Ahora, las licencias psicológicas tienen un nuevo protocolo
El Tribunal Superior de Justicia aprobó una guía de procedimientos para licencias psicológicas que prevé un control exhaustivo del funcionario o empleado en todas las etapas del tratamiento, incluida el alta médica y sus capacidades para retomar la función.
En junio, el Ministerio Público Fiscal sacó a la luz la cantidad de judiciales que estaban con licencia extendida, lo que resentía el servicio de Justicia.
El TSJ levantó el guante y pidió a Salud Laboral del Poder Judicial analizar cada casos. Fue así que se determinó que había 56 funcionarios y empleados con licencia, lo que le insumía al Poder Judicial un desembolso mensual de 11 millones de pesos.
“Se advirtió que había una falta de cooperación del profesional tratante, por lo que pedimos actualizar la guía de procedimiento para habilitar este tipo de licencias”, confió el presidente del TSJ, Germán Busamia.
El texto fue aprobado por el Tribunal la pasada semana y quedó “una guía moderna donde hay una preocupación genuina por la persona, ya que incluso se contempla si el tipo de trastorno que padece está vinculado con el área de trabajo y la carga”, detalló el vocal.
Por su parte, el titular del Ministerio Público Fiscal, José Gerez, se mostró conforme. “La guía responde a las necesidades del servicio. Es un cambio rotundo por la afectación que estaba teniendo el servicio de Justicia. Es la primera vez que el TSJ se pone a trabajar activamente para dar una respuesta de fondo a las licencias psicológicas”, indicó Gerez.
Ahora, la persona a la que le dan un certificado debe ocuparse de que el profesional tratante le llene un formulario donde se detalle el cuadro clínico, la evolución, los objetivos terapéuticos con sus plazos, y el fundamento explícito por el cual recomienda el reposo laboral como parte del tratamiento. Esto deberá ser aprobado por el Departamento de Salud Ocupacional.
A los jueces, fiscales y defensores se les añadirá una serie de estudios para determinar si se sostiene su aptitud o capacidad laboral para el puesto o tarea habitual.
Se trata de los jueces, fiscales y defensores que tenían licencia psicológica extendida. En los últimos dos meses presentaron el alta médica que fue evaluada por Salud Ocupacional.
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Las licencias psicológicas cuestan 11 millones por mes
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