Desde el municipio, Javier Pino, asesor legal, explicó: “Cada vez que se organizaba un operativo contra ese local, ubicado sobre calle Belgrano, los inspectores llegaban y no encontraban nada. Les pasó cinco veces y esto generó sospechas de una filtración”.

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La municipalidad recurrió a la Justicia y el fiscal Diego Azcárate se encargó de llevar adelante la investigación, que incluyó escuchas telefónicas en las que quedaron vinculados un empleado del Tribunal de Faltas 1 y tres los policías de la Comisaría Tercera.

Cuando este medio dio a conocer la trama oculta por la cual venía zafando esta cueva de alcohol de las inspecciones, el empleado municipal fue despedido por el intendente Horacio Quiroga.

El circuito de advertencias fue revelado tras una investigación policial en la cual además de tener filmada la comercialización de alcohol a menores, sumaron las escuchas y mensajes de Whatsapp por los que se alertaba de las inspecciones. Los fiscales Azcárate y Jara formularon cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Finalmente, ayer el juez Mauricio Zabala aceptó la elevación a juicio, al que resta establecer la fecha del debate.

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