expediente agrega una escritura de cesión de derechos del 50 por ciento de un boleto por el cual Fernando Gatti le cede a la acusada el 50 por ciento del boleto de compra venta, unificando la titularidad de un inmueble en nombre de ella".

La incongruencia devino en que dicho instrumento público supuestamente firmado el 8 de agosto de 2018 presenta una certificación de firmas e impresiones digitales que el fiscal apuntó como falsa, puesto que Fernando fue asesinado en septiembre de 2017.

Además, Jara detalló: "El acta en la cual aparecería estampada esa certificación estaría asentada en el libro de certificaciones como que fue realmente realizada el 7 de julio de 2018 y hace referencia a certificaciones de firmas insertas por otras personas".

En esa misma instancia, el abogado particular Lucio Nicolás Funes señaló que el 6 de junio de 2019 la mujer desistió de esa documentación en el juicio civil, por lo que este propuso la suspensión de juicio a prueba por un año, que finalmente la fiscalía aceptó.

"Sin reconocer ningún tipo de responsabilidad, la defensa va a ofrecer la suspensión de juicio a prueba, entendemos que por la calificación la pena no superaría los tres años. Ella no tiene antecedentes ni tuvo este beneficio", sostuvo el defensor particular.

De esta manera, sin oposición de la fiscalía, el juez Gustavo Ravizzoli le dictó a la mujer una suspensión de juicio a prueba por el término de un año.

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