Un nuevo revés para el juez del escándalo del híper

El juez Diego Piedrabuena y su esposa están acusados por el escándalo que protagonizaron en un supermercado neuquino, pero aún así los planteos contra la parte acusadora no cesan, y esta vez pasaron por Impugnación. El defensor Francisco Oneto y el propio juez acusado (quien también ejerce su propia defensa), reiteraron su petición para que se aparte al fiscal Breide Obeid de la causa y para que se imposibilite a los policías involucrados de presentarse como querellantes.

Ya en enero, el matrimonio fue acusado por el episodio que protagonizaron el 12 de diciembre de 2020, cuando, según la teoría fiscal, se les informó que no podían permanecer juntos en la línea de cajas por las disposiciones por la pandemia, y ello dio lugar a insultos y agresiones que terminaron en la detención de ambos. En el caso de Diego Piedrabuena está acusado por el delito de atentado a la autoridad, agravado por ser contra un funcionario publico, al hablar de "una intimidación al efectivo policial mencionando que era juez y que iba a tener consecuencias en su trabajo"; mientras que Liliana Geldres por resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas por ser contra un funcionario judicial (siendo dos hechos, dos policías), ya que "Geldres empleó violencia física contra Vilurón y Garrido y quiso impedir la detención de su marido".

Este martes, en una nueva audiencia, que, siguiendo el precedente de las anteriores, se desarrolló por más de cuatro horas, tuvo la intención de la defensa de desafiar lo dictaminado en instancias anteriores. Puntualmente, el primer planteo a resolver fue el de la recusación contra el fiscal Maximiliano Breide Obeid por presunta subjetividad detrás de su acusación, un punto que ya había sido resuelto por la jueza de garantías Lupica Cristo.

Los magistrados Fernando Zvilling, Richard Trincheri y Daniel Varessio escucharon a cada una de las partes y tras una breve deliberación, declararon inadmisible el planteo para apartar al funcionario, y así dieron continuación a la audiencia.

Posteriormente, se planteó la imposibilidad de considerar víctimas a los policías involucrados, José Vilurón y Mayra Garrido, y por lo tanto su capacidad así de constituirse como querellantes. Sobre este punto, los defensores sostuvieron que el bien contra el cual se habría atentado es el orden público, pero no así los efectivos.

En este sentido, Oneto hizo referencia a la causa que impulsa el fiscal del caso para considerar a los perros galgo (utilizados para carreras clandestinas) como víctimas y así brindarles un abogado que vele por sus derechos y sobre esa línea, expresó: "Evidentemente, para él, cualquiera puede ser víctima".

La acusada Geldres volvió a tomar la palabra en una audiencia y se calificó como "la única víctima". "A mí la fiscalía me defraudó en todo sentido. La víctima soy yo, a mí me patearon en el piso, me llevaron a un calabozo, me manosearon, me sentí violada y, sin embargo, a mí nunca se me escuchó. La única vez que quise hablar, la jueza (Lupica Cristo) me cortó el audio y la imagen". Además, negó las acusaciones en su contra sobre las lesiones causadas contra los uniformados y expresó: "Estoy avergonzada de la justicia de esta provincia".

Tras un nuevo cuarto intermedio para deliberar, el tribunal resolvió, una vez más por unanimidad, rechazar el pedido de los defensores. "Consideramos que Vilurón y Garrido son víctimas directas de los hechos. Aún así, estamos en etapa de investigación, esto no es definitivo y entendemos que existen argumentos válidos de la jueza y han sido sostenidos y, por ello, debe confirmarse su resolución", sostuvo Varessio al leer la resolución.