Un civil fue acusado por entregar los certificados truchos a policías

La investigación por los certificados médicos truchos en la Policía, que ya contaba con 37 acusados por el delito de defraudación a la administración pública, sumó ahora uno más, señalado como entregador. Se trata de Alfredo Omar Hidalgo, quien habría brindado al menos 22 de los certificados apócrifos confeccionados en el período investigado por el fiscal Marcelo Jara.

La nueva formulación de cargos fue dictada en una audiencia realizada este martes, en la que estuvo presente el ahora acusado y su defensora oficial Eliana Lazzarini, el fiscal de Delitos Patrimoniales Marcelo Jara y la jueza de garantías Estefanía Sauli.

“Entendemos que Hidalgo participó en la maniobra orquestada por Mayra Cruz y Gajardo Cid, y tuvo una participación específica, al verificar que varios de quienes recepcionaron esos certificados accedieron a ellos concurriendo a su domicilio particular, donde los recibió Hidalgo”, narró el fiscal del caso.

Allí, aseguró, el acusado y único presunto involucrado hasta el momento que es ajeno a la fuerza policial, entregaba los certificados previamente confeccionados por Cruz y Gajardo a cambio de dinero.

Cabe recordar que dicha investigación inició en 2019, luego de que un agente de Administración de la Policía detectó la maniobra al observar que habían varios certificados con la misma letra. A partir de ahí, intervino la fiscalía que junto con Delitos Económicos llevó adelante toda la investigación, la que permitió estimar que la estafa se realizó por más de tres años.

Por el fraude hay 35 efectivos imputados de varias áreas de la fuerza provincial por la compra y presentación de los certificados como justificativo de ausencias, y otros dos, Cruz y Gajardo Cid, como quienes confeccionaban y comercializaban los mismos.

La evidencia presentada contra Hidalgo lo vincula a al menos 22 de las constancias truchas hasta el momento (17 recepcionadas por un mismo agente). Por ello, Jara solicitó que se lo acuse de defraudación en perjuicio de la administración pública, en carácter de partícipe necesario.

Sin oposición de la defensa, la magistrada dio por formulados los cargos y estableció la finalización del plazo de la investigación para el 9 de diciembre.