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Alberto: "No seamos tontos, no vamos a alternar el camino empezado en 2019"

El presidente encabezó el acto tras la derrota del Frente de Todos en las PASO y reafirmó su compromiso para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

Luego de la derrota electoral del Frente de Todos en las PASO, que perdió en 18 de los 24 distritos del país, el presidente Alberto Fernández encabezó el acto de presentación del proyecto de ley "Compre Argentino" y remarcó: "No seamos tontos"

"La ley refleja un espíritu, que para nosotros gobernar es crear trabajo. Prestarle atención a la pequeña y mediana empresa, que genera el 80% del trabajo formal en el país. No debemos ser tontos, cuando un funcionario norteamericano viaja al exterior tiene que alojarse en un hotel de capitales americanos, lo mismo pasa con los franceses, eso esta bien, garantizan el desarrollo de su industria. También pasa en Japón, Israel, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?", dijo.

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"El único motivo es pensar que no estamos dejando la libre competencia, los mercados tienen que funcionar en libertad con una estado que arbitre, nada es más importante que el desarrollo de la industria argentina. Sí debemos atender pequeño privilegios, si una PYME compite con una multinacional, y si la diferencia es mínima, hay que privilegiar a la PYME", agregó.

Además, Fernández dijo que el gobierno seguirá con el camino empezado en 2019 y resaltó que este proyecto de ley se hizo con la participación de todos los actores involucrados. "En 2018 hubo una ley de compre nacional que no funcionó, lo que queremos es que funcione, no queremos algo que sea solo retórico, queremos que en los hechos funcione. Estamos dando un paso importante, vamos a trabajar para que este proyecto se convierta en ley y que no seamos tontos y funcione", sostuvo.

La presentación del proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación se realizó en un acto en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, del que participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló. En la primera fila se vio a algunos funcionarios como Martín Guzmán.

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El proyecto tiene el objetivo de promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas y de generar un aumento en el empleo.

También busca promover inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades tecnológicas y productivas, como asimismo estimular y regular el rol de las compras públicas en la innovación y en el agregado de valor en sectores estratégicos.

La Ley actual (27.437), sancionada en 2018, tiene "grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo", explicaron las fuentes al fundamentar la presentación de esta iniciativa por parte del Ejecutivo.

De acuerdo con lo apuntado, el proyecto tiene los "beneficios" de "aumentar la producción nacional; generar mayor empleo en las empresas proveedoras del Estado y de incrementar la inversión en Desarrollo e Innovación (I+D+i de empresas alcanzadas por las compras para la innovación)".

También, se asegura que tendrá un "impacto federal positivo en empresas proveedoras de todo el país", como así también promoverá el "desarrollo de proveedores en sectores estratégicos como hidrocarburos o minería", y un "crecimiento de nuevos sectores productivos vinculados a la demanda del Estado".

En tanto, las fuentes indicaron que el "impacto económico" será de "30.000 nuevos empleos privados; de $40.000 millones adicionales de inversión en investigación, desarrollo e innovación al año y de US$ 300 millones de ahorro de divisas anuales".

Las principales modificaciones de la actual ley, de acuerdo a la evaluación del Gobierno, son "ampliar el alcance de la ley a nuevos sujetos, crear la herramienta de compras públicas para la innovación; y establecer herramientas de altos impacto que estimulen el desarrollo de la industria nacional".

Asimismo, el proyecto tiene el objetivo de "promover el desarrollo de la industria nacional a través de las compras públicas en sectores estratégicos; ampliar el alcance de los acuerdos de cooperación productiva (ACP) y mejora del funcionamiento de la herramienta; y garantizar el acceso a información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local".

La nueva normativa tiene el propósito de "mejorar las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas; promover la articulación entre oferentes locales y organismos contratantes; fortalecer el plan de desarrollo de proveedores nacionales; y unificar el valor del módulo que se aplica en la Ley con el de ONC".

De acuerdo al informe, las compras públicas son aquellos bienes y servicios que realiza el Estado Nacional, sus organismos o las empresas públicas y "representan alrededor del 13% del PBI, por lo que tienen un peso significativo en la economía nacional".

"Son una herramienta de desarrollo productivo porque el Estado, con su poder de compra, puede apoyar el crecimiento y desarrollo de empresas nacionales, sobre todo en sectores estratégicos e innovadores", se apuntó.

En ese plano, se describió que "el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y el 97% de esas empresas proveedoras son PyMES".

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